La Moneda presenta propuesta transitoria para paliar crisis de isapres en medio de presión de la Suprema y del Congreso

A través de un par de disposiciones misceláneas que serán incluidas en la Ley de Reajuste del Sector Público, el gobierno presentará una propuesta para adelantar la aplicación de los nuevos Índices de Costos de Salud (ICSA).

Si bien esta propuesta en materia de Salud no tiene directa relación con el alza de remuneraciones en el aparato estatal, la idea del Ejecutivo es aprovechar la prioridad de este proyecto salarial -que debe estar resuelto antes de Navidad-, para comenzar a esbozar una fórmula de solución a la crisis de la isapres.

En lo medular, la fórmula gubernamental propondría adelantar a los meses de marzo y abril el reajuste del ICSA (una suerte de IPC, un Índice de Precios del Consumidor de la Salud), de manera que las isapres tengan con qué solventar sus gastos en el corto plazo.

Sin embargo, en el Congreso la iniciativa es vista solo como una medida transitoria -incluso algunos la califican como un “parche”-, por lo que existen dudas de que esta propuesta tenga un efecto real para evitar el desmoronamiento del sistema previsional privado, en consideración de la seguidilla de fallos de la Corte Suprema que obligan a las isapres a devolver excedentes a sus afiliados y que han puesto un techo para las alzas de planes en lo referente a las primas por Garantías Explícitas de Salud (GES).

El diseño que ha trabajado el Ejecutivo propone enfrentar gradualmente la crisis. En primer lugar, resolver el tema de las primas GES, que deben ajustarse a más tardar en enero. En segundo término, delinear antes de mayo un mecanismo que permita a las isapres devolver los excedentes sin generar una quiebra colectiva del sistema. Y, por último, una reforma a largo plazo que se haga cargo de una nueva previsión en Salud.

En las últimas semanas, en la solución del tema más inmediato -cuya propuesta se materializaría este lunes- se involucraron los equipos de los ministros de Hacienda, Mario Marcel; de la Secretaría General la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (PS) y de Justicia, Luis Cordero, además del grupo de profesionales que comanda la titular de Salud, Ximena Aguilera.

El trabajo de los ministros, no obstante, ha estado sometido a una presión adicional de parte del Congreso, además de la premura que le ha puesto la propia Suprema para el cumplimiento de sus fallos.

De hecho, el 20 de noviembre, la Tercera Sala del máximo tribunal desechó un recurso de aclaración de la Superintendencia de Salud sobre la sentencia emitida en agosto por las primas GES: “Lo que corresponde a cada isapre es dar cumplimiento al fallo referido desde la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada”. De acuerdo a la Asociación de Isapres, la aplicación del fallo GES provocará una caída en ingresos en un 12% por mes.

Además, la oportunidad en la que el gobierno presentará su propuesta transitoria para adelantar la aplicación de los Índices de Costos de Salud, estará marcada por el inicio de las votaciones en la Comisión de Salud del Senado de la llamada “Ley Corta de las Isapres”. Originalmente, esta iniciativa tenía como finalidad abordar el tema de la devolución de excedentes, pero en vista de las nuevas sentencias también debería dar una solución más estable a las primas GES.

El problema para el Ejecutivo es que el presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro (PS), ha sido particularmente crítico de la estrategia gubernamental, a pesar de ser un legislador oficialista.

Al igual que los otros miembros de esta instancia legislativa de la Cámara Alta, ha presionado a La Moneda para que se presente una propuesta integral al sistema de Salud para dar una solución sustentable a la crisis de las isapres.

Esta comisión, en la que participan además los senadores Francisco Chahuán (RN), Sergio Gahona (UDI), Juan Ignacio Latorre (RD) y Ximena Órdenes (independiente-PPD), se reunió en La Moneda, el miércoles pasado, con los ministros Marcel, Elizalde (PS) y Aguilera.

La cita, en la que además estuvo el exministro de Salud Emilio Santelices, quien dirige una mesa técnico-política que está estudiando vías de solución a la crisis, sirvió para abordar escenarios futuros, pero terminó sin acuerdo.

