Exsubsecretaria Martorell y sumario de la Contraloría por compra de cámaras a Carabineros: “El informe no establece que existan elementos que revistan características de delito”

Luego de que esta jornada se conociera que la Contraloría abrió sumario por irregularidades en compras de cámaras a Carabineros durante la gestión de la exsubsecretaria Katherine Martorell y enviara los antecedentes a la Fiscalía, la cuestionada exautoridad del gobierno de Sebastián Piñera salió al paso de esta información y señaló que el informe del ente contralor “no establece que existan elementos que revistan características de delito”.

“Como es sabido, la Contraloría emitió un informe respecto a una licitación de bodycam, cuyo objetivo era transparentar la labor policial y entregar información al Ministerio Público sobre la labor que realizan las policías”, afirmó la actual vocera del comando presidencial de Sebastián Sichel mediante un video.

Agregó que “en este contexto, la Contraloría ha establecido que existen errores administrativos, algunos que están subsanados, otros que están en proceso de subsanación -mientras yo aún era subsecretaria- y otros que deben ser subsanados”.

Martorell explicó que los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía Centro Norte “porque existe una querella criminal presentada por una empresa que perdió la licitación, pero es muy importante dejar en claro que el informe no establece que existan elementos que revistan características de delito”.

Finalizó que “una vez terminado este proceso, ejerceré las acciones legales que correspondan en contra de la empresa que ha buscado enlodar mi imagen”.

En su investigación, la Contraloría detectó graves irregularidades en la licitación por cámaras para Carabineros en 2020, cuya compra fue visada por la exsubsecretaria Martorell. Los resultados de la auditoría fueron remitidos a la Fiscalía Centro Norte, que indaga el caso luego de que se presentara una denuncia en que se acusaba de irregularidades respecto a la empresa Motorola Solutions Chile, quien fue la ganadora y se adjudicó un contrato por casi $ 400 millones.

En el texto del ente fiscalizador, se cuestiona que la empresa ganadora no cumplía con uno de los requisitos estipulados en las bases de la licitación, que indicaba que era necesario que cuando cualquier uniformado apagara una de estas cámaras, el aparato siguiera registrando lo que estaba ocurriendo por al menos 120 segundos más.

Los auditores cuestionaron, además, que se aceptó la oferta de esta firma pese a que ingresó en el portal de Mercado Público fuera del horario de recepción establecido, es decir, con posterioridad a las 16 horas del 28 de febrero de 2020.