Gobierno defiende retiro de decretos y oposición pide explicaciones

A primera hora de ayer, autoridades del gobierno del Presidente Sebastián Piñera salieron a defender el retiro de los más de 400 actos administrativos que, tal como reveló La Tercera, distintos ministerios y reparticiones públicas solicitaron a la Contraloría durante las primeras dos semanas de su administración.

Tanto el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, como su par de Interior, Andrés Chadwick, calificaron la acción del Ejecutivo como una práctica "habitual" y "normal" durante la instalación de un gobierno.

"Es habitual que un gobierno que asume quiera revisar cuáles son aquellos elementos de su facultad administrativa, de su potestad reglamentaria, que se están impulsando y que hereda de la administración anterior", dijo ayer Blumel.

Mientras que Chadwick subrayó que "eso se hace y es normal hacerlo, retirar diferentes medidas administrativas para efectos de estudiarlas, evaluar sus efectos y consecuencias. Por eso se ha hecho ese trabajo, muchos de ellos se han restablecido, reimpulsado en la Contraloría y otros los hemos retirado según la evaluación que hemos hecho".

En ese sentido, el titular de la Segpres recordó que durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet se dio una situación similar -aunque sin entregar cifras-, por ejemplo, respecto de decretos que aprobaban concesiones hospitalarias.

El contralor Jorge Bermúdez, en tanto, se sumó a las palabras de La Moneda. "Lo que ocurrió fue que el gobierno, una vez que asumió, hizo un catastro de todos aquellos actos que se estaban tramitando aquí en la Contraloría", explicó, agregando que "esa es una actuación que es bastante normal cuando asume un nuevo gobierno. Esto ocurrió también el 2014, cuando asumió el anterior gobierno y está dentro de las facultades de la administración del Estado".

Desde Chile Vamos también salieron a respaldar el retiro de actos administrativos impulsados por el Ejecutivo. El senador Andrés Allamand (RN) sostuvo que "cuando se inicia una nueva administración es perfectamente razonable y habitual revisar aquellos decretos que se envían a Contraloría y pretender lo contrario más pareciera querer buscarle la quinta pata al gato. Más aún considerando que durante los últimos días del período anterior hubo bastante desprolijidad", agregó.

Hasta la presidencia del Senado llegaron ayer los ministros del Interior y la Segpres para reunirse con el titular de esa corporación, Carlos Montes, y algunos senadores de la ex Nueva Mayoría. Fue en ese contexto que los parlamentarios, además de abordar la agenda legislativa del gobierno (ver secundaria), le solicitaron a los representantes del Ejecutivo clarificar en detalle cuál es el contenido de todos los actos administrativos que han sido frenados y, asimismo, cuáles son las modificaciones que se están evaluando introducir.

"Lo importante es que digan qué es lo que piensan (...) nosotros pedimos transparencia para, a partir de eso, definir nuestra línea de conducta, porque nos parece que se puede abusar de la potestad reglamentaria que tiene el Ejecutivo", dijo tras la cita el senador Montes.

Agregó que sobre esto, "el ministro se comprometió a apurar el tranco, para que ellos lo evalúen y puedan reponer los distintos instrumentos que retiraron lo antes posible. Ese fue el compromiso que tomó con nosotros".

Durante la mañana, desde la oposición ya habían adelantado su preocupación. El senador Álvaro Elizalde (PS) había advertido que "el gobierno ha utilizado una motosierra administrativa que pretende burlar el cumplimiento de las leyes a través de actos administrativos, evadiendo el debate de cara a la ciudadanía en el Congreso".

Sobre la queja opositora, el ministro Chadwick agregó anoche que sería "totalmente ilegal e inconstitucional" cambiar mediante decretos el "espíritu de las leyes".

Y dijo que le parece "muy desproporcionado que se pueda poner en duda" que el gobierno pueda no respetar la Constitución. "No debería haber ni el más mínimo temor", enfatizó.