Incidencia del gobierno en normas transitorias: Domínguez dice que es “relevante” que los distintos poderes propongan “sugerencias” al proceso

Durante el consejo de gabinete ampliado que se realizó el martes en La Moneda, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, presentó la propuesta sobre cómo el gobierno incidirá en el proceso constituyente -ad portas del plebiscito de salida del 4 de septiembre- y el rol que Ejecutivo debiera jugar frente a las etapas pendientes, específicamente en el mecanismo de transición de la actual Constitución al nuevo texto.

Mediante una minuta, a la que tuvo acceso La Tercera, se detalló que al ser el gobierno el principal responsable de la transición entre el sistema actual y el propuesto por la Convención Constitucional, la administración de Boric debe colaborar con el órgano redactor en la determinación de los artículos transitorios. Esto, en miras de la entrega oficial de la propuesta de una nueva Constitución, la que se concretaría a más tardar el 5 de julio.

Ante ese escenario, este miércoles la mesa directiva de la Convención abordó la decisión anunciada por La Moneda y la eventual incidencia que ésta pudiera tener en dicha etapa.

A juicio del vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, el proceso para transitar del actual al nuevo sistema “es como un puente entre la Constitución que queda atrás y la Constitución nueva”, por lo que “en la construcción de este puente deben participar, de alguna manera, los dos lados”.

Y si bien precisó en que la redacción y elaboración del contenido se concretará al interior del órgano constituyente -para que después la ciudadanía decida-, “es muy relevante que los distintos poderes del poder constituido, el Congreso, Poder Judicial, Ejecutivo, puedan manifestar o proponer sugerencias sobre cómo transitar de lo actual y a lo nuevo”.

“Y sabemos que es muy relevante para dar certezas a la ciudadanía que esta transición sea progresiva para producir un mejor resultado”, agregó.

La presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, en tanto, reiteró que “la Convención Constitucional ha sido, es y será un órgano autónomo”, pero que todos los actores de la sociedad, ya sean “las personas, las instituciones, el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, tienen su opinión, su sugerencia que dar, las que, como siempre, son bienvenidas desde la Convención”.

Eso sí, puntualizó en que “siempre respetando la autonomía y los conductos regulares que tenemos en la Convención Constitucional”, y que será la Comisión de Normas Transitorias la que definirá “cómo proceder ante todos estos feedbacks”.

La postura del gobierno respecto a “no ser neutrales en el proceso” y al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, también fue uno de los puntos abordados por la mesa directiva de Quinteros y Domínguez.

Es así como los líderes del órgano encargado de redactar una nueva Carta Magna para el país respaldaron que exista prescindencia para los funcionarios de gobierno respecto a dicha consulta.

El Presidente, Gabriel Boric, ha dicho que si bien mantendrán la prescindencia frente a los citados comicios, tal como lo establece la ley, él no es “indiferente” al proceso.

De hecho, ayer, luego del consejo de gabinete de ministros realizado en La Moneda, el Mandatario abordó este tema: “El gobierno tiene el deber de garantizar a ambas posiciones, tanto la del Apruebo como del Rechazo, iguales condiciones para poder difundir su pensamiento, su visión, su opción”. Agregó que “el gobierno, con los recursos públicos de todos los chilenos, no puede tratar de incidir en una dirección u otra”.

Sin embargo abrió la puerta para que sus ministros, fuera de sus funciones, pudieran manifestar su opción frente al plebiscito. “Tienen todo el derecho a manifestar cuál es su opción política y cuál es su planteamiento respecto al fondo de la discusión”, indicó. Esto, en medio de las declaraciones de algunos secretarios de Estado -y del propio Mandatario-, quienes han que asegurado que el gobierno no puede ser neutral ante el proceso.

Incluso, este miércoles, el ministro de la Segpres anunció un instructivo que regulará el actuar de los funcionarios públicos durante la campaña legal del plebiscito de salida.

“El Estado no puede forzar, en este caso, a los funcionarios a no tener opinión política, pero sí prescindencia en el ejercicio de sus funciones”, indicó.

Al respecto, la presidenta Quinteros indicó que “todos los funcionarios públicos deben cumplir con el deber de prescindencia, y eso quiere decir que no pueden hacer campaña, lo tenemos súper claro”, agregando que la posición del Ejecutivo es “clara”. “El gobierno siempre ha apoyado desde el inicio, incluso antes de ser gobierno, la realización de esta Convención, entonces agradecemos siempre esa voluntad”, complementó.

También, enfatizó en que “esperamos del gobierno lo que el Acuerdo por la Paz establece: que es apoyo logístico, administrativo y financiero, eso es lo que esperamos y lo único extra que hemos solicitado”. Lo anterior, en el marco de la solicitud que realizó la testera del órgano al Ejecutivo para contribuir -entre julio y agosto- con una campaña de información.

“Que por favor puedan ayudar a cumplir este derecho de información que tenemos todos”, apuntó la presidenta.

Mientras que Domínguez sostuvo que “esta es una Constitución de ciudadanos para ciudadanos, no es una Constitución de un Congreso de partidos políticos para partidos políticos”.

“Es de personas que no militamos, en su mayoría independientes como la presidenta y yo, que pondremos a la disposición de la ciudadanía para que ellos voten y, finalmente, los poderes políticos deban utilizar esta Constitución para poder seguir avanzando, teniendo estas reglas del juego en esta cancha que va a ser la Constitución”, sentenció.