Incluso, en el encuentro, se cristalizaron con mayor nitidez las posturas casi irreconciliables entre quienes no quieren hacer un plan de reformas que sea visto como un salvataje a las isapres -postura predominante en el gobierno y en la izquierda oficialista- y quienes creen que debe buscarse una fórmula que evite un desfonde del sistema. En esta última posición están los senadores de oposición y el mismo Castro, cuyas gestiones fueron respaldadas la semana pasada por la Comisión Política de su partido, el PS.

La posición del senador socialista -quien asumió un rol protagónico en las negociaciones, desplazando a la ministra Aguilera-, ha dejado al gobierno en una incómoda situación de desventaja en la Comisión de Salud de la Cámara Alta.

En la reunión del miércoles en La Moneda, Castro fue uno de los más severos con la estrategia de La Moneda.

Consultado por La Tercera, el legislador del PS explicó que su preocupación es que al final la cuenta la termine pagando el afiliado de las isapres, quien tendrá que asumir los mayores costos por la aplicación del fallo por las primas GES. “Que la propuesta del Ejecutivo vaya en forma aislada al sistema de discriminación de sexo, por edad y enfermedades, nos parece que es insuficiente. Es aislado. No cambia la estructura discriminatoria. Esto hay que hacerlo con una modificación más profunda”, dijo Castro.

Por su parte, la Asociación de Isapres envió un comunicado que también señala que será insuficiente adelantar el reajuste del ICSA.

“En las últimas horas, todas las Isapres aplicaron la modificación de la tarifa GES, cumpliendo el fallo de la Corte Suprema. El efecto irrefutable de esta medida, informado por la propia Superintendencia de Salud, es la caída de un 12% de los ingresos mensuales del sistema. El equilibrio del sistema se ha roto. Desde este mes, los aportes de los afiliados no cubrirán los costos asociados a sus atenciones”, dice el comunicado.

“El riesgo de una emergencia previsible, que nadie quiere y que afectará a prestadores y pacientes, públicos y privados, es evidente. El adelanto del ICSA que ha planteado el gobierno, es insuficiente para enfrentar esta crisis. Por ley, este indicador se usa anualmente para incorporar en los precios parte de los incrementos de costos que deben cubrir las Isapres, y es incapaz de abordar una caída en los ingresos de la magnitud que enfrenta el sector”, añade la declaración.

“Debemos ser claros: esta medida, como se ha dado a conocer, no resuelve la crisis y, por lo tanto, no evita el fin forzado del sistema. Es razonable suponer que esto provocará decisiones en los prestadores muy graves para las personas. Y es incomprensible que el gobierno, que está consciente de esto, no proponga una verdadera solución”, señalan las prestadoras, que emplazan al Presidente Gabriel Boric a traducir sus expresiones de preocupación “en acciones concretas, para llegar a soluciones reales”.

Anoche, en tanto, el Ministerio de Salud emitió un comunicado de prensa en respuesta a la Asociación de Isapres. “Con respecto a la declaración pública de la Asociación de Isapres, creemos necesario aclarar los siguientes hechos. La modificación de la tarifa GES aplicada por isapres es en cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema que juzgó que las alzas aplicadas por este concepto fueron excesivas e injustificadas y exigió suspender estos cobros. Los afiliados de isapres desde enero percibirán una reducción en sus tarifas producto de la aplicación de dicha sentencia”, señala el texto.

Luego, el comunicado del Minsal prosigue. “Entendiendo el efecto de estas sentencias para la industria, el gobierno ha propuesto el adelanto del reajuste de las tarifas por precio base de la isapre, como una de las medidas de mitigación y de forma proactiva, dado el rechazo de la Corte a prorrogar la entrada en vigencia de la sentencia. El ejecutivo nunca ha planteado que sea suficiente, para ello se requiere aprobar la llamada ley corta, que considera mecanismos que permiten llegar al equilibrio financiero, pero exigiendo el compromiso de la industria en mejorar su eficiencia y que esperamos se apruebe prontamente”.

Finalmente, la cartera puntualiza que “como gobierno continuaremos trabajando en lograr acuerdos que permitan cumplir las sentencias y dar estabilidad al sistema, sin olvidar cómo se generó el actual escenario”.