Diputados UDI y RN denuncian a Contraloría ante organismo internacional tras formulación de cargos contra Carabineros

Los diputados Juan Antonio Coloma (UDI) y Camila Flores (RN) enviarán un escrito a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacef) con el objetivo de que este organismo internacional determine si la entidad actuó con sesgo o excedió sus facultades fiscalizadoras.

Una información que fue adelantada por T13.cl esta mañana, en medio de la investigación que realiza contra funcionarios de Carabineros por la manera en que desarrollaron sus labores de control de orden público durante las protestas de la crisis social, y que terminaron en la formulación de cargos a siete generales por no haber adoptado las medidas necesarias para realizar un adecuado despliegue de los servicios.

Cabe destacar que desde el 1 de enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2021, la secretaría ejecutiva de este organismo internacional está a cargo de la Contraloría General de la República de Chile, liderada desde 2015 por el abogado Jorge Bermúdez.

Sobre la presentación, el diputado Coloma, acusó “sesgo” y “persecución a Carabineros", y aseguró que la institución se “extralimitó” en sus atribuciones. “Esperamos que la organización (Olacef) pueda establecer los márgenes de acción de la Contraloría, el límite de sus atribuciones y el sentido su actuación”, dijo el legislador.

En tanto, Flores, sostuvo que es fundamental que el órgano contralor sea “objetivo, que no tenga sesgo y que no pueda politizarse esta institución que es fundamental para la fiscalización de los actos administrativos de nuestro país”.

“En Chile hemos sido testigos de un inédito hecho, a saber, inicio del procedimiento sancionatorio dirigido por la Contraloría General de la República, en contra de altos mandos de las fuerzas policiales de nuestro país, exigiendo responsabilidad administrativa a dichos funcionarios, por el actuar de la policía en momentos de altísima tensión social, donde se suscitaron graves episodios de violencia y delincuencia que pusieron al país en un estado de alteración del orden público evidente, y que se sostuvo por varias semanas”, se lee en el documento preparado por los legisladores.

Los diputados agregaron que estos hechos “se encuentran en investigación por el órgano persecutor chileno, quienes ejercen la acción penal y persiguen las responsabilidades penales de quienes han transgredido el ordenamiento jurídico”.

“La actuación de la Contraloría General de la República constituye un actuar inusual, que es lejana a su expertis, y de la que no podemos anticipar las consecuencias para el devenir de nuestra institución policial”, consigna la carta

Sin embargo, los diputados aclaran en el escrito que respetan “la institucionalidad del Contraloría General de la República, y reconocemos la tremenda labor que cumple en pos del resguardo de la legalidad y transparencia y la función pública. Sin embargo, creemos que dicha actuación debe ser siempre imparcial, aplicando el control de legalidad de forma estricta e igualitaria a todos quienes se encuentran bajo su vigilancia”.

El documento también plantea que “es importante para las democracias que las Contralorías Generales no se transformen en herramientas ideológicas de ciertos sectores políticos y que, a pesar de poder actuar dentro de la esfera de competencias que la ley y el ordenamiento jurídico le han conferido, lo hagan con objetividad, sin dar concesiones o un trato indulgente a quienes resultan afines a sus ideas político-partidistas, mientras como contrapartida hacen valer todo el peso de la ley en quienes resultan contrarios a estas”.