¿Un gobernador sin oficina? ¿Quién manda en un terremoto? Las dudas que debe resolver el gobierno para la elección de las nuevas autoridades regionales

Sesenta días. Ese es el plazo que se autoimpuso el gobierno para preparar un anteproyecto que resuelva la serie de vacíos legales que existen en materia de descentralización.

Pese a que el próximo año, por primera vez, la principal autoridad regional podrá ser electa por la ciudadanía, todavía persisten serias dudas en torno a las competencias que podrá ejercer y su real marco de acción.

Por ahora, de hecho, distintos parlamentarios consultados reconocen que la figura del gobernador regional dista mucho de lo que representa el intendente en la actualidad, y que se trataría más bien de "un león sin dientes", del que ni siquiera se tiene claro en qué oficina podrá comenzar a realizar su trabajo o cómo conciliará su rol con el del delegado presidencial, autoridad que será nominada por el Presidente de la República en cada región por el plazo que estime pertinente durante su mandato.

En materia de descentralización administrativa, entre los vacíos legales a los que se enfrentará la mesa de trabajo -con técnicos que representan a las distintas colectividades políticas para plantear al Congreso un proyecto de ley corta- existe un problema con la contienda de competencias, ya que la ley actual no considera mecanismos para la resolución de conflictos, los que pueden estar asociados a que tanto el gobierno central como el gobierno regional estimen que les corresponde ejercer una misma competencia o que ninguno considere que el ejercicio de una competencia determinada le corresponde.

Así, por ejemplo, la ley otorga facultades tanto al gobernador regional como al delegado presidencial para hacer frente a emergencias y catástrofes, pero no existe claridad sobre quién debe liderar esos procesos. ¿Quién estará a cargo de liderar el Comité de Emergencias (COE) cuando se produzca un terremoto? Eso es algo que deberá resolver el Congreso a través de una ley corta, aseguran parlamentarios de distintos sectores.

Respecto del traspaso de competencias, una primera etapa está en desarrollo, luego que el Ejecutivo enviara en febrero los decretos respectivos a la Contraloría para su toma de razón.

Sin embargo, una vez que las nuevas autoridades comiencen a ejercer, a solicitud de los gobiernos regionales, dos instancias deberán evaluar el traspaso de nuevas competencias. Se trata de la Comisión de Estudios y el Comité Interministerial.

No obstante, aunque ambas instancias estuvieran de acuerdo en otorgar una competencia, la última palabra la tendrá el Presidente de la República. Por ello, desde la bancada regionalista transversal -que agrupa a senadores y diputados- plantean que se debe disminuir la discrecionalidad con que un Mandatario puede tomar esa decisión. Esto, ya que sin la existencia de criterios objetivos, en la práctica esta facultad podría significar que se favorezca a aquellas autoridades que responden al mismo signo político del Jefe de Estado por sobre gobernadores de oposición.

Así, los regionalistas proponen que, transcurridos seis meses desde la solicitud de transferencia de competencias por parte del gobierno regional, si el Presidente no da respuesta, se entenderá por aprobada.

La normativa que regirá el accionar de los gobernadores le permite manejar los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), dineros que, en opinión de distintos parlamentarios, son insuficientes para hacer frente a la realidad de cada región.

Pero, además, senadores y diputados pusieron énfasis en los fondos sectoriales, que son recursos provenientes de los distintos ministerios para proyectos determinados -como la construcción de un hospital-, y en los que, tal como está la ley, poco o nada de injerencia podrá tener el gobernador regional. Más, bien, será el delegado presidencial y los distintos secretarios regionales ministeriales (Seremi) quienes tendrán mayor poder de negociación con el gobierno central para la administración y ejecución de esos fondos.

Asimismo, los regionalistas presionan por una ley de rentas regionales, que permita -dicen- una "verdadera descentralización". Al respecto, el senador RN Francisco Chahuán aseguró que el Ministerio de Hacienda asumió el compromiso de enviar un proyecto de ley en octubre próximo para poder abordar esta discusión de manera separada a los temas administrativos que deberá resolver la ley corta, aunque -añade- la aspiración de los regionalistas es que dicho proyecto esté aprobado antes de la elección.

Por otra parte, el jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, advierte que "cada competencia a traspasar debe tener un costeo financiero y humano, tanto directo como indirecto, para permitir que efectivamente el gobierno regional pueda implementarla" y, al mismo tiempo, un mecanismo que, una vez que los recursos han sido transferidos y se está ejerciendo dicha competencia, permita resolver si es que estos fondos son insuficientes.

Entre las distintas fuentes consultadas, también hubo coincidencia en que existe un vacío legal en torno a la responsabilidad que recaerá sobre la nueva autoridad regional, tanto en materia financiera como política.

Así, si bien la ley estipula que los gobernadores regionales serán sujetos de acusación constitucional, la normativa no contempló las causales que llevarán a ejercer esa acción, de manera que aquello debe ser resuelto en la ley corta.

Pero no solo frente a una acusación -herramienta calificada como de ultima ratio- sino en la práctica cotidiana del rol de gobernador es que la legislación no establece criterios objetivos o razones fundadas para el proceso de toma de decisiones. En este punto, los expertos advierten riesgos como el que un gobernador, en el desarrollo de proyectos de inversión, beneficie a aquellas zonas más pobladas por sobre zonas con menor cantidad de habitantes, considerando que podría apelar a la búsqueda de votos que le permitan ser reelecto.

De manera casi anecdótica, uno de los ejemplos citados por algunas de las fuentes consultadas para dar cuenta de las dificultades que enfrenta el proceso de descentralización dice relación con el lugar en que el gobernador regional se instalará tras la elección. Esto, ya que las dependencias que actualmente ocupan las intendencias son de propiedad del Poder Ejecutivo, de manera que, entrada en vigencia la nueva administración, debieran ser ocupadas por el delegado presidencial.

La pregunta, entonces, es ¿dónde va a estar la oficina del gobernador? Algunas de las fuentes consultadas plantearon que la respuesta podría ser abordada a través de un artículo transitorio de la ley corta que determine la forma en que serán otorgados los recursos necesarios para la compra de inmuebles o a través del traspaso por parte del Ministerio de Bienes Nacionales.

Así, con más dudas que certezas, la nueva mesa de trabajo deberá hacer frente a un proceso que tendrá implicancias relevantes en la administración del país. Y los riesgos son altos. En palabras de la senadora Luz Ebensperger (UDI), "aquellos países en el mundo que se han equivocado en sus procesos de descentralización, se han convertido en países mucho más centralistas. No podemos hacer eso", sostiene.

Con más optimismo, Chahuán explica que "este es un proceso de descentralización, no es un momento que culmina con la elección. Eso es importante entenderlo, para también comprender que no todos los temas tienen que estar zanjados inmediatamente, pero sí dejar los menores espacios de halos de duda o vaguedad previo en cuanto asuman las nuevas autoridades".