Julián López, abogado defensor de controladores de Penta: "Gajardo y Norambuena no estuvieron dispuestos a dar la pelea"

El abogado de los controladores del grupo Penta, Julián López, enfrenta las criticas del exfiscal Carlos Gajardo -quien originalmente imputó el delito de soborno a Carlos Délano y Carlos Lavín- al acuerdo alcanzado con el Ministerio Público para arribar a un procedimiento abreviado.

Afirma que cuando llega el momento en que la imputación de los entonces fiscales Gajardo e Iván Norambuena tenía que ser defendida en un tribunal, "ellos se retiran del Ministerio Público y se dedican a criticar la conducta de sus colegas por no dar la pelea que ellos no estuvieron dispuestos a dar".

¿Cree que Gajardo y Norambuena hubiesen tenido margen al interior de la fiscalía para dar esa pelea de acusar cohecho?

No voy a hacer especulaciones, solo menciono los hechos. Y los hechos son que a cuatro años del inicio de la investigación hemos llegado a un acuerdo abreviado con el Ministerio Público por exactamente la misma pena por la cual llegamos a acuerdo de procedimiento abreviado con Gajardo y Norambuena. Y lo que ocurre es que hoy, cuando tenemos que definir cuáles son los delitos por los cuales se impone esa pena, quienes imputaron esos delitos y que hasta el día de hoy sostienen que esos delitos existen, no están acá disponibles para defender esa posición.

¿Que saca en limpio luego de que sus clientes fueran de los pocos que estuvieron en la cárcel?

Creo que hay muchos aprendizajes en este caso, y tiene que ver con los problemas que provoca para el funcionamiento del sistema la generación de expectativas desmesuradas. Y que se trate de hacer justicia sobre la base de imputar delitos inexistentes solamente porque los delitos existentes no satisfacen a las pretensiones de pena que tienen los fiscales o que tiene el público.

Si bien el juez dio el vamos al procedimiento abreviado, no se ha pronunciado por las condenas. ¿Hay inquietud?

Por ley, el juez de garantía no puede imponer una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público. Y la fiscalía solicitó una pena de cuatro años asociada a una pena sustitutiva de libertad vigilada.