Cerca de las once de la mañana, el Senado inició la discusión de la acusación constitucional en contra del magistrado de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Los primeros en exponer fueron los representantes de Chile Vamos, Jorge Guzmán (Evópoli), Ximena Ossandón (RN) y Gustavo Benavente (UDI), quienes impulsaron el libelo. En la formalización de las acusación respondieron a las palabras que dio Muñoz en entrevista con La Tercera, en la que acusó que su AC se debe al contenido de sus fallos.

Tal como lo habían señalado anteriormente desde la coalición, Guzmán remarcó que sus dichos “resultan lamentables y al tenor de lo aprobado por la honorable Cámara, profundamente injustos y equívocos”.

“El ministro ha sostenido que se estaría cometiendo una injusticia en su contra, sugiriendo que el proceso que hoy nos convoca tiene motivaciones políticas dirigidas a removerlos por el contenido de sus fallos. Y me veo en la obligación legal de hacer presente que el juez Muñoz parece confundir los fundamentos de esta acusación. No estamos aquí para discutir si sus fallos fueron acertados o no, ni para discutir el criterio jurídico que utilizó en sus decisiones”, manifestó.

En esa línea, acusó a Muñoz de “desviar el foco de atención de los hechos verdaderamente relevantes, además de sugerir que sus fallos sí tendrían un contenido político que, en este caso, jugaría en contra de los intereses de uno u otro sector político”.

El militante de Evópoli insistió que “esta acusación no está cuestionando el contenido de sus sentencias, sino hechos de notable gravedad, que de comprobarse, configuran un incumplimiento grave de sus deberes”.

Por otra parte, el jefe de bancada de diputados UDI, Gustavo Benavente respondió a los cuestionamientos de la defensa y el oficialismos que apuntan a la irregularidad de presentar en un solo escrito las acusaciones contra Ángela Vivanco y Muñoz.

Ante esto, citó el informe de la mesa de la Cámara Baja, que en palabras del gremialista, estableció: “Son múltiples las acusaciones que han pasado por este Parlamento, con más de un acusado. La discusión luego pasaba por si correspondían los hechos presentar una sola acusación contra ambos acusados. Al respecto, la posición de la mesa contenida en el informe fue clara y enfática. Estamos en presencia de una acusación que respecto a los acusados tiene una unidad de causal, el notable abandono de deberes. No necesariamente por los hechos que se fundan, sino porque el ilícito que se reclama es una falta a uno de los principios que establece la Constitución”.

El magistrado está en la mira de los legisladores por presuntamente entregar información privilegiada a su hija para definir su participación en un proyecto inmobiliario. Los hechos se remontan a 2022, cuando la jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, Graciel Muñoz, decidió no avanzar con su inversión en la empresa Fundamenta y solicitó retirar sus abonos, esgrimiendo que su padre le advirtió que se atrasarían las construcciones por una tramitación en el máximo tribunal.

Además de este cargo, Muñoz está siendo juzgado por no denunciar la falta disciplinaria que cometió su hija al indicar que se encontraba trabajando en pandemia desde su residencia cuando realmente lo hacía desde Italia. Lo que está prohibido por el Código Orgánico de Tribunales, que establece que los jueces deben residir en la jurisdicción de su tribunal.