Debate por objeción de conciencia se traslada a la Cámara de Diputados

Para este jueves está previsto que la sala de la Cámara de Diputados inicie el debate sobre el proyecto de ley interpretativa sobre la objeción de conciencia, que fue consagrada en la ley de aborto en tres causales y que regula el reglamento recientemente enviado por el gobierno a la Contraloría.

La moción, impulsada por diputados de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, fue despachada por la Comisión de Salud el pasado 19 de junio -por siete votos a favor y seis en contra- y busca que ninguna institución que reciba fondos del Estado pueda acogerse a la objeción de conciencia.

La iniciativa había sido presentada días antes de que a inicios de mayo la Contraloría declarara ilegal el protocolo de la ley de aborto, el que había sido modificado por el ministro de Salud, Emilio Santelices, permitiendo -entre otras cosas- que los establecimientos privados que sostienen convenios con el Estado pudiesen invocar la objeción de conciencia institucional.

Tras el dictamen de Contraloría, el gobierno se vio forzado a modificar el instrumento y, asimismo, a retroceder en la modificación que había instruido Santelices, permitiendo a los privados que reciben fondos públicos invocar la objeción de conciencia "siempre y cuando los referidos convenios no contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología", lo que no dejó conformes a los parlamentarios oficialistas.

Así, el eventual debate en la Cámara, fijado en la tabla del próximo jueves, estará cruzado por la ofensiva de la UDI de recurrir el reglamento ante el Tribunal Constitucional (TC), pues -a su juicio- el instrumento "vulnera" el derecho a la objeción de conciencia.

Al igual que el reglamento del Ejecutivo, desde Chile Vamos ya advirtieron que en caso de aprobarse esta ley interpretativa, llevarán el asunto ante el TC.

Con todo, el diputado Juan Luis Castro (PS), quien preside de la Comisión de Salud de la Cámara, aseguró que durante la jornada de este martes abordará el destino del proyecto con el resto de la oposición para ver si efectivamente seguirán impulsando la iniciativa. Esto, porque en la ex Nueva Mayoría aseguran que el frenar esta ley interpretativa -que va más allá del reglamento del Ejecutivo- puede ser un elemento de negociación ante el oficialismo para evitar que lleven el asunto ante el TC y zanjar, así, de una vez, el debate.

"Vamos a revaluar el curso del proyecto de ley tras el envío del reglamento y el anuncio de la UDI de ir al TC", sostuvo el parlamentario socialista.

Pese a que durante el fin de semana desde RN habían optado por mostrarse cautos en torno a la idea de sus socios para ir al TC, esta jornada un grupo de diputados de la bancada -entre ellos Diego Schalper, Miguel Mellado y Camila Flores- salieron a respaldar, mediante una carta, la ofensiva de la UDI.

"Este reglamento nos brinda una buena oportunidad para poder disputar una interpretación que ha hecho el contralor, que claramente se excede en sus atribuciones, fijando una postura afín a sectores muy radicales de izquierda que creen que solo el Estado puede brindar ciertos servicios públicos", sostuvo Schalper.

Hoy, el presidente de la colectividad, Mario Desbordes, entregó señales favorables respecto de la iniciativa. "El tema no se ha discutido ni en la bancada ni en la mesa, es la opinión de los diputados firmantes de la carta, la que yo también suscribo", dijo.

De la misma forma, la denominada "bancada cristiana de RN" también se sumó hoy a la idea de recurrir al TC.

Sin embargo, en la bancada no hay una sola postura frente al tema. Desde la denominada "ala liberal" ya comenzaron a manifestar sus reparos ante la posibilidad de recurrir al TC. "Cumplir la ley y respetar la institucionalidad no es un asunto de liberales o conservadores: es el mínimo deber de todo quien ejerce una función pública. Si una entidad privada interviene en lo público, es evidente que debe respetar y cumplir sus normas y regulaciones. El dictamen de la Contraloría puede no gustarnos, pero lo que hizo el gobierno es lo correcto y lo único que corresponde es acatarlo", sostuvo el diputado Sebastián Torrealba.