Líos de platas: comisión de probidad entrega al Presidente Boric informe con 46 medidas

El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes en La Moneda la ceremonia de entrega del informe de la Comisión para Relación entre Corporaciones, Fundaciones y el Estado, instancia que surgió en medio de la crisis oficialista por líos de platas, que tiene al Ministerio Público indagando traspasos presuntamente irregulares desde reparticiones públicas a fundaciones.

El grupo de expertos fue integrado por María Jaraquemada como presidenta de la instancia, y por los comisionados Ramiro Mendoza, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero. La secretaría ejecutiva del equipo quedó en manos de Valeria Lübbert, homologando su rol en la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia de la Segpres.

Luego de 30 sesiones, escuchar las exposiciones de 42 representantes de organizaciones sociales, de la academia, de organismos del Estado y organismos internacionales y analizar 58 sugerencias planteadas por la ciudadanía, los expertos elaboraron 46 recomendaciones para implementar.

“Esperamos que estas propuestas cumplan con el objetivo que tuvo en mente cuando nos convocó”, manifestó Jaraquemada a Boric en la ceremonia.

A principios de julio, ante la serie de investigaciones por los líos de platas, el gobierno anunció la conformación de un comité de expertos para elaborar un diagnóstico y proponer medidas para elevar estándares de probidad en la relación entre organismos sin fines de lucro y entidades estatales.

La instancia está encabezada por Jaraquemada, directora de Chile Transparente y abogada de la Universidad Católica con un magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid.

El 3 de julio se dieron a conocer los nombres de los integrantes de la comisión y se informó que tendrían un plazo no mayor a 45 días para hacer sus propuestas. El 14 de julio iniciaron su trabajo en el edificio Bicentenario, en las oficinas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

“Cada peso que se desvía a otros intereses significa reducir la capacidad del Estado para responder a la ciudadanía”, dijo el Mandatario, destacando la necesidad de una mejora en la transparencia y eficiencia en el accionar del aparataje estatal.

El gobernante dijo que recibían las recomendaciones con responsabilidad y que con ellas se hacían cargo en conjunto, como Estado, de enfrentar la corrupción, ya que, a su juicio, “por mucho tiempo se instaló una suerte de inercia que permitía o iba reproduciendo algunas malas prácticas, discrecionalidades o abusos”.

“En el corto plazo vamos a presentar al país y al Congreso el camino para materializar estas propuestas y esperamos contar con apoyos transversales para profundizar la probidad y transparencia”, expresó el Mandatario.

Francisco Leturia, el presidente Consejo para la Transparencia dijo que estudiarán las propuestas.

“Vamos a estudiar las reformas con mucho cuidado y si son buenas las vamos a celebrar, si son insuficientes, lo vamos a decir, pero por lo menos al fin estamos

Entre las recomendaciones de la comisión se plantea una ley permanente que regule de manera general y supletorio las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro.

También se recomienda ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC) de la Contraloría General de la República, como portal único de rendición de las transferencias del Estado.

Se sugiere también crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile de acuerdo con los estándares de buenas prácticas del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE.

También hay otras ideas como crear un portal electrónico de información sobre transferencia de recursos públicos al sector sin fines de lucro, integrar a todas las corporaciones municipales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio y establecer la obligación de alcaldes de informar al Concejo Comunal de transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto, aplicando lo mismo para gobernaciones.

Igualmente, se propone reducir el monto de 7000 UTM para que gobernador regional requiera la aprobación del Consejo Regional para proyectos de inversión e iniciativas. En todo caso, deberá informar al Consejo Regional de todos los proyectos, se recomienda.

Por otro lado, se plantea incorporar una incompatibilidad general en materia de contratación y transferencias para incluir las relaciones de pareja no formales, como ha ocurrido en materia de legislación penal sobre femicidio y de violencia intrafamiliar, así como para aquellos con que tienen o han tenido un hijo en común.