Carlos Lavín y el fin del caso Penta: "Se cumplió la ley nomás"

Carlos Délano y Carlos Lavín salieron ansiosos de la sala donde este miércoles se realizó la audiencia de procedimiento abreviado en su contra y donde el magistrado Daniel Aravena recién había señalado que aprobaba el acuerdo que su defensa había sellado con la fiscalía hacía tres meses.

La inquietud de los empresarios apuntaba a que el juez Aravena -mismo que en abril de 2015 revocó la prisión preventiva decretada contra ellos en su primera formalización- determinó que recién el próximo lunes 9 de julio daría a a conocer la sentencia.

A Délano y a Lavín les interesaba saber si esa resolución aún desconocida podía cambiar las penas acordadas, de cuatro años de presidio remitido. Pero su abogado, Julián López, les aclaró que estas no podían ser modificadas más allá de los términos convenidos y que, además, deben ser cumplidos en libertad vigilada.

Han pasado, justamente, cuatro años exactos desde que las empresas Penta comenzaron a ser investigadas por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente que entonces comandaba Carlos Gajardo. En todo este tiempo, los controladores del grupo han sido formalizados por soborno y delitos tributarios, pasaron 47 días en prisión preventiva en el penal Capitán Yáber, prestaron declaraciones más de una vez y estuvieron a punto de sellar un acuerdo, también con penas que no implicaban volver a la cárcel.

"Sí, acepto", dijo Délano al juez. "Sí, su señoría", señaló también Lavín. Esto, porque para darle el vamos al procedimiento abreviado alcan- zado por los dueños de Penta con el fiscal Manuel Guerra, el magistrado requería escuchar en voz alta que los acusados aceptaban los hechos por los cuales estaban siendo condenados.

Ese momento selló el acuerdo ratificado por el Octavo Juzgado de Garantía, condenando a los controladores de Penta solo por delitos tributarios y sin necesidad de ir a un juicio oral.

En paralelo, el acuerdo desataba un fuerte rechazo entre dirigentes de oposición, quienes criticaban que se excluyera el delito de soborno -vinculado a pagos realizados al exsubsecretario Pablo Wagner cuando este era funcionario público- y solo se acusara a Délano y Lavín por no pagar impuestos.

La controversia, de hecho, se discutió ampliamente en audiencia el martes y miércoles, luego de que los querellantes por ese delito, el Consejo de Defensa del Estado -y otros, como Ciudadano Inteligente, Vidrierías Argentina y el PS-, reclamaran haber sido marginados por el mismo tribunal, de la etapa de acusación en contra de ambos empresarios.

Esto, porque, según la tesis de la defensa -avalada por el magistrado-, la entidad garante de los bienes públicos no posee participación en una causa reformalizada por solo delitos tributarios. Así, el CDE -en voz de la abogada María Inés Horvitz-, tras alegar que la recalificación del delito perseguía dejarlos fuera de un acuerdo realizado sin su consentimiento, anunció que acudiría a todas las instancias que correspondieran para revertir el trato.

A su salida del Centro de Justicia, tanto Délano como Lavín caminaron a paso firme entre la prensa. El primero, aunque de buen ánimo, en silencio y sin querer hacer declaraciones. Lavín, menos sonriente, señaló, sin embargo: "Se cumplió la ley nomás".

La salida de los dueños de Penta del Centro de Justicia marca el final del caso. Si bien las ofensivas que tanto el CDE como otros querellantes buscan realizar ante otras instancias judiciales podrían revertir o retrasar el cumplimiento del acuerdo, lo cierto es que con la audiencia de este miércoles se concretó uno de los hitos más importantes de la causa, que aleja casi definitivamente la posibilidad de llegar un juicio oral.

Luego de que los controladores de Penta salieran del tribunal, el juez abordó la situación del exsubsecretario Pablo Wagner, a quien se había reformalizado por enriquecimiento ilícito. El magistrado señaló que este jueves dará a conocer su decisión respecto de esa propuesta de abreviado que consiste en condenar con dos años de pena remitida al exmilitante UDI y exigirle el pago del 50% del perjuicio fiscal, más 40 UTA en multa.

El magistrado Aravena, en tanto, delimitó la acusación de los querellantes, permitiendo que estos solamente puedan acusar respecto de los delitos reformalizados y no sobre el cohecho.

Así, según señaló el fiscal Guerra, una vez resuelto ese abreviado y teniendo ejecutoriadas ambas sentencias, procederá al cierre del caso, para presentar la posterior acusación y definir así los abreviados y salidas alternativas para el resto de los formalizados del caso Penta.