Diputados de Acción Humanista presentan proyecto para nacionalizar las AFP

En un día clave para la tramitación de la reforma de pensiones, los diputados de Acción Humanista, Ana María Gazmuri y Tomás Hirsch, presentaron un proyecto de reforma constitucional para permitir la nacionalización de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y -de esa manera- incorporarlas “al pleno y exclusivo dominio del Estado”.

El proyecto propone que pasen “al dominio nacional todos los bienes de las administradoras de fondos de pensiones que determine el Presidente de la República”.

Para ello disponen que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto deberán determinar “el monto de la indemnización que deba pagarse a las empresas nacionalizadas”.

Además, proponen que el Consejo Consultivo Previsional y el Consejo Fiscal Autónomo estén a cargo de “asesorar al Ministerio e Hacienda en el proceso de nacionalización de las administradoras de fondos de pensiones y el precio que se deba pagar por sus bienes y carteras de inversión”.

Asimismo se expone que los pronunciamientos, estudios y propuestas de los integrantes de ambos Consejos “no tendrán el carácter de vinculantes y serán remitidos al Ministerio de Hacienda”. Además, será esta cartera la que “deberá justificar de forma clara y precisa en su pronunciamiento sobre el precio a pagar, la circunstancia de no integrar o rechazar las opiniones, pronunciamientos, estudios y propuestas de los Consejos”.

Respecto a las AFPs, se propone que “las administradoras de fondos de pensiones afectadas por la nacionalización tendrán como único derecho una indemnización cuyo monto será determinado por el Ministerio de Hacienda en conjunto con la Dirección de Presupuesto”.

Además, se faculta al “Presidente de la República para dictar las normas necesarias para coordinar el régimen de administración de las administradoras de fondos de pensiones a través del Fondo Autónomo de Protección Previsional”.

“El Fondo deberá hacerse cargo de las deudas y obligaciones que emanen de los contratos de trabajo o del ejercicio de los derechos de los trabajadores así como de las carteras de inversión en Chile o en uno o más operadores privados calificados para inversiones en el extranjero”, sostiene el proyecto.