El argumento del Ejecutivo para evitar caída de ministra Fernández por fallida compra de casa de expresidente Allende

A las 15.40 horas de este martes, la ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, salió al set de prensa de La Moneda para explicar la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende para que se convirtiera en un inmueble-museo.

La secretaria de Estado dedicó los primeros minutos de la vocería a dar cuenta de las etapas del proceso que pretendía que la vivienda de calle Guardia Vieja -en la comuna de Providencia- del fallecido líder de la Unidad Popular pasara a manos del Estado, a través de un pago a los herederos de Allende, entre ellos, la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), y la senadora socialista, Isabel Allende, nieta e hija del exmandatario, respectivamente. El precio había sido fijado en 24.291 UF, unos $ 933 millones a la fecha.

En ese punto, Etcheverry reveló que se llevará a cabo un proceso para dejar sin efecto la firma entre las partes, mediante un contrato de resciliación, que básicamente extingue lo acordado previamente.

Tras esto, se dio espacio a las preguntas de la prensa, que apuntaron a la eventual responsabilidad política que también cabría a la titular de Defensa, y no solo a la ahora exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Es que la Constitución señala que ni ministros ni parlamentarios pueden celebrar contratos con el Estado. En el caso de Fernández, además, la oposición ha estado evaluando una eventual acusación constitucional.

Paralelamente, han surgido presiones por parte de la derecha en contra de la senadora Allende, para que pierda su escaño en la Cámara Alta.

Al ser inquirida por la situación de la secretaria de Estado, la vocera respondió: “Esa responsabilidad política recae en el ministerio que estaba a cargo de la ejecución de este proyecto, y eso es el Ministerio de Bienes Nacionales. Por supuesto que es una decisión difícil, ya lo decía, no es baladí que un ministro de Estado salga. Pero dada la naturaleza y la importancia del asunto, el Presidente tomó esa decisión y las responsabilidades políticas se radican en el ministerio que estaba a cargo y que llevó adelante este proceso, que es el Ministerio de Bienes Nacionales”.

¿Y la ministra Fernández nunca advirtió de que esto era inconstitucional, que no se podía realizar esta venta?

Ante esa consulta, la vocera (s) sostuvo que “es muy importante atenerse a los hechos, a las cosas que están escritas en papel, a los hechos que acontecieron. ¿Qué son esos hechos hoy día? La forma en cómo actúa el Estado ocurre a través de decretos, de escrituras que se firman, de leyes que se presentan” y que esos hechos “hoy día dan cuenta de que este proceso que tenía muchas etapas debió haberse interrumpido antes, por eso decimos que no se llevó adelante de la manera adecuada, que eso genera responsabilidades políticas que se hicieron valer en la exministra ahora de Bienes Nacionales”

“Esto no ha tenido efectos, no ha habido transferencia de recursos. Además, se toma la decisión de realizar esta resciliación, que lo que busca es dejar esa etapa del proceso sin efecto”, dijo.

En esa misma línea, Etcheverry apuntó que “el proceso tenía un objetivo que era la adquisición de este bien inmueble y ese objetivo no ocurrió, por lo tanto, hasta ahora los actos que ocurrieron no han tenido consecuencias concretas”.

“Esa es la posición del gobierno y son los hechos, no es una interpretación. Hoy día no hay una transferencia de recursos, no existió transferencia de propiedad, nada de eso ocurrió, faltaban muchos pasos para que eso pasara. Y por lo tanto, no hay una consecuencia”, destacó.

Y luego agregó: “Hay un debate que es político respecto de la conducción política de un proceso donde además se hizo una evaluación, evaluación que es muy clara por parte del Presidente al decir que esto no fue la forma adecuada, y es por eso que sale la ministra de la cartera de Bienes Nacionales. Esa es la visión que tiene el gobierno de esta materia, que se basa en los hechos que ocurrieron”.