Ley de Inteligencia: los nudos de la reforma a la que Boric quiso ponerle paso forzado

“Hablé con el Presidente (Gabriel Boric) señalándole la inconveniencia de dar curso a ese plazo, porque estamos sacando un gran acuerdo. Y el gobierno lo entendió”, dijo, al inicio de la sesión de este martes, el diputado y presidente de la Comisión de Defensa, Francisco Undurraga (Evópoli), al revelar un diálogo telefónico con el Mandatario a propósito de la celeridad para tramitar la reforma al Sistema de Inteligencia.

La iniciativa -que es uno de los pilares de la agenda de seguridad, fundamentalmente para apoyar el combate del narcotráfico y crimen organizado- se había transformado en uno de los objetivos políticos de Boric, quien llamó personalmente a Undurraga para expresarle su interés en sacar en menos de una semana la mencionada reforma.

A raíz de los graves episodios policiales de la semana pasada, el Jefe de Estado le puso “discusión inmediata”, es decir, quiso ponerle presión para que el proyecto fuese despachado en un máximo de seis días.

Si bien en la comisión el diputado relató un diálogo en términos cordiales con Boric, según trascendidos, la conversación fue mucho más áspera. Incluso, según relata un legislador opositor que supo de los entretelones, Undurraga le advirtió al Presidente que le podía despachar la ley de Inteligencia en 30 minutos, pero con todos los artículos rechazados.

Ante esa amenaza, el propio Boric tuvo que bajar su presión.

Según comentó el propio Undurraga en la sesión de este martes, el Mandatario se percató que la comisión estaba avanzando, trabajando a un ritmo de tres a cuatro reuniones por semana y logrando acuerdos transversales: desde el diputado Johannes Kaiser (independiente de derecha) hasta sus pares Carmen Hertz (PC) y Jorge Brito (Frente Amplio).

El ritmo de trabajo fue apoyado por la mayoría de los miembros de la comisión, donde hay consenso en que se trata de una reforma compleja que está creando toda una nueva orgánica en materia de Inteligencia.

Incluso, el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, calificó como “poco responsable” el llamado telefónico de Boric. “Fue una acción más mediática, incluso demagógica de parte del Presidente. Estamos trabajando tres veces a la semana ¿y el Presidente viene a decir esto? No. Que sea más responsable. Primero que le pregunte a su ministra del Interior, a su subsecretario, cuál es el estado del arte. Por su acto demagógico, no vamos a apurar el tranco, porque estamos trabajando muy bien y ya con marcha forzada”, añadió Jouannet.

Undurraga dijo que la discusión inmediata anunciada por el Presidente solo era una declaración de buenas intenciones y explicó que en la comisión tienen el objetivo de sacar la reforma “en un mes o mes y medio”. “No nos hemos demorado. Tenemos ya el 35% del proyecto ya votado, votado por unanimidad en la mayoría del articulado. En la sala de la Cámara, no solo debiera ser aprobado por una mayoría relativa, sino que contundente, desde el Partido Comunista, el Frente Amplio hasta gente fuera del Partido Republicano, como Johannes Kaiser, además de socialistas y Chile Vamos”, explicó.

El presidente de la Comisión de Defensa comentó que para facilitar los entendimientos están tratando de juntarse dos veces por semana solo para hacer trabajo prelegislativo, con el fin de que en las siguientes sesiones formales de la instancia se vaya votando el articulado con cierto piso político.

Sin referirse a las palabras del Presidente, la diputada Hertz (PC) dijo que “la comisión está trabajando muy bien, tenemos una mesa técnica, donde trata con dificultades, pero se logran acuerdos centrales y esos acuerdos se llevan a las sesiones ordinarias de la comisión. El Sistema de Inteligencia que propuso el gobierno va a un paso más que prudente”.

“El gobierno tuvo que entender que tenía que ceder, que tenía que incorporar la visión de los parlamentarios de derecha, porque sin nuestros votos no iban a lograr sacar la ley de Inteligencia. Ellos nos necesitaban y creo que el subsecretario Manuel Monsalve y la asesora de Interior, Ana Lya Uriarte, lo han entendido. Se ha generado en un clima bastante colaborativo, y eso hay que reconocerlo”, dijo la diputada Camila Flores (RN), quien asumirá la presidencia de la Comisión de Defensa en las próximas semanas.

