Gobierno enfrenta días clave para el futuro de la agenda valórica

El próximo 15 de mayo es el plazo que se autoimpuso el gobierno para enviar al Congreso la indicación sustitutiva que modificará la Ley de Adopciones. La iniciativa buscará realizar cambios al proyecto que ingresó en 2013 el Presidente Sebastián Piñera durante su primera administración y que también fue impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet.

El compromiso se encuentra dentro del programa de gobierno del Mandatario, que por estos días ha reforzado y que genera división al interior del oficialismo dado que reabre el debate respecto a si incluir o no la adopción por parte de parejas homoparentales. Esto último es un tema que complicó al jefe de Estado en más de una oportunidad durante la campaña presidencial, pero que últimamente no ha descartado.

La indicación para reformar la ley está siendo elaborada por el Ministerio de Justicia, encabezado por Hernán Larraín. Si bien desde esa cartera recalcan que aún están en etapa de trabajo prelegislativo y que aún no está listo el primer borrador, fuentes de La Moneda sostienen que la indicación no incluiría de manera explícita la adopción homoparental. ¿La razón? Según explican las mismas fuentes, debido a que el "principio regidor" de la normativa será el "bien superior del niño", quedando a criterio del juez el orden de prelación y la decisión de la familia adoptiva del menor.

Otras fuentes, en tanto, añaden que de esta forma la adopción homoparental quedaría establecida de manera implícita, ya que no se prohibirá en la indicación que se ingrese al Congreso.

De hecho, ayer el Mandatario volvió a abordar el tema y apuntó en esa línea. "Queremos establecer en la ley un criterio para que el juez de familia tenga un mandato claro: encontrar para cada uno de nuestros niños la mejor familia posible, la familia que mejor garantice que lo va a querer, cuidar, proteger y acompañar toda su vida", sostuvo.

En ese sentido añadió: "Y en esto quiero ser muy claro. Quien tiene el derecho a ser adoptado son los niños y no las parejas que quieren adoptar. Por tanto, la ley de adopción que vamos a enviar al Congreso en los próximos días va a poner el interés superior del niño en el primer lugar".

Con todo, en La Moneda advierten que la decisión final pasará por el Presidente Piñera, así como ocurrió con la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales contra menores de edad.

Diputados fijan postura

En las últimas semanas la división jurídica del Ministerio de Justicia ha sostenido una serie de reuniones tanto con asesores de los parlamentarios de la Comisión de Familia como con organizaciones de la sociedad civil, con miras a recoger sus propuestas en la materia.

Los parlamentarios de la oposición -que tienen mayoría en la instancia- están por terminar con el orden de prelación vigente y evitar distinciones entre parejas del mismo o distinto sexo, además de incluir entre las personas aptas para adoptar a ciudadanos solteros.

La presidenta de la comisión, Pamela Jiles (PH), quien esta semana emplazó al gobierno a darle mayor celeridad a la tramitación del proyecto, dijo esperar "que la indicación del gobierno elimine las absurdas barreras que dan prioridad a matrimonios extranjeros sobre solteros, viudos o divorciados chilenos; también que elimine la búsqueda de parientes lejanos e inhábiles -como hemos visto- en vez de darles una nueva familia a los niños; y que el plazo máximo para que un menor en abandono se entregue en adopción plena sea de un año a contar del día en que ingresa a una residencia".

En esa línea, agregó que "esas medidas garantizarían salvar a por lo menos mil niños al año. Si no están presentes, la nueva ley no servirá para salvar vidas ni estará centrada en el interés superior del niño o niña".

Por su parte, el diputado de la DC Raúl Soto llamó al Ejecutivo a cumplir los plazos y a ingresar una indicación que no implique" discriminaciones arbitrarias".

En la misma línea se encuentran las diputadas Karol Cariola (PC) y Natalia Castillo (RD).

El diputado René Saffirio, en tanto, evitó ahondar en el fondo de la discusión, aunque aseguró que respaldará la iniciativa en caso de que esté centrada en el "interés y bienestar superior del niño".

