En medio de discusión de AC contra Vivanco: defensa afirma que no inhabilitar a 62 diputados “vulnera los derechos fundamentales”

En medio de la discusión del libelo contra los magistrados de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, la defensa de la exvocera del máximo tribunal insistió en su solicitud de inhabilitar a 62 diputados por sus opiniones emitidas antes de que presentaran sus alegatos ante la Cámara, lo que a juicio de los abogados, significaría perder la imparcialidad en la votación que se dará en Sala.

El penalista Juan Carlos Manríquez remarcó que los parlamentarios formaron sus convicciones sobre el notable abandono de deberes de la magistrada antes de que respondiera, por tanto “manifiestan una intención que muy difícilmente pudiera cambiar”.

“Nosotros debemos levantar y mantener la cuestión previa acerca de la inhabilidad, porque de lo contrario, estaríamos enfrentándonos (…) con una vulneración de los derechos fundamentales, para los cuales también la persona que representamos tiene la legítima pretensión de hacer valer”, sostuvo.

Manríquez remarcó que los diputados han “adelantado opinión y aun cuando se trate de un asunto procedimental y previo, conforme a las reglas y fundamentos, afecta la cuestión relativa a la imparcialidad necesaria para pronunciarse”.

Además de este argumento, Manríquez expuso que respecto a los requisitos de forma para la AC, el quórum excede lo permitido en el reglamento de la Cámara, ya que Vivanco se enfrenta a dos acusaciones; una en conjunto con Sergio Muñoz, impulsada por Chile Vamos y una individual de la bancada oficialista más la Democracia Cristiana.

Acorde a la defensa, esto compromete la admisibilidad porque las acusaciones deben ser presentadas con un mínimo de diez diputados firmantes y un máximo de veinte, y a juicio del abogado, esto no se cumple porque al sumar los dos libelos da un total de veintiuno.

Otro de los tópicos que tuvo parte en la intervención de Manríquez fue la separación de los libelos, misma solicitud que se tomó el debate en la comisión revisora, pero que finalmente fue desechado porque incumplía el reglamento. Pese a que fue zanjado en dicha instancia, en la Sala, diputados oficialistas volvieron a discutir sobre la separación de las acusaciones.