Escaños reservados: los nudos que traban un acuerdo entre oficialismo y oposición
Mesa técnica entre gobierno, Chile Vamos y centroizquierda sigue entrampada en fórmula para asegurar la inclusión de pueblos originarios en la convención constitucional. Algunos ya hablan de un quiebre en las conversaciones.
A un punto muerto llegó hoy la mesa técnica en la que el oficialismo y la oposición buscan un acuerdo que permita garantizar escaños reservados para las comunidades indígenas en una eventual convención constituyente.
La instancia viene negociando hace semanas, sin éxito, una fórmula que concilie las disímiles indicaciones que presentaron ambos sectores el pasado 13 de agosto ante la Comisión de Constitución del Senado, donde la reforma se encuentra en su segundo trámite y a la espera de ser votada en particular.
La necesidad de lograr un consenso amplio en la materia es reconocida tanto en Chile Vamos como en la centroizquierda, dado que para aprobar cualquier mecanismo se requieren 3/5 del Congreso, lo que ninguna de las coaliciones puede lograr por sí sola. Según conocedores de las tratativas, a menos de una semana del plebiscito, y cuando quedan pocos meses para que se inicie el calendario electoral de los potenciales comicios a convencionales constituyentes, la posibilidad de que se logre un acuerdo se ve lejana.
Los principales nudos siguen estando en si los escaños que se van a asegurar para los distintos pueblos originarios serán supernumerarios, es decir, adicionales al número de convencionales constituyentes definidos en el acuerdo del 15 de noviembre -convención constitucional (155) y convención mixta (172)- o si serán imputables a ellos. Y también, más allá del guarismo, bajo qué parámetros se van a identificar los indígenas al momento de la votación.
Si bien inicialmente la oposición había propuesto la posibilidad de que el cálculo se hiciera respecto del Censo de 2017, donde cerca de un 13% de los chilenos se declararon miembros de un pueblo originario, desde el sector aseguran que están dispuestos a conceder un porcentaje menor, siempre y cuando los escaños que se aseguren sean adicionales a la conformación original del organismo. Esto, sin embargo, es algo que desde Chile Vamos resisten.
“Hicimos una propuesta que ha buscado que se respete lo que es la Ley Indígena, lo que los convenios internacionales dicen respecto de quiénes tienen calidad indígena y que sea compatible con los criterios de proporcionalidad y representatividad de la ley electoral chilena. Y en ese sentido, nos parece que dado que no ha aumentado el número de chilenos que van a votar, los escaños indígenas deben estar dentro de los 155”, sostiene el senador Rodrigo Galilea (RN), cuyos equipos técnicos conforman la instancia negociadora.
El legislador explica que, a juicio de Chile Vamos, estos deberían imputarse a los distritos que estén “sobrerrepresentados” a lo largo del país.
En la centroizquierda leen en la postura oficialista cierto “temor” a que la adición de escaños pueda terminar con un desequilibrio en favor de la oposición y dificultar así que el oficialismo logre un tercio o más en la conformación del órgano constituyente.
Pese a todo, la centroizquierda ha transmitido que accederían a un número de 20 cupos en total, de los cuales a cada comunidad indígena le correspondería uno -salvo a los aimaras, a quienes se le asignarían dos-, mientras que el resto sería para los mapuche.
Otro de los nudos que han trabado un acuerdo en la materia es que mientras Chile Vamos apuesta por la conformación de un padrón especial -que pueda levantarse en base a distintos registros, como el de la Conadi u otros-, la ex Nueva Mayoría apunta a la idea de que sean los propios pueblos originarios los que, al momento de presentarse ante la urna, se autoidentifiquen.
““Es importante que el Gobierno y la derecha se abran a llegar a un acuerdo que permita garantizar adecuadamente la participación de los pueblos originarios en el órgano que va a redactar la nueva Constitucion, en esto no se puede hacer trampa, el mecanismo debe recoger los anhelos que tienen los pueblos originarios de participar en la redacción de una nueva Constitución”, dice el senador independiente y parte del comité PPD Pedro Araya, quien también ha formado parte de las tratativas como miembro de la Comisión de Constitución.
En la derecha, sin embargo, aseguran que por ningún motivo podrían conceder un mecanismo de autoidentificación. “Esto se tiene que determinar en base a un padrón efectivo (...). Hay muchos que han insistido en la autodeterminación. No estamos de acuerdo con eso, porque es contrario a la ley y al reglamento de calidad indígena”, sostiene Galilea.
Para el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Alfonso de Urresti (PS), en tanto, es imposible a estas alturas que se pueda conformar un padrón especial. “Vamos a hacer todo para que haya un acuerdo en esta materia, pero si no se logra pondremos en votación la reforma”, advierte.
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