La necesidad de que -esta vez- el oficialismo sí se cuadre con el nombre que envíe el Presidente Gabriel Boric al Senado para asumir como próximo fiscal nacional.

Esa fue la inquietud que este lunes transmitieron las ministras del comité político a los representantes de los partidos que conforman la alianza de gobierno (Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático), a solo horas de que se venza el plazo que tiene el Ejecutivo -este miércoles- para enviar una nueva propuesta a la Cámara Alta.

El objetivo de La Moneda es no repetir lo ocurrido el 30 de noviembre pasado, cuando esa corporación rechazó el nombre de José Morales, el que previamente había sido escogido por el Mandatario para liderar el Ministerio Público en base a la quina conformada por la Corte Suprema.

En esa oportunidad, la propuesta del Presidente contó solo con 31 de los 33 votos que requería para ser ratificado en el cargo. Hubo cinco senadores oficialistas que no siguieron el lineamiento de La Moneda: Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gastón Saavedra (PS) y Fidel Espinoza (PS), quienes se abstuvieron, y Esteban Velázquez (FRVS), quien rechazó. El legislador oficialista Alfonso de Urresti (PS) se ausentó del país sin pedir permiso constitucional, lo que si bien no era obligatorio habría permitido bajar el quórum de la votación. También se ausentó por enfermedad la senadora Isabel Allende (PS).

Ante el rechazo de la primera elección del jefe de Estado, la Suprema tuvo que rellenar la quina -tanto por el cupo de Morales como el de Rodrigo Ríos, quien retiró formalmente su candidatura- y lo hizo con los nombres de los fiscales regionales Nayalet Mansilla (Ñuble) y Juan Agustín Meléndez (Los Ríos). Ambos se sumaron así a los tres que siguen en carrera para el cargo: Ángel Valencia, Marta Herrera y Carlos Palma.

Y para elegir al nuevo candidato, el Presidente tendrá que sopesar varios factores. En el Frente Amplio, por un lado, las preferencias están por Marta Herrera, candidatura que ha sido defendida por sectores como Convergencia Social por tener una sensibilidad menos distante a la del gobierno. En RD, según lo planteó ayer el senador Juan Ignacio Latorre en el comité político ampliado, estarían también por que la carta del gobierno sea una mujer. El problema es que -hasta ahora- ni Herrera ni Mansilla tendrían votos asegurados para ser ratificadas. En el caso de la primera hay resistencias manifiestas en la UDI y RN por ser considerada una continuidad del saliente Jorge Abbott, mientras que la segunda no concita apoyos suficientes en ningún sector.

Por el contrario, en la Comisión de Constitución -que revisa en primera instancia la candidatura y debe hacer una recomendación no vinculante a la Sala del Senado- existe una inclinación por la candidatura de Valencia. Y así se le ha transmitido al gobierno. Matías Walker (DC), Rodrigo Galilea (RN), Luz Ebensperger (UDI), Pedro Araya (IND-PPD) y Alfonso de Urresti (PS) estarían -a título personal- por que sea él quien lidere el Ministerio Público.

En esa instancia han sido claros en advertirle al Ejecutivo que no pueden vetar al jurista por haber haber ejercido como abogado defensor en distintas causas de violencia sexual, argumento que ha utilizado Apruebo Dignidad para ejercer una suerte de veto en su contra. Según esas fuentes, al hacerlo, el gobierno estaría yendo en contra del derecho a la defensa.

Asimismo, según conocedores de las negociaciones, los legisladores le han reiterado en varias oportunidades a La Moneda que no están dispuestos a aprobar un nombre que provenga del círculo de Abbott, quien cesó en el cargo el 30 de septiembre pasado y quien -acusan- tendría importantes responsabilidades en la crisis interna que enfrenta el Ministerio Público.

El veto a Valencia, en todo caso, no solo está radicado en Apruebo Dignidad. El senador Juan Luis Castro (PS) ha sido claro en que no apoyará su opción.

El legislador socialista, de hecho, llegó ayer a La Moneda para reunirse con la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos. Según quienes conocieron del tenor de la conversación, Castro le advirtió a la autoridad que él no está por respaldar la candidatura de quien ha defendido al exjuez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Luis Barría, formalizado por abuso sexual.

En RN, por otro lado, la jefa de la bancada de senadores, Paulina Núñez, notificó este lunes a la ministra Uriarte de que apoyarían al menos con 8 votos a Meléndez o Palma. Los otros cuatro parlamentarios están en suspenso o inclinados por Valencia.

En este escenario, donde La Moneda entiende que nuevamente será una tarea compleja conseguir los 2/3 o que sus coaliciones respalden en su totalidad la decisión, es que las señales que han dado tanto la ministra de Justicia, Marcela Ríos, como la vocera Camila Vallejo van en línea con que esta es una elección en que tiene responsabilidad tanto el Ejecutivo como el Senado.

En el oficialismo está instalada la idea de que -esta vez- no será tan fácil para la Cámara Alta rechazar la propuesta presidencial. Sobre todo, en el marco de la relevancia que tiene la Fiscalía en la persecución del delito y cuando los niveles de inseguridad de la población han registrado alzas preocupantes.

Sin embargo, en el Senado hay otra interpretación. “El Presidente está en un zapato chino: o va con un candidato que no les gusta y que tiene los votos (Valencia) o esta cuestión se eterniza por un par de meses con todo lo que eso implica”, señala a La Tercera un senador oficialista.

Ante la pregunta de si el gobierno podría garantizar que el oficialismo actuará unido en esta nueva votación, la ministra Vallejo aseguró ayer que “aquí la responsabilidad de determinar un nombre y que tengamos finalmente un Fiscal Nacional es tanto del Ejecutivo -en esta etapa- como también del Senado, que tiene una labor de pronunciamiento y esperamos obviamente estar todos a la altura de la necesidad de tener una Fiscalía más efectiva, eficiente y legitimada”.

Y agregó: “Esto no se trata solo de un sector, se trata del Senado en conjunto, porque para la aprobación del nombre se requieren más que los votos del oficialismo. Insisto, aquí no hay que verlo solo si estamos con el gobierno o no, sino tener o no un Fiscal Nacional”.

En la misma línea se manifestó la ministra Ríos, quien aseguró que ”seguimos conversando con los distintos actores para poder ingresar el mejor nombre posible para la Fiscalía. Acá quiero decir que es muy importante que todos los actores políticos podamos contribuir a fortalecer esa institución, es importante poder tomar una decisión pronto, esperamos contar con el apoyo del Senado, porque cada día que pasa en el interinato es un día menos de ponernos a trabajar en los desafíos que tiene la Fiscalía y el Ministerio Público, así que esperamos poder avanzar rápidamente para una institución clave”.

Respecto de los plazos, la idea inicial en el gobierno era dar a conocer este lunes el nombre para agilizar la nominación. Sin embargo, el humo blanco en las negociaciones constitucionales habrían modificado ese plan inicial. De hecho, fuentes que conocen del proceso aseguran que podrían tomarse el plazo fatal, es decir, el miércoles, para enviar la propuesta al Senado. Así, los legisladores tendrían que votar el lunes de la próxima semana a más tardar su ratificación, ya que tienen solo 5 días corridos para hacerlo desde que reciben el oficio presidencial.