“Veo que el gobierno está olvidando su promesa”. Con esas palabras el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (ex DC), emplazó hace algunos días al Presidente Gabriel Boric a cumplir su compromiso de eliminar el cargo del delegado presidencial durante su mandato.

El exmilitante de la Democracia Cristiana aseguró que “legalmente los gobernadores nacimos a la vida institucional democrática chilena sin atribuciones de seguridad, que quedaron radicadas en el delegado presidencial (...). El gobierno debiera dar un paso: primero, en cumplir lo que dijo el Presidente de la República en su campaña, que era eliminar los delegados, no he escuchado nada al respecto en estos siete meses; segundo, la importancia de darle un reconocimiento legal a lo que ya estamos haciendo los gobernadores, como se hizo con los municipios en 2016, en que se reconoció que ellos eran los líderes en materia de prevención del delito en las comunas. Y tercero, aún mientras se tramitan estas reformas, que el gobierno nos invite a las distintas mesas que tienen que ver con temas de seguridad. Porque, entre otras cosas, cuando hay que invertir dinero, las delegaciones presidenciales no tienen un peso, eso lo tenemos que hacer nosotros”.

La advertencia del exalcalde, a la que se sumaron otros gobernadores regionales, como Rodrigo Díaz (Biobío), no es un debate aislado al interior del oficialismo ni tampoco en La Moneda. En el gobierno admiten que si bien el compromiso del Mandatario sigue vigente, los plazos son inciertos, a la espera de repensar la labor del Ministerio del Interior, una vez que la cartera separe el control de las policías en la nueva institucionalidad del Ministerio de Seguridad Pública.

“El compromiso sigue vigente, pero la pregunta es cómo se concreta y se hace cuajar una institucionalidad completa”, dice un personero de Palacio que está al tanto de las conversaciones.

En La Moneda aseguran que el cargo del delegado presidencial no puede desaparecer mientras no quede claramente establecida la transferencia de sus competencias, pero, además, mientras no haya certezas de cómo transitará la actual institucionalidad a dos ministerios. “Es necesario repensar las labores que tendrá la gestión de Interior y también cómo el gobierno seguirá relacionándose con el territorio”, dicen en el Ejecutivo.

En Palacio aseguran que figura del delegado presidencial se ha vuelto fundamental para resolver cuestiones cruciales, como la recuperación de barrios, en materia de seguridad en eventos masivos o en contingencias como ocurrió para el tercer aniversario del 18-O, donde la delegada de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, tuvo un rol protagónico.

Asimismo, los delegados han operado como el nexo principal del Presidente con las regiones. En su último viaje a Antofagasta, de hecho, el Mandatario le encargó a su delegada, Karen Behrens, tareas tan relevantes como resolver la compleja situación migratoria que enfrenta la zona.

Es en ese contexto que este viernes la ministra del Interior, Carolina Tohá, liderará una jornada de trabajo junto a todos los delegados presidenciales del país en La Moneda.

En el encuentro -que será inaugurado por el propio Boric-, según explican en el gobierno, se hará entrega de orientaciones y herramientas que garanticen respuestas del Ejecutivo a las urgencias de las regiones, las tareas de gobierno interior, seguridad pública y coordinación y supervigilancia de los organismos públicos que funcionan en cada territorio. Pero también se enfatizará el papel que deben asumir los delegados y delegadas como coordinadores políticos del gobierno en las regiones.

Desde el Ministerio del Interior explican sobre el futuro del cargo del delegado presidencial que “el compromiso del gobierno con la descentralización es firme. El proceso de traspaso de competencias está en curso, pero necesitamos fortalecerlo. No basta con traspasar una que otra competencia, necesitamos avanzar de forma más orgánica para darles forma a gobiernos regionales que asuman en propiedad las tareas de gobierno que es más adecuado resolver desde el territorio”.

Y agregan: “Respecto de la figura de los delegados se seguirá, en ese marco, rediseñando la forma en que se ejercerán a futuro sus actuales tareas y considerando el debate en curso respecto del futuro Ministerio de Seguridad y la nueva forma que tendrá el Ministerio del Interior. El compromiso del Presidente Boric en esta materia está plenamente vigente y su cumplimiento se hará en el marco de una visión sustantiva y responsable sobre el proceso de descentralización que Chile se merece. En el intertanto, sin embargo, el gobierno debe gobernar con las instituciones vigentes y estamos tomando medidas para fortalecer con decisión la forma en que desarrollamos nuestra labor en las regiones”.

Pero el debate y los tiempos no son baladíes. En el oficialismo admiten que el cargo de delegado se ha vuelto más cotizado de lo que se pensaba, sobre todo, de cara a los próximos procesos electorales. Con una crisis de seguridad andando y la agenda mediática copada con ese factor, los gobernadores han perdido una oportunidad que no es menor para obtener mayor conocimiento y dar soluciones concretas. Esto, pese a que en el programa del Mandatario está expreso el compromiso de que particularmente la competencia en esa materia se traspasara al gobernador.

Así, todo dependerá de la tramitación legislativa del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, ese proyecto fue enviado por el gobierno anterior y se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado. El Ejecutivo le ingresó indicaciones en agosto y, por tercera vez consecutiva, ha hecho presente la urgencia simple.

De momento, en el Ejecutivo aseguran que tanto la ministra Tohá como su subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, están sosteniendo conversaciones con todos los actores para avanzar en el compromiso del Mandatario.

El debate sobre el futuro del cargo se da luego de que el gobierno realizara una serie de modificaciones en las delegaciones presidenciales, luego del cambio de gabinete del 6 de septiembre, en que el Presidente Boric inauguró un segundo tiempo.

Hasta ahora, tras un proceso de evaluación, La Moneda ha realizado cuatro reacomodos. En el caso de Atacama, salió Gerardo Tapia (PR) y asumió en su lugar -de manera subrogante- Jorge Fernández (PC), quien hasta el 21 de octubre pasado se desempeñaba como delegado provincial de Chañaral.

En la Región del Ñuble se “aceptó la renuncia” de Claudio Ferrada (RD) y su cargo fue ocupado por otro personero del mismo partido, Gabriel Pradenas. Otro caso similar es el de Paola Peña en Los Lagos, militante comunista, que fue reemplazada por Carla Peña, de su misma colectividad.

El ajuste de mayor relevancia sucedió en La Araucanía. Tras la salida de Raúl Allard (independiente) se designó a José Montalva (independiente-PPD) y también se reforzó la presencia de ese partido en las delegaciones provinciales, como la nominación de la exparlamentaria Andrea Parra (PPD) en la provincia del Malleco.

Montalva, de hecho, ha sido crítico de Allard y la implementación del Plan Buen Vivir. “No se había explicado bien qué es lo que era, y no se había explicado bien no solamente por un tema comunicacional, ahí también hay un tema político por detrás, hay que incluir a los alcaldes, hay que incluir al gobernador, hay que incluir a los parlamentarios”, señaló en una entrevista radial tras asumir la delegación.