Este lunes se vence el plazo en la comisión mixta para presentar indicaciones al proyecto de ley de identidad de género.

En este escenario, luego de algunas sesiones de debate, el Ejecutivo finalmente ingresará su indicación, la que fue trabajada por el Ministerio de Justicia y que ya fue entregada a la Segpres para su revisión. Esto, luego de que el Ejecutivo presentara el 9 de abril pasado una propuesta inicial que fue debatida por los parlamentarios de la comisión y que contempla permitir el cambio de sexo registral para adolescentes entre 14 y 18 años.

Según han transmitido desde La Moneda, la propuesta final del gobierno estipula que exista un programa de acompañamiento financiado por el Estado para los menores de 14 años que sientan que su sexo biológico no se condice con el psicológico, idea que no estaba determinada en el documento inicial que había presentado el titular de Justicia en la comisión mixta.

En ese texto original, sobre los menores de 14 años solo se señalaba que "en el caso de un niño o niña que presente la situación antes mencionada, sus padres podrán buscar los medios personales, profesionales y sociales para acompañar este proceso y apoyar al niño o niña, pero no podrán requerir el cambio de sexo registral". Y añadía: "Los sistemas educacional y de salud otorgarán las facilidades necesarias para que, en conjunto con los padres, puedan apoyar y acompañar en forma adecuada la realidad de cada caso".

La idea, según sostienen fuentes del Ejecutivo, se sumó a raíz de la petición de los parlamentarios de la oposición. De igual manera, otro de los puntos que se agregó es que el cambio de sexo registral para menores no sea necesariamente con la autorización de ambos padres, sino que también se incluye la posibilidad de que sea quien tenga la potestad del adolescente.

En todo caso, en el Ejecutivo explican que aún está pendiente el visto bueno de Piñera. De avanzarse en esta línea, el gobierno buscará sacar adelante su indicación y que sea aprobada en un escenario en el que hay resistencia de parlamentarios del propio oficialismo. El tema, de hecho, marcó el primer enfrentamiento entre la UDI -representada por su timonel, Jacqueline van Rysselberghe- y Piñera, ya que desde ese partido cuestionaron la decisión de que el Ejecutivo se involucre en una materia que no forma parte del programa de gobierno, lo que llevó a la senadora a amenazar con recurrir al TC si se incluía a menores de edad.

Hasta el Palacio de La Moneda llegaron ayer los diputados Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y Maya Fernández (PS), junto con el senador Ricardo Lagos Weber (PPD). Esto, para entregar una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera.

"En nuestra calidad de parlamentarios, venimos en solicitar a Ud., en su calidad de Presidente de la República, que ejerza sus privilegiadas potestades legislativas de las cuales los parlamentarios carecemos, con el fin de abordar de manera integral la discusión legislativa de la eutanasia", decía la misiva de los legisladores.

Esta iniciativa forma parte de una ofensiva que ha liderado el diputado Mirosevic con el fin de acelerar la tramitación del proyecto de ley que despenaliza la eutanasia, proyecto que ingresó el propio parlamentario en el año 2014.

"Sin su compromiso, el resultado legislativo difícilmente será el adecuado si tenemos en cuenta las importantes materias que la Constitución reserva de manera exclusiva a la iniciativa del Presidente de la República, así como también ocurre con las urgencias legislativas", agregaron los legisladores.

La presión para que el gobierno avance en eutanasia se suma a los otros flancos valóricos que debe enfrentar La Moneda, como los cambios en materia de adopción y la ley de identidad de género, temas que dividen al oficialismo y que ya han generado conflictos en ese sector.

La despenalización de la eutanasia, por ejemplo, ha evidenciado posiciones enfrentadas en Chile Vamos, especialmente al interior de Renovación Nacional.

Un sector de ese partido se ha mostrado contrario a avanzar en esta materia, mientras que los tres parlamentarios de la colectividad que integran la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se han manifestado a favor de avanzar en esta materia.