Fiscalía elimina delito de soborno en caso Penta y CDE afirma que es "ilegal"

Si uno compara los hechos relatados en la formalización efectuada en 2015 contra el exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, en el marco del caso Penta y los señalados este martes en su reformalización, hay tres ideas que desaparecen: la mención a los correos electrónicos intercambiados con uno de los controladores del grupo, la alusión al rol de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín y los delitos de cohecho y soborno.

Así, en la nueva imputación de hechos surgen dos ideas nuevas que no estuvieron presentes en 2015. La primera, que fue el exgerente de Penta Hugo Bravo -y no sus dueños- quien decidió hacer pagos bimensuales de $3 millones a Wagner mientras este se desempeñó como funcionario público entre junio de 2010 y septiembre de 2012. Y que estos montos forman parte de un aumento indebido de su patrimonio y no de un cohecho.

El detalle de ese relato se transformó en punto clave de la controversia suscitada en la audiencia de este martes y que continuará este miércoles, pues liberaba a los acusados -quienes retornaron al Centro de Justicia tras un año y tres meses desde su última formalización- de las imputaciones por soborno respecto a Délano y Lavín, y cohecho a Wagner, para arribar a un procedimiento abreviado pactado con la fiscalía.

El Ministerio Público reformalizó a los imputados basándose en el testimonio que el propio Wagner entregó en 2015, versión que fue respaldada por Délano y Lavín.

Son esos puntos que reformulan el relato de los hechos, los que el Consejo de Defensa del Estado -y los otros querellantes en la causa-, rechazaron ante el magistrado del Octavo Juzgado de Garantía, señalando que al eliminarlos el Ministerio Público incurre en un acto "arbitrario" e "ilegal".

Tal como señalaran los imputados en sus testimonios, cuando Wagner estaba por entrar al Ministerio de Minería en 2010, solicitó a los controladores de Penta -holding en el cual él trabajó por 9 años años- que se le pagara un dinero adeudado. Esto, haciendo ver que necesitaba esos recursos en virtud de que sus ingresos se vería fuertemente mermados al ingresar al sector público. Agregó además que fue Hugo Bravo quien decidió la forma de pago.

Este argumento fue el que expuso el Ministerio Público durante la reformalización, pese a que en 2015 había advertido la existencia de los delitos de soborno y cohecho en los tres imputados, en virtud de correos intercambiados entre Lavín y Wagner. "Cualquier ayuda será agradecida de por vida por mi familia. Demás está decirte que cuentes conmigo para lo que necesites", señalaba Wagner en uno de ellos.

Pero hoy, a juicio de la fiscalía, los argumentos sostenidos en esa formalización de 2015 fueron débiles y ahora son difíciles de probar. Y que por ello se optó por la recalificación de los delitos.

El fiscal Manuel Guerra, tras hacer ver que la fiscalía es la única entidad poseedora de la titularidad de formalización, explicó sus razones para recalificar. "Hemos dejado sin efecto una formalización anterior que, efectivamente involucraba hechos que podrían entenderse como constitutivos de delitos de soborno y cohecho. Lo hemos hecho porque hemos llegado a la convicción de que no tenemos elementos que nos permitan acreditar seriamente una acusación en esos términos y creemos que los hechos que el Ministerio Público puede probar, son aquellos que dan cuenta de enriquecimiento ilícito", dijo.

Sin embargo, este martes el CDE intervino en la audiencia, calificando de "ilegal" la ahora omisión de hechos incorporados en la formalización original y que, a su juicio, son constitutivos de delitos.

Luego de que la defensa de los dueños de Penta solicitara al tribunal que el CDE abandonara la sala porque, a su juicio, este no tenía legitimidad para alegar contra Délano y Lavín -dado que no existe perjuicio al Fisco involucrados en virtud de que ya habían sido reformalizados por solo delitos tributarios- la representante del CDE, María Inés Horvitz, para rechazar esa petición, puso un ejemplo.

"Si los antecedentes de una investigación dan cuenta de una entrada por escalamiento a un inmueble para la posterior sustracción de las especies que están allí, eso sería un robo con fuerza en reposo. Pero si el ministerio Público, en forma arbitraria, para favorecer el procedimiento abreviado, retira el escalamiento (...), paralelo a meter un hurto, eso es un comportamiento que en nuestro sistema es claramente ilegal", dijo.

Agregó que el Ministerio Público no puede dejar de perseguir estos hechos que son, a su juicio, constitutivos de delitos y que "arbitrariamente" fueron excluidos "sin fundamento alguno".

Así, el CDE, solicitó participar este miércoles de los alegatos para oponerse al procedimiento abreviado acordado entre la fiscalía y los imputados.

El juez de Garantía resolverá durante la jornada si admite la intervención del Consejo en la audiencia. Y posteriormente, si le da luz verde al acuerdo entre las partes.