Libertad y Democracia por informe sobre Oswaldo Payá: “El gobierno dictatorial de Miguel Díaz-Canel vulnera en forma sistemática el derecho a la vida”
“Cuba debe poner en libertad a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria por ejercer su libertad de expresión y de reunión", señaló el grupo en una declaración que firman 13 exmandatarios.
Un total de 13 exmandatarios iberoamericanos coordinados en el Grupo Libertad y Democracia emitió una declaración respecto al informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer respecto a la muerte del disidente cubano Oswaldo Payá, ocurrida en junio de 2012.
El informe aborda la responsabilidad del Estado de Cuba por las muertes de Payá y Haroldo Capero y por las torturas y violaciones de las garantías judiciales en perjuicio de Ángel Carromero.
El grupo que impulsa el expresidente Sebastián Piñera y que tuvo sus primeras sesiones en Santiago, manifestó su preocupación por “las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba bajo el gobierno dictatorial de Miguel Díaz-Canel, que impide el ejercicio adecuado de los derechos civiles y políticos reconocidos internacionalmente”.
En esa línea, afirman que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “ha identificado un patrón sistemático de detenciones y encarcelamientos arbitrarios y la utilización indebida del derecho penal en perjuicio de las personas disidentes y quienes expresan crítica sobre temas de interés público o del gobierno”.
“Condenamos enérgicamente la existencia de presos políticos, la persecución política persistente y permanente, los actos de acoso y las detenciones arbitrarias en Cuba”, señala el grupo.
“El gobierno dictatorial de Miguel Díaz-Canel vulnera en forma sistemática el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona; el derecho a la libertad de opinión y expresión; el derecho a la protección de la honra y la vida privada y familiar; y el derecho de asociación, todos reconocidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, agregan.
Además, sostienen que “Cuba debe poner en libertad a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria por ejercer su libertad de expresión y de reunión. Asimismo, debe terminar con los arrestos periódicos contra las personas defensoras de los derechos humanos y la falta de acceso a representación legal durante las detenciones, actos que son contrarios al derecho internacional”.
“El gobierno debe implementar reformas que garanticen las libertades de prensa, asociación y manifestación, y poner en marcha las reformas políticas que permitan unas elecciones libres, justas y democráticas sobre la base de la voluntad soberana y libremente expresada del pueblo cubano”, señalan.
Firman el documento los expresidentes Iván Duque y Andrés Pastrana de Colombia, Felipe Calderón de México, Rafael Calderón y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Jeanine Añez y Jorge Quiroga de Bolivia, Osvaldo Hurtado Larrea de Ecuador, Mariano Rajoy y José María Aznar de España, Mauricio Macri de Argentina, Mireya Moscoso de Panamá y Sebastián Piñera de Chile.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe referente a la responsabilidad del Estado de Cuba por las muertes de los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero y por las torturas y la violación de las garantías judiciales en perjuicio de Ángel Carromero.
Payá y Cepero fueron sujetos a diversos actos de violencia, hostigamiento, amenazas, atentados contra la vida, cuando finalmente, un choque vehicular les causó la muerte el 22 de junio de 2012. Posteriormente, Ángel Carromero, quien al momento del atentado conducía el vehículo y sobrevivió, fue procesado y condenado por estos hechos.
En el Informe, la CIDH resaltó que lo ocurrido se enmarcó en el contexto de la persecución y represión estatal contra personas disidentes políticas y defensoras en Cuba, con el objetivo de obstaculizar o paralizar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos.
“Nada podrá compensarnos, pero ahora estamos más cerca de la justicia que llegará para todos los cubanos”, señaló en su cuenta en Twitter Rosa María Payá.
La CIDH identificó indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales participaron en las muertes de Payá y Cepero. En particular, tomó en cuenta el testimonio de Ángel Carromero, que indica que el automóvil en el que viajaban había sido impactado por un auto oficial, lo cual fue corroborado por un testigo ocular. El Estado no presentó alegatos o negó estos argumentos. En consecuencia, la CIDH estableció que el Estado cubano violó los derechos a la vida, honra y libertad de expresión de ambas personas, señaló el organismo en una nota de prensa el informe.
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