Uno de los temas pendientes, que podría abrir una tensión, básicamente entre legisladores de izquierda y derecha, es la instauración de agentes encubiertos, personal operativo que dependería de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), hoy solo integrada por directivos y analistas que no realizan actividades en terreno.

“No somos de la idea de generar agentes encubiertos. Más bien, cuando eso se requiera, disponer de la Policía de Investigaciones (PDI) bajo líneas de investigación de contraterrorismo y crimen organizado”, comentó el diputado Brito (Frente Amplio).

En la vereda contraria, Undurraga (Evópoli) comentó que “si no somos capaces de tener agentes encubiertos, no tiene ningún sentido este proyecto de ley”, ya que serán estos funcionarios los que deben nutrir de información al sistema, no solo en temas policiales y de seguridad, también pueden ser servir para anticiparse a problemáticas medioambientales y sociales.

Incluso, respecto de los agentes, la diputada Hertz (PC) tiene una cierta apertura. “Esto está pensado como sistema moderno de Inteligencia y si hay un control democrático, en que no hay elementos que tengan una autonomía institucional que nos permite temer algo como lo que ocurrió en dictadura, esa posibilidad en el sistema que estamos legislando, no es posible”.

Otro de los temas difíciles, que si bien ya fue aprobado, es la creación de un nuevo cargo, la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia del Estado.

La propuesta inicial del gobierno era que el secretario estuviera a cargo de la Escuela de Inteligencia y del Centro de Fusión de Inteligencia (donde intercambian información las policías, las FF.AA. y la ANI) y, además, coordinara un Comité de Inteligencia, con representantes de las tres ramas de las FF.AA., de Carabineros, de la PDI, de la ANI y del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Si bien la comisión ya despejó que este secretario no será un “zar de la Inteligencia”, pues no tendrá mando operativo (dependerá de la información que emane de las policías, las FF.AA. y la propia ANI), su rol le podría añadir un elemento burocrático al sistema.

A juicio del diputado Brito (Frente Amplio), “lo que se está proponiendo ya no es la figura de un zar de Inteligencia, pero sí genera dos problemas. La ANI pierde el trato directo con el Presidente de la República, quien podía verificar información de los otros servicios. La ANI ya no tiene el liderazgo, porque empieza a relacionarse a través de la secretaría de este órgano colegiado (donde participan las FF.AA. y las policías y la ANI). Ese es el segundo punto que no me gusta. Un órgano colegiado, donde hay una mayoría militar, es un retroceso para la conducción civil del Sistema de Inteligencia”.

Ese nudo también ha generado otra discusión, dónde debe estar alojado y de quién debe depender el Sistema de Inteligencia: el Presidente de la República, el Ministerio del Interior o el eventual Ministerio de Seguridad Pública.

Al menos, el acuerdo mayoritario es que dependa del Presidente, pero que administrativamente Interior sea la cartera que “paga los sueldos” al nuevo secretario y al personal de la ANI, según grafica Undurraga.

Otro punto complejo es la ampliación de la planta de la ANI. Si bien entre los diputados hay consenso en que debe crecer el número de empleados en trabajos de Inteligencia, no solo por los agentes encubiertos, también por una mayor demanda de analistas, el tope es el presupuesto que debe asignar el gobierno.

“Hay que ampliar la planta, ver cuál va a ser el equipo de trabajo del secretario del comité, cuánta gente va a trabajar en el Centro de Fusión de Inteligencia, que yo no estoy de acuerdo, pero ya está”, señaló el diputado Jouannet.

La reforma al Sistema Inteligencia se está tramitando en el Congreso desde noviembre de 2018, en base a un mensaje enviado por el entonces Presidente Sebastián Piñera.

En enero de 2020, el Senado lo despachó a la Cámara, donde estuvo congelado durante años.

En enero de 2023, el gobierno de Boric tomó la posta y presentó una primera indicación para sustituir gran parte del proyecto, pero al no tener una respuesta favorable, en marzo de ese año, se le bajó la urgencia suma (15 días) a urgencia simple (30 días).

El asesinato de tres carabineros en Cañete en abril de 2024, reactivó el debate. Entonces, La Moneda ya estaba preparando una nueva indicación global que se presentó en mayo de este año. Esa última propuesta, a la que el gobierno le puso discusión inmediata este lunes, es la que se está votando actualmente.