La compleja instalación administrativa del gobierno

"Complejo". Así califican ministros y autoridades del gabinete del Presidente Sebastián Piñera el proceso de instalación administrativa del gobierno. Esto, haciendo alusión a las dificultades que han tenido para integrar personas a sus equipos a través de contrataciones en las diferentes carteras. Esto, principalmente debido a dos fallos que ha emitido la Corte Suprema y que al interior del oficialismo ya señalan como "fallos de amarre".

Uno de ellos, que corresponde al 13 de marzo pasado, se da luego de un recurso de protección que presentó un funcionario a contrata de la Superintendencia de Valores, quien argumentó que fue despedido "de manera injusta y sin motivos".

A raíz de esto, la corte determinó que existen restricciones para poner término a los empleos a contrata para personas que han tenido renovaciones por más de dos períodos, lo que se traduce en "relaciones indefinidas por el Estado".

A este fallo se sumó uno emitido el pasado 15 de marzo respecto de los contratos a honorarios. El fallo se da luego de un recurso de protección presentado por una empleada municipal de Arica, quien estaba en el municipio desde 2008 y a quien sacaron en diciembre de 2016 con la llegada del nuevo alcalde.

Según el dictamen de la Suprema, establece que "debe uniformarse la jurisprudencia en el sentido que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sujetas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la administración del Estado (…)".

Junto con lo anterior, los ministros han tenido que enfrentar un reciente dictamen de Contraloría que regula las contrataciones a honorarios. Y, además, adecuarse a estándares que impuso el Presidente Piñera para la contratación de personal a honorarios, que los propios ministros celebran, aunque califican de "más exigentes" que los existentes anteriormente.

En este escenario es que -según fuentes de Palacio- en ministerios como Minería, Bienes Nacionales, Educación, Interior y Obras Públicas, entre otros, han tenido problemas para desvincular a personal de la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

"Estas dificultades se producen, primero, por la no voluntad de muchas personas, muchos de los cuales son activistas políticos, que nadie sabe para qué estaban en las pegas y no quieren irse de las pegas. Segundo, esto de alguna manera fue ratificado o se generó también producto de un fallo de la Corte Suprema que salió sólo a unos días de asumido el gobierno del Presidente Piñera", aseguró ayer a La Tercera el ministro de Minería, Baldo Prokurica.

"Es absurdo que en las urnas el voto popular tome una decisión y la administración pública no quiera obedecerlo, no quiera adecuarse (…). Nosotros vamos a cumplir la ley, por supuesto. Pero tenemos que trabajar con la Contraloría y con las autoridades que corresponda con la finalidad de que de verdad se produzcan los cambios", añadió el ex senador RN.

Debido a estas dificultades es que el titular de Minería se puso en contacto el lunes con su par de la Segpres, Gonzalo Blumel, a quien le planteó estas inquietudes para ver de qué manera se pueden solucionar. De igual manera, espera abordar el tema con otros ministros sectoriales.

En algunas carteras, incluso, se ha evaluado la opción de acudir al Tribunal Constitucional para revocar el fallos. En ese sentido, fuentes de la Segpres reconocen que ha sido difícil la instalación, y que el equipo jurídico de la cartera ha estado revisando los antecedentes. Sin embargo, precisan que los fallos los han "amarrado de brazos" y que no tienen mucho margen de acción. Y, que ven poco probable la idea de acudir al TC, debido a que deberían encontrar una "pata de inconstitucionalidad" que hasta el momento no perciben.

Según fuentes oficialistas, en algunas reparticiones cuando comenzaron a instalarse no se podía incluso cargar la información interna de cuántos funcionarios estaban a contrata, honorarios o de planta. Las mismas fuentes aseguran que se han generado catastros respecto del número de decretos que habrían ingresado a Contraloría en los últimos meses para sortear la toma de razón de contratos a honorarios que pasaron a contrata.

En el MOP, donde hay cerca de 9.500 personas trabajando, por ejemplo, el subsecretario Lucas Palacios explica que se está realizando un catastro respecto del nivel de carga presupuestaria que existe en relación a los compromisos por contratos.

"Nosotros estamos haciendo un levantamiento a nivel presupuesto que compare el presupuesto que tenemos durante este año para contrataciones y para financiamiento de personal versus lo que efectivamente está comprometido a nivel de contratos y honorarios", afirmó Palacios. Y agregó: "Es evidente que en los últimos meses se vio una contratación exagerada".

Desde uno de los ministerios comentan que uno de los mayores problemas que han enfrentado es la falta de presupuesto para la contratación de gente, debido a que los recursos están asignados por ley. "La gente que debía irse se fue", afirma una autoridad de gobierno en referencia a los cargos de confianza con un perfil más político. Un secretario de Estado agrega que el 31 de marzo se vencen muchos contratos de trabajo que no serán renovados y ahí se liberarán fondos para la renovación de puestos.

Consultado respecto de las complejidades de la instalación, el ministro de Educación, Gerardo Varela, asegura que "la verdad que yo sólo pedí una renuncia que es el superintendente de Educación. Me presentó hoy día su renuncia". Luego, dimensiona el margen de acción que tiene actualmente para realizar cambios. "Si hay gente que se fue, que estaban en cargos de confianza y son alrededor de 30 personas", sostiene.

En el caso del Ministerio de Bienes Nacionales, en tanto, fuentes de la cartera señalan que se está recolectando información de todas las personas que estarían con lo que han denominado "contratos amarrados", es decir, a los que nos pueden desvincular debido a que argumentan que hubo cambios en las cláusulas de los contratos.

En otras reparticiones, además, según fuentes de gobierno, a algunos se les modificaron hace dos años sus contratos, sacándoles sus cláusulas de "exclusiva confianza", lo que aseguran se hizo de manera discrecional para evitar que fueran desvinculadas.