Lío de platas: ministro Giorgio Jackson reconoce dos casos irregulares en Desarrollo Social en Atacama y Antofagasta

No son días tranquilos para el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, una de las principales figuras del oficialismo en el ojo del huracán por la crisis desatada por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones públicas.

Y es que este martes, el ministro Giorgio Jackson compareció ante senadores y diputados en la primera Subcomisión Mixta de Presupuestos, instancia que tuvo como propósito conocer la ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social correspondiente al 2023.

Tras la subcomisión, el ministro abordó sus diferencias con los senadores -puntualmente con el parlamentario PS Alfonso de Urresti- y reconoció que en la cartera que encabeza han detectado dos casos irregulares en traspasos de recursos a otras instituciones, que corresponden a Atacama y Antofagasta.

“Las únicas irregularidades que hasta ahora estamos observando en el Ministerio de Desarrollo Social son dos. Una en Atacama a partir de una denuncia de la senadora (Yasna) Provoste. Para lo que enviamos un equipo para allá, relativo a un convenio con una fundación que se dedica a los temas de personas en situación de calle”, informó Jackson.

En ambos casos -dijo el ministro- se instruyeron sumarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas “porque la evaluación al momento de asignar esos recursos no se correspondía con la rúbrica de evaluación”.

“La otra es relativa a un traspaso en Antofagasta, el cual también está con sumario administrativo y que apenas tengamos resultados, por supuesto que los vamos a poner a disposición. Pero toda la información que se nos ha requerido, en este caso para los años 2022 y 2023, ya está disponible públicamente a través del oficio que respondimos en la Cámara de Diputados y Diputadas”, remarcó.

En el caso de Atacama, la senadora por esa región, Yasna Provoste, ofició a Contraloría para que fiscalice la asignación de $160 millones por parte de la Seremi de Desarrollo Social de Atacama a la Fundación Visible, con el objetivo de ejecutar el programa Noche Digna en su componente “Albergue Protege Copiapó”, que administra casas de acogidas para personas en situación de calle.

De acuerdo con el escrito presentado por la senadora -al cual tuvo acceso La Tercera-, la fundación en cuestión no contaría con experiencia para ejecutar programas relacionados a personas en situación de calle, así como tampoco para administrar albergues y casas de acogida destinados para esta población. Además, denuncia Provoste, la entidad habría sido inscrita en el Registro de Colaboradores del Estado en marzo de este año, en instancias en que el concurso fue adjudicado en abril.

El inicio de la subcomisión, en tanto, estuvo marcada por la molestia de dos senadores: Ximena Rincón (Demócratas) y Alfonso de Urresti (PS). La primera cuestionó que la cartera encabezada por Jackson no fiscalizó la publicidad de los recursos entregados a las fundaciones privadas, quienes están obligadas a dar cuenta en su página web de los montos recibidos cuando estos superan los $126 millones. En caso contrario, las entidades responsables de los recursos debían suspender el traspaso de dineros a las instituciones receptoras.

El senador De Urresti, por su parte, cuestionó la tardanza del Ministerio de Desarrollo Social en responder al oficio solicitando información que instruyeron los senadores. “Me parece insólito que tengamos que esperar un mes para tener la información”, dijo molesto el parlamentario.

A su salida de la subcomisión, el ministro abordó su posible citación a declarar en el marco de las investigaciones que impulsa el Ministerio Público en 11 regiones del país, donde se indagan posibles delitos de corrupción en convenios celebrados con 37 fundaciones.

Esta mañana, en entrevista con Radio Pauta, el fiscal nacional Ángel Valencia sostuvo que “no hay ciudadano que se encuentre exento en Chile de declarar en una investigación penal, respecto de la cual tiene conocimiento de ciertos hechos que son relevantes. Es una obligación y una carga que recae sobre todos los chilenos”.

“Tal como lo ha dicho el fiscal nacional, todo ciudadano y ciudadana tiene que estar disponible para aportar toda la información que tenga para que una investigación avance y a mí me alegra que las investigaciones estén avanzando, que de esa manera nosotros podamos conocer todos los responsables y que tenga que pagar, como corresponde frente a la justicia”, replicó Jackson.

Pero aclaró que hasta el momento “no hay ninguna citación que me haya llegado, yo la verdad no tengo ningún antecedente respecto a aquello, pero insisto, nosotros somos los más interesados en que esto se esclarezca cuanto antes, por lo tanto, si podemos apoyar la información que requiera la Fiscalía Nacional, yo voy a estar disponible de todas maneras.