La nueva disputa en el territorio digital

Ciertamente son muchos los aspectos que nos hablan de un cambio progresivo en la forma en que las fuentes de información afectan los procesos políticos. Algunos observadores han señalado los aspectos negativos de las redes sociales, apuntando a las incivilidades, la desinformación y la polarización que estas hacen posible en el debate. Otros, señalan que las redes permiten a la ciudadanía expresarse de manera libre, evitando censuras editoriales, generando espacios de diálogo que viabilizan la heterogeneidad de opiniones. 

Uno de los antecedentes más relevantes para esta discusión es el incremento que han experimentado las redes sociales como fuente de información política durante la última década. Según datos del Centro de Estudios Públicos (CEP), en 2011 un 15,3% de la población declaraba seguir, a veces o frecuentemente, temas políticos en redes sociales como Twitter o Facebook. Esto la ubicaba muy por debajo de aquellas personas que declaraban usar la televisión para ver programas políticos (59,4%) o las personas que declaraban leer noticias políticas (51,4%). Sin embargo, el panorama ha cambiado. 

En mayo de 2019 las personas que declaraban usar las redes sociales para seguir temas políticos aumentaron hasta un 30,6%, mientras que las personas que veían programas de televisión o leían noticias políticas a veces o frecuentemente, disminuyeron a 51,4% y 43,9% respectivamente. Es decir, aún cuando las redes sociales no fueron a inicios del 2019 la principal fuente de información para seguir temas políticos, es el único medio en el que el consumo de información política aumentó sustantivamente, duplicando la proporción de personas que declaran hacer uso de ellas casi una década atrás.

Lo anterior da cuenta de la importancia que adquieren las redes en el proceso informativo de la ciudadanía. Durante la revuelta de octubre, las redes sociales se convirtieron en un espacio de información paralelo a los medios tradicionales, y el volumen de opiniones políticas aumentó exponencialmente. Es más, los mismos datos del CEP de diciembre del 2019 muestran que un 43,5% de la población declaró utilizar las redes para seguir temas políticos. Después del estallido social, el uso político declarado de las redes aumentó más de un tercio respecto a la última medición. 

¿Qué consecuencias tendrá esto en el proceso constituyente? La actividad política en redes sociales sigue creciendo y los debates de la contingencia política –como el retiro de fondos previsionales– se han utilizado para incentivar el debate constitucional. Por ello, no es de extrañar que antes y después del plebiscito, la intensidad de la discusión política aumente en redes sociales, pues la ciudadanía expresará de manera clara y abierta su opinión, de manera que el debate no tardará en aflorar. La pregunta es si cabe esperar que el debate se dé en términos cívicos, con información confiable, controlada por la ciudadanía y no por la propaganda, y sin fomentar la polarización. Estas son preguntas empíricas de gran relevancia. Ponerles atención ha de ser una primera necesidad para académicos, intelectuales y medios de comunicación que han de contribuir a robustecer la calidad de la democracia.