Para entender: cuáles son los pasos que vienen en la acusación constitucional contra la ministra Cubillos

Fue el pasado jueves cuando se dio el primer paso en la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Ese día, diputados de la oposición presentaron un escrito -el cual publicó La Tercera- fundamentando el libelo contra la secretaria de Estado. 

https://www.latercera.com/politica/noticia/el-escrito-de-la-acusacion-constitucional-que-impulsa-la-oposicion-contra-la-ministra-marcela-cubillos/811917/

Luego, durante esta jornada, la Cámara de Diputados eligió al azar -mediante una tómbola- una comisión de cinco miembros que deberán definir si la acusación cumple o no los requerimientos jurídicos para pasar a una segunda etapa.

La elección resultó ser un golpe de suerte para el gobierno, ya que de los cinco miembros, cuatro pertenecen a Chile Vamos: los diputados Pedro Pablo Álvarez (UDI), Hugo Rey (RN), Catalina del Real (RN y Celso Morales (UDI). Sólo la diputada Maite Orsini (RD) representando a la oposición. Sin embargo, el informe que adopte la comisión, no es vinculante.

Revisa aquí cuáles son los pasos de una acusación constitucional contra un ministro de Estado: 

Una vez presentado el libelo, se debe realizar la citada elección de la comisión de cinco miembros de la Cámara de Diputados que determinarán si es o no admisible dicha acusación. Ambos pasos ya fueron realizados.

En este caso la ministra Cubillos debe ser notificada oficialmente -al tercer día de entregada la acusación-, y luego tendrá un plazo para presentar su defensa, ya sea en persona o por escrito, a los parlamentarios de dicha comisión.

El grupo de parlamentarios tendrá entonces un plazo de seis días, desde que acude la defensa de la ministra para estudiar el libelo y pronunciarse al respecto. También deberá entregar un informe, en el que se detallen las diligencias realizadas y los argumentos entregados por la defensa. Con todo, su decisión no tiene carácter vinculante.

Luego de que la comisión termine su trabajo, se inicia la discusión en la sala de Cámara, con un representante de la instancia encargado de presentar el informe. Se deberá sesionar diariamente para tratar el libelo.

En este sentido, la autoridad de gobierno tiene el derecho de asistir a todas las sesiones que se realicen, y a presentar los antecedentes que estime convenientes para demostrar que la acusación no cumple los requisitos establecidos por la Constitución.

Una vez presentado los antecedentes por parte del ministro acusado, los diputados presentes deberán decidir -por mayoría- si procede o no la presentación, la denominada "cuestión previa". Si se acogen los descargos, la acusación queda sin efecto. En caso contrario, no se podrá volver a discutir sobre la improcedencia de la acusación.

En esta instancia, los diputados presentes votará si acogen o no la acusación constitucional. Esto, después de oír las opiniones y conclusiones de los miembros de la comisión especial y del ministro aludido.

En la última sesión que celebre la Cámara para conocer de la acusación, se votará su admisibilidad. Esta sesión sólo podrá levantarse una vez que se haya tomado una decisión.

Si la Cámara acoge la acusación, se continuará con el proceso y se presentarán los cargos al Senado, quien actúa como juez al decidir la destitución o no de Cubillos. Si la Cámara vota en contra, no se podrá renovar la discusión ni insistir en la acusación.

Si la Cámara de Diputados acoge la acusación y vota a favor de la destitución se nombrará una nueva comisión de tres diputados para que el libelo prosiga en el Senado. Luego, en un periodo de 24 horas después de que finalice la sesión, se notificará al Senado y a la autoridad de gobierno.

Así, el Senado o su presidente -en este caso Jaime Quintana (PPD)-, fijará la fecha para iniciar el debate sobre la acusación, que debe corresponder al cuarto o sexto día siguiente a la notificación oficial desde la Cámara. La Cámara Alta tendrá sesiones especiales diarias hasta que se pronuncie sobre la acusación.

La acusación será formalizada por los diputados miembros de la comisión especial. A continuación, la acusada podrá hacer uso de la palabra y defenderse. También podrá ser representada por un abogado.

Los diputados miembros de la comisión especial tendrán derecho a réplica y, el acusado, a dúplica. Después de esto, el presidente del Senado indicará que la acusación se votará en la sesión especial siguiente. Cada uno de los cinco capítulos de la acusación se votará por separado.

El resultado de la votación -se considera aprobada sólo si es respaldada por la mayoría de los senadores en ejercicio- se comunicará a la ministra, a la Cámara de Diputados y, según corresponda, al Presidente de la República, a la Corte Suprema o al Contralor General de la República. Esto, considerando que además de ministros de Estado, los diputados pueden acusar también a otras autoridades como jueces.

Si la Cámara Alta aprueba la acusación, la autoridad será destituida de su cargo y no podrá ejercer en cargos públicos durante cinco años.

Los últimos dos ministros que han sido destituidos por una acusación constitucional han sido titulares de Educación: Harald Beyer -en 2013, durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera), y la hoy senadora Yasna Provoste (DC), quien fue destituida en 2008 durante el primer mandato de Michelle Bachelet.