Galli tras dos homicidios en ataques armados en Macrozona Sur: “El diálogo tiene un límite que es la renuncia absoluta a la violencia, más aún cuando esa violencia ha costado vidas”

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, abordó esta mañana los ataques armados que se registraron ayer en la Macrozona Sur y que resultaron con la muerte de dos personas.

Joel Ovalle (68), agricultor y presidente de la Junta de Vigilancia de Alboyanco en Angol, y Andrés Millanao (22) fallecieron este martes tras recibir disparos de sujetos desconocidos en las regiones de La Araucanía y del Biobío, respectivamente. Durante la misma jornada, el Congreso aprobó una séptima prórroga del Estado de Excepción en las provincias del Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, la cual regirá hasta el próximo 19 de febrero.

En conversación con Radio Duna, el subsecretario del Interior calificó los hechos como “dos situaciones gravísimas” que, además, “dan cuenta de la violencia que se vive, tanto en la provincia de Arauco como en la provincia del Malleco, y esto fue justamente lo que llevó al Presidente de la República a decretar un Estado de Excepción Constitucional”.

Si bien Galli aseguró que durante el último tiempo las situaciones de violencia han disminuido, “siguen ocurriendo hechos de violencia de esta naturaleza y, por lo mismo, creemos necesario mantener el Estado de Excepción”.

“Yo ahí quiero ser insistente, no es un acto voluntarioso esto de decretar el Estado de Excepción Constitucional, las razones que hay detrás es justamente la presencia de hechos violencia, el uso de armas de fuego”, complementó el subsecretario.

Sobre la extensión del Estado de Excepción que se mantiene en vigencia desde el 13 de octubre de 2021 en la Macrozona Sur, Galli detalló que “esto es simplemente una forma de llevar paz a las personas que residen en las provincias”, pero que “es una paz que no puede estar fundada únicamente en el despliegue de fuerzas policiales y militares”.

“Obviamente tiene que haber una acción del Estado en que simplemente las personas que han optado por usar las armas, por agredir a otros ciudadanos chilenos, por agredir a las fuerzas policiales que, incluso, pueden estar dispuestas a causar la muertes como estos dos casos de dos personas, dejen de hacerlo”, aseveró e hizo un llamado a que los habitantes de La Araucanía y del Biobío se “distancien de aquellos que utilicen la violencia, porque además ya ha quedado bastante acreditado que muchas de estas personas se vinculan a delitos graves de tráfico de drogas”.

Consultado sobre la implementación del diálogo en la Macrozona Sur para abordar el conflicto, Galli aseguró que si bien los procesos de diálogo siempre deben estar presentes y que actualmente “se están llevando adelante” en la zona, “el diálogo tiene un límite, que es la renuncia absoluta a la violencia, más aún cuando esa violencia ha costado vidas de personas”.

Este miércoles se discutirá en la comisión de Constitución del Senado la indicación sustitutiva que el senador demócrata cristiano, Francisco Huenchumilla, presentó sobre el proyecto de indulto que se discute en el Congreso para beneficiar por razones humanitarias a los llamados “presos de la revuelta”. En detalle, se busca convertir el proyecto original en una iniciativa de amnistía.

Al respecto, también en conversación con la emisora, el subsecretario declaró: “Nosotros dijimos que este no es un proyecto de indulto, porque los indultos a lo que apuntan es que aquellas personas que han sido condenadas por un delito dejen de cumplir su condena. Sin embargo, lo que aquí se establecía era, con el nombre de un indulto, una amnistía, porque lo que ahí se busca es declarar la impunidad de todos aquellos que cometieron delitos durante un periodo determinado por el solo hecho de haberlos cometido en el contexto de una manifestación social”

“La verdad es que yo creo que eso es altamente contraproducente, pero al menos se le está diciendo a al ciudadanía que esto es una amnistía”, agregó.

Eso sí, aseguró que, durante un año de debate, aún se mantienen los inconvenientes “que planteamos desde un principio, desde diciembre de 2020″.

“¿Qué se les va a decir a las víctimas de los delito cometidos por estas personas cuando se les declare impune? Se diga que estos delitos no son reprochables socialmente, que por el hecho de haberlos cometidos en el contexto de la posterioridad del 18 de octubre el saqueo no es punible,(...) o incluso los homicidios frustrados no son punibles (...). La verdad es que en ese sentido este proyecto de ley sigue teniendo las mismas observaciones negativas”, señaló.

En esa línea, concluyó diciendo que “aquí tiene que haber una renuncia absoluta, transversal y sin matices a la violencia como método de acción política y eso debe implicar que, si una persona intentó matar a otra -lo haya logrado o no- debe ser investigada y debe ser sancionada en caso de que se pruebe esa circunstancia”,.