Ivonne Mangelsdorff, consejera de RN: “No podemos estar encapsulados tratando de escribir un texto entre cuatro paredes”

La consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) junto a su bancada anunció esta semana una medida que impulsarán en el Consejo Constitucional para que la propuesta de nueva Constitución tenga normas que ayuden a combatir de manera efectiva la corrupción.

La arremetida de la bancada RN y Evópoli se da justo cuando el caso desatado por las transferencias de recursos a la fundación Democracia Viva golpea al gobierno y al oficialismo, en cuyas filas han advertido que tiene visos de corrupción. En conversación con La Tercera, la representante de O’Higgins explica la enmienda que promoverá y, a su vez, señala de qué manera el Consejo convive con los hechos que se toman la contingencia política.

¿Por qué su bancada decidió pasar a la delantera anunciando esa norma de muerte cívica para corruptos?

Nosotros comenzamos nuestro trabajo con la premisa de que era muy relevante mejorar la probidad, la transparencia y tener un texto que combata la corrupción. No fue una decisión de pasar a la delantera, fue materializar una preocupación. Como centroderecha sentimos que este es un tema que tenemos que profundizar y trabajar para las próximas décadas, más allá de la coyuntura actual. El Estado tiene que subir sus parámetros y ser mucho más eficaz y eficiente. Por eso es tan importante que la Constitución no solo hable de corrupción, sino que pueda combatir de manera efectiva este tema.

¿En qué consiste la enmienda que anunciaron?

A mí me interesa no solo que se establezca que es deber del Estado la integridad. Yo quiero algo más directo, que digamos que la corrupción se tiene que condenar por todos los órganos del Estado y por cualquier persona que trabaje en el Estado. Nuestra intención es contar con una norma expresa que diga que cualquier persona que trabaje en algún órgano del Estado -ya sea un juez, un parlamentario, un ministro de Estado, un alcalde, un concejal, un seremi, un director de servicio-, cualquier persona que sea condenada por un hecho que reviste carácter de delito por hechos de corrupción, nunca más pueda ejercer un cargo público.

¿No es suficiente el impedimento actual de no volver a trabajar en el Estado hasta por cinco años?

Ese tipo de medidas ha provocado que a lo largo de nuestra historia tengamos autoridades que después de cumplir esa sanción vuelven a postularse y a ocupar cargos públicos. Por eso la gente percibe que esto es como una burla. Lo nuestro se trata de un nunca más, de una muerte cívica literal.

¿No es una medida excesiva?

Para nada, tenemos que dar el ejemplo. Hoy día hemos visto un daño a la fe pública muy importante, por lo tanto, los funcionarios públicos no solamente deben tener una conducta intachable, sino que también deben cumplir con estos parámetros exigentes.

¿De qué manera hechos externos como el “caso convenios” están influyendo el trabajo del órgano redactor?

Influye en la medida en que afecta a la fe pública y afecta algo tan importante que es la credibilidad de las instituciones. Entonces, estos temas hay que tratarlos con seriedad. La Constitución es una construcción no solamente jurídica, es una construcción social y política, en la que tenemos que subir los parámetros para quienes trabajen en los órganos del Estado.

O sea, ¿van a estar pensando normas en base a la contingencia?

Pero una contingencia que sintonice con la realidad que estamos viviendo, pero que claramente no viene a manipular el trabajo que estamos desarrollando. No podemos estar encapsulados tratando de escribir un texto entre cuatro paredes. Pensar eso es un error.

¿No puede ser riesgoso pensando en que la Constitución tiene que ser un texto que se prolongue en el tiempo más allá de estar buscando soluciones a los asuntos coyunturales de corto plazo?

Es que el combate a la corrupción no es un asunto coyuntural. La transparencia y la probidad son principios básicos que tenemos que tener muy resguardados para las próximas décadas. Por eso nosotros tenemos que ser capaces de trabajar estos temas con objetividad, con seriedad, con mucho profesionalismo y poner a disposición no solamente nuestros conocimientos, sino que también nutrirnos de las opiniones de expertos y de la sociedad civil.

¿Qué señales van a dar ustedes a través de sus enmiendas? ¿Van a hacer cambios fuertes al anteproyecto o ajustes menores?

En su redacción el anteproyecto tiene un consenso no solamente político, sino que también jurídico. Cuando lo lees, ves armonía de las normas redactadas, ves que efectivamente los distintos sectores políticos se colocaron de acuerdo en las ideas para plasmarlas en esta construcción de un Estado al servicio de las personas, un Estado más social en derechos que son básicos. Como bancada y como sector tenemos un rol muy importante de no pasar una aplanadora de las ideas. Más allá de que la derecha tenga mayoría, la centroderecha debe trabajar para que estas ideas no pasen la aplanadora y para que, efectivamente, tengamos un texto acordado con las distintas fuerzas políticas que hoy día están en este Consejo.

¿O sea el ánimo de las enmiendas es resguardar el equilibrio del anteproyecto?

Absolutamente, resguardar ese equilibrio, porque es un equilibrio consensuado. Claramente todo es perfectible y ese ha sido nuestro trabajo. El ánimo cotidiano y permanente ha sido que convivamos en estos acuerdos y que ninguna idea se superponga a otra.

¿Espera que esa misma actitud esté presente en los republicanos?

Absolutamente. En republicanos, en la izquierda, en todos. Yo veo a todos en una actitud muy dialogante, con mucho respeto.