Ley de usurpaciones se posterga nuevamente, esta vez por desinteligencia entre oficialismo y oposición

A pesar de que los diputados del oficialismo y de la oposición estaban dispuestos para resolver este miércoles el despacho del proyecto de ley de usurpaciones, una descoordinación derivada de tensiones políticas terminó postergando la votación de la iniciativa.

La norma que endurece las medidas y sanciones contra las usurpaciones ilegales de terrenos (también apodada por grupos de izquierda como la Ley Antitomas), había surgido de una moción del senador Felipe Kast y de las exparlamentarias Marcela Sabat y Ena von Baer.

El proyecto -que si se aprobaba pasaba a un tercer trámite en el Senado- ya se había postergado la semana pasada para incorporar algunas indicaciones y dar un nuevo espacio a negociaciones. Ahora estaba en tabla y listo para ser votado este miércoles.

Sin embargo, cuando faltaba un legislador para intervenir sobre el tema y ante la proximidad de que se acabara la sesión, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) pidió el acuerdo de la Sala para que no se inscribieran más parlamentarios con el fin de despachar el texto el mismo miércoles.

Las bancadas oficialistas, en respuesta, no dieron la unanimidad, por lo que tuvo que votarse la “clausura del debate”, es decir, bloquear la posibilidad de que otros parlamentarios pidieran la palabra.

El resultado de esa consulta arrojó 41 votos a favor de cerrar el debate y 44 en contra. Debido a que aún faltaba que el diputado Gaspar Rivas (PDG) hiciera uso de la palabra, la votación de la ley de usurpaciones quedó pendiente para el lunes.

Frente a ello, Coloma pidió que se escuchara a Rivas y se votara, pero la vicepresidenta de la Cámara, Carmen Hertz (PC), quien en esos instantes presidía la Sala, se negó.

El episodio fue un coletazo más del clima de tensiones que afecta a la Cámara, que además de las investigaciones por irregularidades en traspasos de dineros a fundaciones, esta semana vivió nuevos episodios de trifulcas por la proximidad de los 50 años del Golpe Militar de 1973.

En las bancadas de izquierda, además, no existía ánimo de acelerar la discusión de la ley de usurpaciones que toca temas sensibles para el sector, como las ocupaciones de terrenos.

En lo medular, el texto busca modificar las sanciones del delito de usurpación de propiedades, para castigar con penas privativas de libertad, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.

El pasado miércoles 9 de agosto, el proyecto fue aprobado en general por la Cámara por 89 votos a favor y volvió a la comisión de Seguridad de la Cámara para discutir sus indicaciones.

Desde el Ejecutivo han manifestado sus reparos con la propuesta, que un principio contaba con su respaldo. Sin embargo, tras las modificaciones en el segundo trámite legislativo, especialmente en la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, el oficialismo cambió su disposición hacia el proyecto.

En concreto, los reparos de La Moneda son la redacción de algunos artículos añadidos por la oposición que permitían a civiles iniciar por su cuenta la recuperación de terrenos tomados, es decir, una autotutela o justicia por mano propia. Para la derecha, no obstante, ello es dar un derecho a la legítima defensa a los civiles.

En todo caso, si el texto prospera con los puntos que cuestiona el oficialismo, el gobierno tiene como último recurso el veto presidencial supresivo o sustitutivo, que requiere un alto quórum de dos tercios para ser revertido.