Gobierno busca fortalecer ley Zamudio y convocará a una consulta ciudadana

El 12 de julio de 2012 se promulgó la Ley 20.609, más conocida como ley Zamudio, que establece medidas en contra de la discriminación arbitraria cuando se funden en motivos como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, la orientación sexual, la identidad de género y el estado civil, entre otros.

Así, a siete años de la entrada en vigencia de la legislación -que contempla multas en caso que se compruebe que se ha cometido discriminación-el gobierno busca actualizar la normativa y perfeccionarla a través de un nuevo proyecto de ley, el que pretende enviar al Congreso antes del término del primer semestre de este año.

De hecho, fortalecer la normativa es uno de los compromisos del programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que quedó plasmado en la página 143. Ahí se señala que se busca "perfeccionar la ley Zamudio y elaborar una política nacional antidiscriminación para todos los órganos de la administración del Estado", aunque sin dar detalles.

La Secretaría General de Gobierno (Segegob), liderada por la ministra Cecilia Pérez, será la encargada de impulsar estos cambios. Esto, porque es esa misma cartera la que históricamente ha liderado el tema.

En el gobierno explican que entre las modificaciones que se han evaluado hasta ahora está dotar de "mayor eficacia" a la actual ley, y se está estudiando la opción de penalizar las conductas generando tipos penales frente a las distintas formas de discriminación. Por ejemplo, dicen las mismas fuentes, se está analizando que en los casos extremadamente graves la discriminación esté asociada a una penalidad como el delito simple. Esto, a diferencia de hoy, en que las causas se ven en juzgados civiles.

Para cumplir ese objetivo, la ministra Pérez convocará en marzo a una consulta ciudadana sobre discriminación, la que corresponderá a la segunda en su tipo, ya que la primera se hizo en 2013, durante el primer gobierno de Piñera. De hecho, en el informe que presentó el Ejecutivo a la ONU, en el marco del Examen Periódico Universal sobre DD.HH., se da cuenta de que se realizará esta segunda consulta, pero sin profundizar.

Esta consulta ciudadana, precisan en la Segegob, se hará con las mismas preguntas que la primera. Esto, con el objetivo de que se permitan comparar los resultados. Además, se agregará una segunda etapa en la que se incluirán algunas preguntas nuevas que serán, según afirman en el Ejecutivo, "más de contexto". La idea es poder determinar cómo percibe la ciudadanía la discriminación y si considera que existen otros tipos de discriminación con el objetivo de ir "ampliando el espectro".

La consulta la realizará el Observatorio de Participación Ciudadana, con la colaboración de la División de Organizaciones Sociales (DOS), y tendrá una duración de 30 días. Se utilizará como plataforma una página web y también se realizará de manera presencial.

Además, agregan que la idea es que se haga en todas las regiones del país y que esté disponible en más de un idioma, incluso, en mapudungun.

Concluida la consulta, la Segegob constituirá una mesa de trabajo junto a la Subsecretaría de DD.HH. -encabezada por Lorena Recabarren-, la que estiman se convocará en abril.

Para esto se están evaluando dos alternativas: invitar a grupos de interés y de la sociedad civil, o abrir un periodo de postulación, fijando criterios para que organizaciones interesadas se inscriban.

Por esta última opción se inclinan más en el gobierno.

Los resultados finales se plasmarán en el proyecto final, que será revisado por el Mandatario para su aprobación. Posteriormente, la Segegob junto a Justicia iniciarán un proceso de socialización de la iniciativa con los parlamentarios de oficialismo y oposición, principalmente en las comisiones correspondientes en las que se tramitará el proyecto.

El trabajo se da, además, en un contexto en el que diferentes organizaciones han solicitado realizar modificaciones a la normativa, como incluir una indemnización para las víctimas -ya que hoy son a beneficio fiscal- y que se complemente con una ley de incitación al odio.