Estudio muestra alta afinidad entre ciudadanos y consejeros para mantener la libertad de elección entre una aseguradora de salud privada y una pública

¿Cuánta similitud hay entre lo que piensan las personas y los consejeros constitucionales? Esa fue la pregunta que quiso responder el Centro de Investigación de la Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo (UDD) y la empresa Datavoz.

Para eso se utilizaron los datos obtenidos a través del Match Constituyente desarrollado por La Tercera. En esa herramienta se encuestó al 80% de los consejeros que forman parte del Consejo Constitucional y se les preguntó por sus posturas sobre diversas temáticas que son parte del debate constitucional.

Con esa información, los equipos de la UDD y Datavoz hicieron otra encuesta y aplicaron 12 de las preguntas que incluía el Match Constituyente en una nueva muestra. Esta segunda encuesta se aplicó a 923 personas en entrevistas realizadas de manera online vía correo electrónico entre el 3 y 7 de mayo. Con ambos resultados se analizaron las similitudes o diferencias que existen entre ambos grupos.

Una de las primeras conclusiones del estudio es que se registraron “notables similitudes en algunas de las respuestas”. El director del Political Behavior Lab del CICS-UDD, Jorge Fábrega, uno de los autores del informe, explica que “aunque hay diferencias en los porcentajes, en términos cualitativos hay bastante coincidencia entre los encuestados y los consejeros en diversos temas, como los derechos de agua, posturas respecto de pueblos indígenas y otros”.

Tanto los consejeros como las personas consultadas se pronunciaron frente al grado de afinidad con la propuesta de Constitución elaborada por la Convención y que fue rechazada en septiembre del año pasado.

El principal hallazgo es lo poco representativo que resultó ser dicho texto para ambos grupos: en el tramo de un 0 y 25% de afinidad, un 62% de los consejeros adscribió a dicho rango, mientras que un 58% de los encuestados también mostró esa baja sintonía con dicha propuesta constitucional.

Otro ítem consultado fueron dos derechos sociales que han provocado los debates más importantes a nivel constitucional: la salud y seguridad social.

Respecto del primero, también se advierte una sintonía entre los consejeros y las personas en que el sistema debe ser de carácter mixto, es decir, que la Constitución establezca la libertad de elegir para que las cotizaciones obligatorias sean administradas por una aseguradora de salud privada o un organismo público. Un 90% de los representantes electos del órgano constitucional está en esa postura, mientras que el 80% de las personas cree lo mismo.

Esta fue la principal pugna política de la comisión mixta, y el anteproyecto que se les entregó a los consejeros finalmente no dice nada sobre ese asunto debido a que el oficialismo no quiso incorporarlo. “Sobre el tema de salud, parece claro que lo que las personas parecen privilegiar es el resultado en términos de acceso a la salud y parece lejana a disputas ideológicas sobre diseños estructurales del sistema de salud. Para el Consejo, eso puede leerse como un llamado a no intentar resolver temas de política pública en el texto constitucional y dejarlos a la ley”, comenta Fábrega.

Al consultar por el esquema del sistema previsional, aparecen diferencias. Si un 40% de los consejeros afirma que debe mantenerse el actual, solo un 14% de los encuestados está en esa postura. Sobre la alternativa de que el sistema de seguridad social solo debe ser público y sin fines de lucro, un 17% del Consejo está por esa alternativa, mientras que entre los ciudadanos esa opción representa un 34%.

Respecto de incluir el aborto en la Constitución, también hay importantes diferencias. Un 62% cree que la Constitución debe resguardar el derecho a la vida, “lo cual es incompatible con el aborto”, y solo un 28% de las personas encuestadas afirma lo mismo.

Para Fábrega, esta diferencia es relevante. “Las principales diferencias se observan en temas valóricos, como el aborto. Estamos ante una ciudadanía que no quiere política de identidades en la Constitución, esta vez desde el otro espectro ideológico. Ello sugiere que hay potencialmente un amplio espacio para el Consejo para lograr sintonizar con la ciudadanía y revertir el punto de partida negativo con el que parte, pero con la condición de que la mayoría republicana se contenga de intentar plasmar aspectos valóricos muy identitarios en el texto”, comenta el investigador.

Existe, eso sí, un mayor acercamiento a que sea regulada por ley la opción de interrumpir el embarazo. Un 30% del Consejo está en esa postura, y entre las personas esa cifra alcanza un 40%.

En apartados más políticos, como el régimen que debiese operar, hay una importante sintonía en mantener el régimen presidencial. Un 52% de los consejeros lo afirma, mientras que en el grupo de encuestados baja solo un punto esa cifra. Sin embargo, en el Consejo hay mayor apertura a virar hacia un presidencialismo atenuado (42%), mientras que solo el 18% de los encuestados adscribe a esa opción.

La postura en cuanto a escaños reservados para pueblos originarios prácticamente es la misma: existe un 40% en ambos grupos que sí están por esa alternativa; mientras quienes se niegan, entre los consejeros hay un 60% y en los ciudadanos, un 59%.

En cuanto a las barreras de entrada para el ingreso de partidos políticos al Congreso, un 75% del Consejo adscribe a esa opción, mientras que en los encuestados la cifra desciende a un 66%.

Frente a la exigencia de paridad de género en el Parlamento, hay una mayor adhesión en el Consejo (37%) que en las personas (22%). La diferencia desciende a 15 puntos sobre piso mínimo sin paridad, teniendo a un 62% de los representantes electos en esa fórmula y a un 77% de los ciudadanos apoyando esa alternativa.