Ley de usurpaciones: desmarque del PC deja en jaque a la derecha y Senado se abre a votar veto en octubre

Una nueva jornada de discusión dará este miércoles la Comisión de Seguridad del Senado a las observaciones (vetos, en la jerga legislativa) que hizo el Presidente Gabriel Boric al proyecto de ley que endurece medidas en contra de la usurpación de propiedades.

Sin embargo, a diferencia de la tensa sesión de la semana pasada, producto del cruce de declaraciones entre la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y los senadores de derecha, en esta ocasión los integrantes de esta instancia esperan debatir en un ambiente más reposado.

Según el análisis que había en las bancadas de oposición, el veto (que en realidad está fraccionado en 14 vetos que buscan corregir el texto despachado por el Senado y la Cámara de Diputados) es difícil de revertir debido a las poderosas facultades que entrega la Constitución al Presidente de la República para imponer su voluntad por sobre la del Congreso. Por lo tanto, el margen de maniobra de los legisladores de derecha se reducía a recalificar el veto, declararlo inadmisible o bien dilatar su tramitación.

No obstante, una señal de distensión dio esta mañana el presidente de la Comisión de Seguridad, el senador Felipe Kast (Evópoli), quien dijo que esperaba que el veto se vote en la Cámara Alta durante este mes. “Nuestro objetivo es que salga del Senado en octubre, probablemente en la última semana”, dijo Kast a La Tercera, remarcando que no existe ánimo de dilatar.

Si bien todavía hay quienes siguen molestos con Tohá y con la decisión del gobierno de vetar la ley de usurpaciones, en los últimos días algunos senadores opositores comenzaron a sincerar su autocrítica por la incapacidad de las fuerzas políticas para encontrar un acuerdo en torno a esta iniciativa.

De hecho, antes de que el Presidente Boric ingresara el veto, el pasado 29 de septiembre, en la oposición ya estaban de acuerdo en eliminar los aspectos más conflictivos, exigidos por el gobierno, como la legítima defensa privilegiada (que permitía a un propietario recurrir a la fuerza por medios propios para recuperar un inmueble tomado), la usurpación transitoria (que podría afectar ocupaciones en un contexto de protestas) y graduar las penas de presidio para tomas donde hubo violencia contra personas y en las que solo hubo daños a objetos (un cerco o una puerta).

Por lo tanto, el nudo hoy se reduce a la sanción que debiese aplicarse a las usurpaciones “no violentas”, según la clasificación que existe en el mundo jurídico.

En este punto, hubo novedades el fin de semana. A través de una declaración pública, las bancadas parlamentarias del PC, si bien anunciaron que respaldarán gran parte de las observaciones planteadas por el Presidente, precisaron que igualmente rechazarán el aumento de penas que contempla la propuesta gubernamental.

“La necesidad de una familia no puede ser criminalizada”, decía la declaración de los senadores y diputados comunistas.

Este martes, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) también admitió que existían dudas en el Frente Amplio. “Hay que analizar en detalle las consecuencias”, dijo.

Actualmente el Código Penal solo considera multas para quienes participen en usurpaciones.

Por el contrario, el texto despachado por el Congreso, el 30 de agosto, pretendía partir con penas de cárcel, independiente de si las ocupaciones fueron con o sin violencia.

La Moneda, sin embargo, planteó un mecanismo intermedio para que el juez resolviera caso a caso, evaluando si aplicaba una multa o bien una privación de libertad de hasta 540 días en aquellas tomas “no violentas”.

Aunque la propuesta gubernamental no agradó a la oposición, el desmarque de los comunistas generó una encrucijada incómoda para la derecha.

Si bien la mitad del oficialismo (PPD, PS, radicales y liberales) apoyará la fórmula del Ejecutivo, dependerá de los legisladores opositores si se aprueba esa propuesta.

De partida, para rechazar, la derecha tendría que alinearse con el PC, a pesar de tener motivaciones completamente opuestas. Unos por considerar la fórmula excesiva y otros por verla insuficiente.

En caso de que la oposición rechace la pena intermedia para tomas no violentas, regiría lo que dice actualmente la legislación que es derechamente una mera sanción pecuniaria.

Legisladores de oposición admiten que están en jaque y que una salida es optar por el “mal menor” desde su punto de vista.

Esta mañana, al ser consultado por el desmarque del PC, el diputado Jorge Alessandri (UDI) admitió que verse obligados a apoyar el veto es una de las posibilidades que se está conversando. “No se ha cerrado todavía (una decisión), está dentro de las conversaciones”, dijo.

El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado Andrés Longton (RN), fue cauto. “Antes de ver cómo votará el veto un partido determinado, especialmente lo relativo a las multas, como presidente de la Comisión de Seguridad me tocará evaluar la admisibilidad o recalificación de algunas de las observaciones del veto, incluida la de multa, lo que puede impactar directamente en las votaciones. En tal sentido, estamos estudiando y analizando cada una de las observaciones”, dijo.