Gobierno busca reforzar exclusividad de labor legislativa

Hasta La Moneda llegaron este jueves parlamentarios de Chile Vamos, entre ellos, el jefe de bancada UDI, Javier Macaya, y su par de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, para reunirse con el ministro Gonzalo Blumel. El titular de la Segpres los citó para explicarles el proyecto de integridad pública que presentará el gobierno a más tardar la primera semana de julio. La iniciativa contempla, entre otras materias, regular las relaciones de altas autoridades con familiares. Sin embargo, existe una nueva medida que se busca incluir: reforzar la exclusividad en la labor parlamentaria.

La materia está regulada en la Constitución, pero La Moneda busca hacerla más exigente. "Hoy la función parlamentaria no es exclusiva. Creemos que debe ser función exclusiva", dijo Blumel en radio Duna.

El secretario de Estado les transmitió a los diputados que es necesario aumentar las exigencias para que los parlamentarios se dediquen exclusivamente a su rol de legisladores y no tengan actividades paralelas relacionadas con la profesión que estudiaron. Por ejemplo, según presentes, el ministro explicó que actualmente en la ley se establece que la profesión de abogado tiene una restricción específica, lo que buscaría ser ampliado a otras áreas, por ejemplo, a médicos. Además, se apostaría a extender las normas de fideicomiso o de incompatibilidad para ejercer labores remuneradas en empresas privadas.

El tema generó inquietud en los presentes debido a que consideran que puede ser un desincentivo para que las personas accedan a cargos de elección popular. "Lo que le pido al gobierno es que el ingreso al sector público y la salida del mismo no terminen significando un costo demasiado alto (…). Tenemos que ser capaces de revisar el cumplimento actual de las normas. Si eso no es suficiente, hay que ver la propuesta que presentará el ministro Blumel", comentó Macaya a La Tercera.

Blumel anunció este jueves que "la próxima semana vamos a lanzar nuestra agenda de modernización del Estado y de probidad y transparencia", en la que está incluida la ley de integridad pública. En el marco de esa agenda se contempla, además, la creación de un consejo de modernización del Estado al cual le pedirán evaluar los sueldos del sector público.