Líos de platas: la dura prueba de Marcel y Martínez en sesión especial de la Cámara por flexibilización en reportes de transferencias

La Cámara de Diputados citó a una sesión especial este miércoles, para analizar los cambios realizados por el gobierno que flexibilizaron los controles administrativos y financieros en el marco de la Ley de Presupuestos 2023.

En especial, se discutieron las modificaciones aprobadas por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y las glosas impulsadas para reducir los controles en el marco de la Ley de Presupuestos de este año.

En la sesión estuvieron presentes los ministros de Segpres, Álvaro Elizalde y de Hacienda, Mario Marcel, así como la directora de Presupuesto, Javiera Martínez.

Las principales críticas de los parlamentarios de oposición, se centraron en la flexibilización en los controles de transferencias a terceros ocurridas desde 2022, lo que fue conocido luego que estallara la crisis del gobierno por los líos de platas, debido a los convenios entre reparticiones públicas y entidades privadas sin fines de lucro.

La polémica se instaló luego de que el diario La Segunda revelara que desde junio del año pasado el Consejo de Auditoría –cuando la entidad era liderada por el entonces ministro Segpres Giorgio Jackson- dejó de reportar las transferencias a terceros.

El diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum fue el primero en tomar la palabra en la sesión especial. El legislador acusó la existencia de “decisiones gubernamentales que permiten crear un clima propicio para la corrupción”.

“Lejos de darse protección a los recursos que pertenecen a todos los chilenos se optó por flexibilizar los controles y abrir la puerta a la corrupción”, agregó

“Ya sea por el profundo desconocimiento o la inexperiencia e incapacidad se bajaron todas las barreras que por años habíamos construido para mantener a raya la corrupción”, recalcó.

Respondiendo al diputado RN, el ministro de Hacienda señaló que en presentaciones en las comisiones de Hacienda de la Cámara Baja y el Senado se mostró que los cambios en la Ley de Presupuesto 2023 “restringieron la apertura y la flexibilidad que tenían los gobiernos regionales para efectuar transferencias a través de convenios directos”.

“Lo que se hizo en esa Ley de Presupuesto fue restringir el uso de las asignaciones directas, regular las asignaciones por concurso y establecer la obligatoriedad de generar reglamentos para administrar las asignaciones directas”, aseguró Marcel.

“Creo que un examen detallado, no el examen de los titulares de los diarios, no el examen de las denuncias, sino que el examen detallado del texto de la Ley de Presupuesto, comparándolo con la Ley de Presupuesto anterior creo que es claro en el sentido de que entre ambas leyes los controles aumentaros y en consecuencia se redujeron los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro. Ahora por supuesto no quiere eso decir que haya sido suficiente”, agregó.

Más adelante vino la intervención del diputado Francisco Undurraga (Evópoli), quien señaló: “Se citó a esta reunión tras revelarse que el Consejo de Auditoría Interna tomó la decisión de acotar los reportes de transferencias en junio de 2022, en contra de todos los lineamientos históricos que han guiado la política de transparencia en la ejecución de los recursos públicos, se optó por limitar los reportes y con ello disminuir la capacidad de los órganos fiscalizadores”.

“Pareciéramos estar frente a una escandalosa red de tráfico de influencias, corrupción y conflictos de interés, cuidadosa y sistemáticamente orquestada desde el seno de uno de los partidos de gobierno, de Revolución Democrática, su partido, directora”, enfatizó, apuntando directamente a Martínez.

“Cuáles fueron los motivos tras esta decisión tomada precisamente en que la responsabilidad recaída en el exministro (Giorgio) Jackson, fundador de RD, todavía no lo sabemos, cuál fue la intención de limitar estos mecanismos de fiscalización, cuando la dirección de Presupuesto está encabezada por otra militante del partido, tampoco lo sabemos. La ciudadanía merece que se revele la verdad completa, sin medias tintas ni ocultamientos para tener la certeza de que nuestras instituciones están trabajando para su bienestar y no para el interés de un partido o sus integrantes (…) transparencia total, no más verdades a medias, no más corrupción”, finalizó.

Por su lado, el parlamentario republicano José Carlos Meza apuntó que “me queda una sensación, y es que cuesta obtener información del gobierno, hay respuestas tardías a los oficios que nosotros hemos iniciado, no es posible que sea más fácil para los diputados recurrir a información a través de la Ley de Transparencia que a través de los oficios de fiscalización de este Congreso, ese es el respeto que el poder Ejecutivo tiene por el poder Legislativo”.

“También nos quedan dudas a los controles que se han levantado para que se ejecuten ciertos presupuestos, entonces me pregunto qué es lo que no quieren que sepamos”, manifestó.