Giro de La Moneda por infraestructura crítica tensiona al Senado y desata carrera para evitar nuevo estado de excepción

En un nuevo revés de la trama, el gobierno cambió bruscamente la agenda de esta semana del Congreso al anunciar un veto sustitutivo a la reforma constitucional que habilita al Presidente Gabriel Boric disponer de las FF.AA. para ir en resguardo de la infraestructura crítica.

Con esta medida, el Ejecutivo definitivamente hizo propia esta iniciativa, resistida inicialmente por el Frente Amplio y el PC, que facilita herramientas al Mandatario para disponer a militares en tareas de orden público y seguridad interna.

Hasta la fecha, La Moneda había optado por no involucrarse en la tramitación que se reactivó en el Senado precisamente con el fin de dotar de nuevos instrumentos al gobierno para enfrentar los episodios de violencia en La Araucanía, el Biobío y ahora también en la Región de Los Ríos.

La idea era evitar que se decretara un nuevo estado de excepción constitucional de emergencia que, además del despliegue militar, implica eventualmente una restricción de derechos y libertades civiles. El proyecto de infraestructura crítica, en cambio, no altera las garantías constitucionales.

Sin embargo, en el análisis que se hizo en La Moneda luego de que el Congreso despachara esta reforma la semana pasada, es que la iniciativa requería de la actualización de algunos reglamentos, especialmente para establecer una cadena de mando y ajustar las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que dan instrucciones sobre cómo deben proceder las tropas ante situaciones complejas, como una protesta o un ataque. Finalmente, se optó por incluir algunos temas dentro de la propia reforma mediante esta potestad presidencial.

El problema es que el veto, que ingresó por el Senado y se votará hoy miércoles en la Cámara, postergaba la promulgación de la moción, al reemplazar el texto que había elaborado el Congreso.

Además del trámite legislativo, donde los parlamentarios solo pueden aprobar o rechazar con un quórum de 3/5 (93 diputados y 30 senadores), el gobierno también debe cumplir con el respectivo trámite administrativo en Contraloría y luego ante el Diario Oficial. Solo una vez publicada esta reforma comenzaría a regir.

Adicionalmente, el Ejecutivo deberá publicar los nuevos reglamentos que ayuden a implementar la nueva herramienta constitucional.

Para poder cumplir con todos esos requerimientos legales y constitucionales, el gobierno solo tiene 10 días, ya que el último estado de excepción vence a la medianoche del viernes 29.

Si hasta el viernes 29 el Ejecutivo no tiene lista la aplicación de la reforma de infraestructura crítica, el Presidente Gabriel Boric debería solicitar una nueva prórroga del estado de excepción, a pesar de las advertencias de las bancadas oficialistas, en especial del PC, que le pidieron no volver a recurrir a este mecanismo que restringe derechos y libertades.

“Es una carrera contrarreloj para poder tener esta nueva herramienta”, señaló el diputado socialista Leonardo Soto.

Por su parte, la diputada de Convergencia Social Javiera Morales dijo que “esto tiene que resolverse esta semana”.

La ministra del Interior, Izkia Siches, señaló que de no ser aprobada a tiempo la observación del gobierno al proyecto de infraestructura crítica, “tendríamos que evaluar la extensión de un nuevo estado de excepción constitucional, que en este caso, lamentablemente, debería recaer en semana distrital”.

Una de las ventajas del nuevo instrumento es que las prórrogas se pueden realizar cada 60 días en forma sucesiva y no quincenalmente, como los estados de excepción.

Siches, además, explicó que el veto era necesario para precisar la cadena de mando, que quedaría a cargo de un “jefe de la Defensa Nacional”, definir atribuciones vía reglamento y delinear las Reglas de Uso de la Fuerza mediante decreto.

En todo caso, en la discusión en el Senado se produjo un percance y obligó a que gobierno reingresara el veto para precisar que un uniformado estará “al mando” de las fuerzas.

El ingreso del veto añadió más tensión a la ya conflictuada tabla que tenía prevista el Senado, donde una mayoría de bancadas pretendía votar ayer martes la reforma que rebaja el quórum para modificar la actual Constitución a 4/7, que en la práctica habilita un Plan B a la Convención Constitucional. Esa intención era resistida por los comités del PC, el FREVS y el PC (Apruebo Dignidad), que inicialmente pretendían presentar indicaciones para postergar un par de semanas más la tramitación de ese proyecto.

Así, cerca del mediodía, la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, se reunió con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), y de la Cámara, Raúl Soto (PPD), para pedirles que discutieran lo antes posible el veto.

Sin embargo, en varios parlamentarios oficialistas existía molestia por la tardanza con la que La Moneda se involucró con esta iniciativa. Entre otros legisladores, especialmente de derecha, había dudas respecto del contenido del veto, por lo que las bancadas acordaron derivarlo a la Comisión de Constitución, que el mismo martes sesionó en forma paralela a la sala para entregar una análisis técnico al resto de los senadores.

Finalmente se logró un acuerdo entre las bancadas para despachar el veto con el compromiso de que el gobierno y los comités de Apruebo Dignidad no incurrieran en maniobras dilatorias para que la reforma de los 4/7 se votara hasta total despacho el miércoles.

En tanto, a la cita de la Comisión de Constitución concurrió Siches, quien trató de acoger las quejas y responder las dudas. Entre ellas aclaró que la intención del gobierno es que el jefe de la Defensa sea siempre un uniformado.

La ministra, además, almorzó con diputados de la Macrozona Sur para explicarles el objetivo del veto y los planes del gobierno.

Este es el primer veto que utiliza Boric en su mandato haciendo uso de una facultad que le entrega el régimen presidencialista chileno.

No obstante, el caso de la reforma de infraestructura crítica tiene una connotación adicional: la maniobra del Presidente se suma a una seguidilla de giros políticos a la accidentada tramitación de esta iniciativa.

La idea de proteger “infraestructura crítica” fue anunciada a finales de 2019 por el gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera, para hacer frente a la violencia callejera, sin embargo, no prosperó al no contar con el respaldo necesario en el Parlamento.

Adicionalmente, se presentó una segunda iniciativa -de autoría de los senadores de independientes-RN Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena-, que si bien fue aprobada en el Senado, fue rechazada en la Cámara, con la oposición del PC, el Frente Amplio y el PS. Dentro de los votos en contra, figuraban los entonces diputados Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo. Tras ese revés, el proyecto fue derivado a una comisión mixta.

Ante la falta de acuerdos y debido a otras prioridades legislativas, la iniciativa quedó “durmiendo” en el Congreso hasta mayo de este año, cuando el gobierno de Boric decidió avanzar en una iniciativa que denominó de “estado intermedio” para proteger las rutas del país sin decretar estado de excepción.

Pero, debido a la resistencia del PC y el Frente Amplio, el Ejecutivo se retractó y prefirió no innovar en la materia. Incluso, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, al exponer ante la comisión mixta que se reactivó precisamente por el interés de La Moneda de avanzar en la reforma, deslizó que “puede que se pierda el trabajo” dado el proceso constituyente en curso que renovaría todo el texto constitucional.

Las palabras de Jackson causaron molestia entre senadores y diputados, que gracias un acuerdo desde el PS a la UDI, definieron una propuesta que finalmente fue despachada por ambas ramas del Congreso el pasado 11 de julio, sin la anuencia de La Moneda..