La disparatada tramitación de la reforma electoral más conflictiva de los últimos años

Casi a la misma hora en que el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) levantaba en la sala de la Cámara una nueva tesis política detrás de la reforma electoral, a la que calificó de “antipobres”, otra legisladora oficialista, Camila Musante (independiente PPD), con el apoyo del PC, anunciaba que buscaría firmas para recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por una disposición que eliminaba el feriado irrenunciable a los trabajadores del comercio en días de elecciones.

Ambas situaciones eran los últimos incidentes de lo que ha sido la conflictiva tramitación de este proyecto que extiende a dos días las elecciones municipales y regionales de octubre y que implementa otras medidas electorales.

Precisamente por el carácter misceláneo del proyecto, la discusión tocó sensibilidades de distinta índole, desde intereses económicos hasta político-electorales.

La iniciativa, que finalmente será vetada por el Ejecutivo, ya había pasado por una comisión mixta -grupo conformado por cinco diputados y cinco senadores- que se constituyó precisamente para resolver controversias entre ambas ramas del Congreso.

Sin embargo, las propuestas de solución no agradaron al oficialismo, que repentinamente les quitó el piso a las fórmulas de solución para reponer multas, rebajar los aportes fiscales a campañas electorales y regular la propaganda en redes sociales y medios regionales.

El problema es que las controversias no se limitarán a la tramitación legislativa, etapa que aún no finaliza. Las polémicas inevitablemente continuarán en la fase siguiente en el Tribunal Constitucional, que debe revisar en forma obligatoria el texto, pero con mayor acuciosidad si hay dudas jurídicas por el feriado de los trabajadores y la que levantó el gobierno respecto del voto obligatorio a los inmigrantes.

“A los que quieren obligar, forzar, a ir a votar, son los pobres, por eso es que este proyecto es antipobres. Es castigar a los pobres por no participar”, dijo el diputado Winter, al defender el voto obligatorio y cuestionar la aplicación de multas a los electores que no concurran a las urnas.

La crítica del legislador frenteamplista, no solo apuntaba a la derecha, indirectamente también le pegaba al gobierno, ya que la propuesta de aplicar sanciones pecuniarias estaba en el propio mensaje que firmó el Presidente Gabriel Boric y los ministros Álvaro Elizalde (PS), Camila Vallejo (PC) y Jeannette Jara (PC), dado que la norma habilita que la jornada de votación del sábado sea feriado normal y no irrenunciable, manteniendo el cierre del comercio el domingo.

Sorpresivamente en sala, el diputado Johannes Kaiser (Ind.) salió a defender el proyecto del gobierno y refutar al legislador frenteamplista.

En todo caso, la tesis política de Winter no fue la única crítica, de ribetes conspirativos, que se planteó en la discusión.

Incluso, antes de que La Moneda, enviara la iniciativa, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, levantaron suspicacias de que la elección de dos días -medida que buscaba evitar el colapso de las sedes de votación ante el estreno de voto obligatorio en elecciones municipales y regionales- podría dar paso al robo de urnas y fraudes.

Estos reparos llevaron a que algunos parlamentarios republicanos y de UDI se opusieran a la idea de legislar. Ello se manifestó en las votaciones iniciales del Senado y la Cámara, pero esas disidencias quedaron en minoría y pasaron al olvido.

Sin embargo, rápidamente el conflicto se trasladó a otro tema sensible que tocaba la reforma miscelánea: el recorte a las platas políticas.

Esta medida no había sido solicitada por el Servicio Electoral, que fue la institución que convenció al Ejecutivo de embarcarse en la reforma por la elección en dos días.

La idea de rebajar el financiamiento fiscal a campañas electorales fue una petición del Ministerio de Hacienda, que dirige el ministro Mario Marcel (Ind. PS).

Actualmente el Fisco reembolsa, por cada voto obtenido, $ 1.500 a los candidatos y, adicionalmente, $ 560 a sus partidos.

En vista de que el voto obligatorio incidiría en una mayor participación electoral, la idea del gobierno era bajar el reembolso fiscal a los candidatos a $ 970 por cada voto, mientras que la devolución, adicional, que se entrega a las colectividades a $ 370. En caso contrario, el Fisco tendría que destinar más de $ 30 mil millones adicionales para las campañas.

Sorpresivamente ese intento de La Moneda generó una rebelión en el Senado en contra de la medida de austeridad de Marcel. Esta suerte de sublevación fue liderada por los legisladores oficialistas, entre ellos la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y del PPD, Jaime Quintana, que votaron en contra. Los senadores de la UDI Juan Antonio Coloma y Javier Macaya, entre otros, se plegaron a la jugada, pero en vez de rechazar, se abstuvieron.

El hecho descolocó al gobierno, ya que en la sala nadie habló en contra del recorte. Aparentemente los senadores estaban conscientes de que defender las platas políticas podía ser un acto impopular. Simplemente, los disidentes rechazaron o se abstuvieron. Al no alcanzar el quórum de 29 votos, el tema de recorte del financiamiento de campañas se cayó.

El tema del financiamiento fue repuesto por el Ejecutivo en la Cámara, donde si bien había algunos parlamentarios que soterradamente no querían recortar los aportes electorales, pesó más la presión social. Al final, los diputados se allanaron a la propuesta de ahorro fiscal.

Lo curioso es que en esta materia los diputados Kaiser, Pamela Jiles y del Partido Republicano salieron a apoyar al Ejecutivo.

