Gobierno reactiva gestiones para sacar adelante el Plan Araucanía
Moreno intensificará contactos con la oposición para acordar una propuesta de reconocimiento constitucional a pueblos originarios. Además, busca enviar este mes las indicaciones para el nuevo ministerio y pretende iniciar una nueva consulta.
Sería su visita número 19 a La Araucanía en lo que va de gobierno. El ministro Alfredo Moreno tiene contemplado trasladarse este jueves a esa zona para concretar una serie de reuniones que tiene agendadas, entre ellas, con comunidades mapuches.
El viaje se producirá luego de que el titular de Desarrollo Social fuera declarado por algunos gremios de la región como "persona non grata", lo que abrió una fuerte controversia en medio del complejo escenario que ya enfrentaba el gobierno por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, en el marco de un operativo de Carabineros.
Ahora, el objetivo de Moreno es reimpulsar con fuerza la agenda y lograr sacar adelante el Plan Araucanía, que sufrió un revés en medio de esos hechos.
Pese a que en La Moneda destacan que han tenido mejoras en el área económica en la zona debido al Plan Impulsa, reconocen que están atrasados en lo político. En ese sentido, según fuentes del gobierno, el titular de Desarrollo Social -tras el receso legislativo del Congreso- comenzó a reactivar las gestiones para sacar adelante los compromisos que se adquirieron en el acuerdo nacional por la paz en La Araucanía, dados a conocer en septiembre del año pasado.
Así, son varios los ejes que abordará el secretario de Estado, sin embargo, son principalmente tres áreas las que potenciará en los próximos meses. La primera de ellas es intensificar las conversaciones y reuniones con los parlamentarios de la oposición para conseguir un acuerdo para el proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, con el objetivo de poder enviarlo cuanto antes al Parlamento.
Si bien el acuerdo, según quedó plasmado en el documento final de la mesa de trabajo, contemplaba enviar la reforma a fines de 2018, Moreno llegó a un consenso en enero pasado con la centroizquierda para acordar la iniciativa. Las diferencias están en que algunos legisladores buscan que se reconozca un Estado plurinacional, entre otras ideas.
Un segundo punto que busca reimpulsar es conseguir enviar al Congreso, a fines de marzo, las indicaciones del Ministerio Indígena y del Consejo de Pueblos Indígenas, que actualmente se encuentran en segundo trámite constitucional en el Senado. Este tema fue otro de los acuerdos pactados en la mesa de trabajo y que ha sufrido varios traspiés. Incluso, entre diciembre del año pasado y enero de este año se postergó tres veces, por varios factores: los cuestionamientos del propio oficialismo a la idea de crear un nuevo ministerio y, además, el recrudecimiento del ambiente político por el caso Catrillanca.
En el caso del ministerio, la idea es mejorar algunos aspectos menores de la iniciativa que está en el Congreso, para que sea una cartera eficiente. Y respecto del consejo, se busca modificar las atribuciones y mejorar el procedimiento de elección de los consejeros para que sea más transparente.
Actualmente, las elecciones son manejadas por la Conadi. Y el objetivo, dicen en Desarrollo Social, es que sean supervisadas por el Servel. De hecho, en la cartera afirman que ya han tenido conversaciones con el organismo para ver con qué elecciones se podría hacer coincidir.
Consulta y nuevos proyectos
Otro de los puntos que el gobierno busca finalizar es la consulta indígena relativa a las nuevas bases curriculares para la asignatura de lengua y cultura indígena de primero a sexto básico. Esto, con el objetivo de elaborar un proyecto en la materia para favorecer el aprendizaje intercultural.
Se pretende que el proceso termine en abril, y que en mayo inicien nuevas consultas respecto de otros dos temas que también se acordaron en el marco del acuerdo nacional: ley de cuotas mínimas para promover la participación de candidatos indígenas en las elecciones y para la elaboración de una ley indígena.
En la cartera explican que para poder avanzar en esas iniciativas deben realizar consultas indígenas. Esto, debido al Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a consultar las medidas legislativas y administrativas que puedan afectar a los pueblos originarios.
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