Diputados PPD acusan “letra chica” en propuesta del Consejo Constitucional

La bancada de diputados del Partido por la Democracia e Independientes dio a conocer un documento en el que acusa una “letra chica” en la propuesta de nueva Carta Magna que elaboró el Consejo Constitucional y que se someterá a plebiscito el 17 de diciembre.

En un punto de prensa la mañana de este miércoles en el Congreso en Valparaíso, la diputada Marta González explicó que, pese a los esfuerzos que se hicieron por llevar a buen puerto el proceso, no pueden apoyar el texto porque “pone en riesgo muchos de los derechos sociales conquistados con esfuerzo, marca un claro retroceso en temas valóricos y no da respuesta a las demandas de la ciudadanía”.

A su vez, la diputada Helia Molina dijo no estar representada en nada por la propuesta, asegurando que “es una Constitución que privatiza derechos y los deja absolutamente dependientes de la capacidad de pago”.

“Ni hablar de los avances que hemos tenido, con duras luchas de años, las mujeres en temas de salud sexual y reproductiva, los derechos que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo”, sostuvo.

Camila Musante, en tanto, afirmó que “es una propuesta que blinda el modelo de AFP, cuando las pensiones están por el suelo” y calificó la redacción de “hipócrita, mañosa, tramposa y llena de falsas promesas”.

“Esta propuesta de Constitución viene con letra chica. La exención del pago de contribuciones, la baja del número de parlamentarios, son medidas que están para ser implementadas a 10 años, tiempo suficiente para echarlas debajo de la alfombra y una vez más engañar a los chilenos”, aseguró.

En el documento socializado por la bancada PPD se mencionan once temas en los que, a juicio de los legisladores oficialistas, el texto aprobado por el órgano redactor se podría caracterizar como un contrato “engañoso”.

En educación, por ejemplo, sostienen que “puede terminar la gratuidad en las universidades estatales”, al no hacer obligatorio su financiamiento, como sí lo es para los niveles parvulario, básico y medio.

Entre otros cuestionamientos, señalan que el texto “permite pedir la libertad a condenados por crímenes de lesa humanidad”, “abre la posibilidad de privatizar bienes nacionales de uso público, como parques y playas” y “podrá eliminar la posibilidad de que la mujer decida la interrupción del embarazo, incluso por las tres causales que hoy permite la ley (violación, feto inviable o peligro de muerte de la madre)”.