Gobierno reconoce informe ONU, pero piden "validar las fuentes de información" en casos de violaciones a los DD.HH.

Mediante un informe de 5 páginas el gobierno respondió al informe realizado por la oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. Michelle Bachelet, que fue dado a conocer hoy y en el que se indica que en Chile "se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos" en el marco de la crisis social.

En el documento el gobierno realiza un análisis de las protestas, las medidas preventivas y correctivas adoptadas durante las protestas, así como la asistencia que le han brindado a las víctimas de violencia. Valorando el informe de la ONU, pero advirtiendo la necesidad de "validar las fuentes de información" respecto de algunos casos de presunta violación a los DD.HH.

"En algunos casos, el Informe afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso, en el marco del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país. En ese sentido, el Gobierno reitera la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia", indica la respuesta del Ejecutivo.

Se agregó que "el Gobierno de Chile agradece a la OACNUDH por la celeridad con la que concretó su visita y por la disposición que tuvo su Misión para recabar informaciones, tanto del Gobierno como de la sociedad civil. Las orientaciones y recomendaciones OACNUDH son bienvenidas, ya que tienen como objetivo mejorar prácticas en materia de derechos humanos, siendo estos una prioridad para el Estado de Chile. Sus recomendaciones contribuirán al análisis integral a que estamos abocados, en esta importante materia".

El gobierno hace dos días recibió el informe de la ONU, donde pudo conocer su contenido y responder a las principales conclusiones que se formularon en el escrito.

En uno de los puntos de la respuesta del gobierno, se formulan una serie de "precisiones" a lo indicado en el informe de la ONU en relación a diversos puntos.

Sobre las muertes de personas durante este periodo se indica que "en relación a la afirmación de 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas, cabe señalar que de esas 4 podrían atribuirse a agentes del Estado, tal como lo señala el Informe. Los demás casos corresponden a fallecimientos atribuibles a otras causas, la mayoría de los cuales ocurrieron en el contexto de saqueos e incendios y no tienen relación alguna con las manifestaciones pacíficos. Todos los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público".

En relación a las lesiones oculares, el gobierno se refuta que "el Informe no incluye las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, proporcionadas por la Unidad Trauma Ocular del Hospital El Salvador. Entre el 18 de octubre y 02 de diciembre se han atendido a 239 pacientes, de los cuales 16 han sufrido pérdida total de la visión un ojo y 75 tienen visión normal. 148 pacientes están en

evaluación de recuperabilidad. Adicionalmente, el Gobierno lamenta profundamente el caso de dos personas que han perdido completamente la visión en sus dos ojos".

Se critica también el uso del término "ejecuciones Extrajudiciales". A juicio del Ejecutivo "no corresponde utilizar esta figura en un país donde funciona plenamente el Estado de Derecho, pretendiendo involucrar a dos agentes del Estado imputados como autores del delito de homicidio y cuya investigación está en manos del Ministerio Público. Sólo se establecerá su veracidad en la sentencia judicial correspondiente".

En relación a las críticas de hostigamiento a líderes estudiantiles se responde que "el informe hace referencia a un único caso, que corresponde a una estudiante aprehendida por el quebrantamiento del toque de queda, no existiendo antecedentes que permitan afirmar que existió hostigamiento".

También se impugna lo señalado en el documento ONU en relación a las personas detenidas en las protestas y que muchos de ellos correspondieron a "jóvenes sin antecedentes penales". En ese sentido el gobierno indicó que "cabe precisar que 78% de los casos registran al menos una detención previa. Además, 81% de los detenidos por saqueos había sido arrestado al menos una vez antes y 63% de los detenidos por desórdenes había sido detenido con anterioridad".

Y sobre aprehensiones arbitrarias, se replicó que "al respecto, cabe clarificar que el 95,1% de todas las detenciones efectuadas desde el 18 de octubre han sido declaradas legales por los Tribunales de Justicia".

La subsecretaria de DD.HH. Lorena Recabarren realizó un punto de prensa para referirse al informe ONU, donde detalló algunos aspectos de la respuesta escrita que entregaron al organismo internacional.

"Junto con recibir el informe de la oficina del Alto Comisionado para los DD.HH de la ONU y tomar debida nota de aquel, el gobierno ha estimado relevante haber hecho las precisiones respecto de aspectos que no compartimos de este informe", indicó.

Y agregó que "reiteramos nuestra disposición a acoger todo aquello que tenga como objetivo mejorar prácticas en materia de DD.HH., su resguardo y protección. Siendo estos una prioridad irrenunciable para el Estado y el gobierno".