En todo caso, para evitar que ocurriera lo mismo que en el Senado, La Moneda tuvo una ayuda de la secretaría de la Cámara, que rebajó el quórum de aprobación de la reforma.

En vez de los cuatro séptimos que definió el Senado, equivalente a 29 senadores y 89 diputados, la Cámara acordó que el piso de aprobación fuese de mayoría de legisladores en ejercicio: 78 diputados (o su equivalente a 26 senadores). Ese punto se votó en la sala.

Esta diferencia de criterio, que deja en dos esquinas distintas a las secretarías del Senado y la Cámara, es una rareza legislativa. De hecho, funcionarios antiguos del Congreso no tienen recuerdo de algo similar.

El punto de discordia es que el Senado considera que es una reforma que debe regirse con el quórum que señala la Constitución para modificaciones del sistema electoral, mientras que la Cámara cree que se trata de un simple cambio a leyes orgánicas constitucionales.

Si bien el gobierno y las autoridades prefirieron no ahondar en esta controversia, existe el riesgo de que esta diferencia estalle en la revisión que debe hacer el Tribunal Constitucional, que en el peor escenario puede anular toda la tramitación si estima que la reforma debió haberse tramitado con el quórum del Senado.

A pesar de que los diputados apoyaron al Ejecutivo en el tema de las platas, el desfonde en la Cámara se dio por otro lado.

Tres diputados oficialistas, que son cercanos al ministro Elizalde y, por lo general, se caracterizan por actuar disciplinadamente, lideraron otra rebelión: el liberal Vlado Mirosevic y los socialistas Raúl Leiva y Leonardo Soto.

Ellos convencieron a sus pares del oficialismo de votar en contra de la multa que había fijado el Senado. El problema es que al caerse la sanción pecuniaria, a juicio del Servel, la reforma perdía toda justificación. Al no haber multa, bajarían los votantes, por lo tanto, ya no sería necesario tener dos días los locales de votación abiertos.

Cuando se votó la iniciativa en la Cámara, el lunes 1 de julio, Elizalde no pudo estar presente, por lo tanto ese día solo estaba la subsecretaria Macarena Lobos, quien ha llevado las conversaciones técnicas y políticas del proyecto. Sin embargo, la diputada Pamela Jiles (Ind.) y su par republicano, Agustín Romero, no dieron la unanimidad para que ella ingresara a la sala. Por lo tanto, en esa ocasión, el Ejecutivo intentó infructuosamente a distancia tratar de evitar el descuelgue oficialista de las multas.

La maniobra de Mirosevic, quien pidió la votación separada para el tema de las sanciones, tenía una razón de fondo. El diputado liberal es partidario del voto voluntario y su visión comenzó a ganar apoyos en el Frente Amplio y en el resto del oficialismo, donde temen que el sufragio obligatorio favorezca electoralmente a la derecha en los próximos comicios.

De hecho, en la alianza gubernamental sospechan que se puede replicar la tendencia que se dio para la elección de consejeros constitucionales, donde el gran ganador fue el Partido Republicano.

Lo paradójico es que hace solo dos años los legisladores del oficialismo, entre ellos el entonces diputado Boric, defendía el voto obligatorio, mientras que algunas bancadas de derecha preferían el sufragio voluntario que fue implementado durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Dado el cruce de posturas, al menos en la comisión mixta, la subsecretaria Lobos tenía un piso para reponer gran parte de las medidas que impulsaba el Ejecutivo. Sin embargo, sorpresivamente, el martes en la mañana, irrumpió el ministro Elizalde para plantear un nuevo problema que hasta la semana pasada nadie había alertado: los efectos de obligar y multar a los extranjeros que tienen derecho a voto en Chile. A cambio, propuso fijar una multa solo a “ciudadanos” y no a todos los “electores”, concepto que incluye a los extranjeros con cinco años de residencia.

El derecho a voto a los inmigrantes, no nacionalizados, es una particularidad de la legislación chilena, que existe desde la Constitución de 1980.

Ante el alegato del ministro, los senadores de derecha se opusieron a limitar la multa solo a ciudadanos chilenos y acusaron un “cálculo electoral” detrás.

En el oficialismo admiten que hay una consideración electoral. Si el voto obligatorio ya podía tener un efecto adverso para el oficialismo, la concertación de votantes extranjeros, especialmente venezolanos -de los que se sospecha son críticos de la izquierda-, agravaba el problema en ciertas comunas como Santiago, Estación Central, Independencia o Recoleta.

El giro del debate provocó un sorpresivo enroque de posturas. El oficialismo, que históricamente ha tenido una mirada más llana a la migración, asumió una postura contraria al voto obligatorio de extranjeros, mientras que la oposición, que ha promovido una política de expulsiones y de cierre de fronteras, defendió el deber que tendrían los forasteros a sufragar en Chile.

Además del tema de las multas, el voto extranjero y las platas políticas, surgió otro tema conflictivo: la propaganda electoral en redes sociales y canales regionales.

Al menos el texto que salió del Senado, a petición de legisladores regionalistas, regulaba la publicidad electoral en medios locales. El hecho derivó en un reclamo de Anatel, que agrupa a los canales nacionales. Según algunos senadores, con el proyecto los canales locales podían regularizar su venta de publicidad electoral y acceder a nuevos ingresos.

Ese punto fue uno de los nudos que debió ser revisado por la comisión mixta, pero tras el rechazo de informe por parte del Senado, la regulación de la propaganda en redes sociales y medios regionales quedó en suspenso.