Los nuevos controles del Congreso que el consejo de Zaldívar se resiste a aprobar

Lo primera resolución que emanó del nuevo Consejo de Asignaciones Parlamentarias, que desde el 11 de marzo preside Andrés Zaldívar, apuntó a frenar la reestructuración que sus antecesores habían resuelto respecto del criterio de uso de estos recursos.

En ese trabajo que dirigió Sergio Páez -el expresidente del Consejo- se elevaban las exigencias para que parlamentarios y asesores respalden sus gastos.

Sin embargo, estos cambios quedaron en suspenso hasta el 11 de mayo próximo, momento en que Zaldívar y el resto de los integrantes del Crap -Enrique Marshall, José Antonio Gómez y Arturo Irarrázabal- definirán si dejarlas sin efecto, e incluso hacer una nueva propuesta.

La Tercera realizó un análisis comparado de la normativa vigente versus la propuesta por los exconsejeros, detectándose diferencias manifiestas.

Las restricciones a la labor de los asesores externos de legisladores, que pueden venir de colaboradores o empresas que prestan servicios, se limitó considerablemente. En la nueva normativa se pide que estas asesorías no sean permanentes, sino esporádicas, y que se contraten los servicios con un objetivo claramente estipulado. Para esto se elevan exigencias tales como definir en los contratos a honorarios la labor que realizará el asesor, fijar un plazo para el desarrollo del trabajo, que la glosa de la boleta de honorarios se extienda en virtud de esa labor referida en el contrato y que su informe de respaldo sea efectivamente el trabajo por el cual se contrató. La nueva normativa también prohíbe las asesorías comunicacionales que usualmente apuntan a la imagen pública del parlamentario.

De los cuatro pasajes ida y vuelta de Santiago a las regiones que representan mensualmente, ahora pasarían a tener tres. Y solo cuando sean cuatro las semanas legislativas se adiciona uno más. Es decir, de 48, disponen de 36 pasajes al año para trasladarse a su región. Para otras zonas del país, los parlamentarios continúan con la posibilidad de ocupar 12 pasajes al año, denominados como pasajes para labor de "representación". Pero la actual propuesta exige que estos no sean acumulables y que solo puedan ser ocupados una vez al mes. Si no se ocupan, estos se pierden. Además, a diferencia de lo que ocurre hoy, se exige que estos tickets deban ser previamente informados al Congreso, señalando mediante un escrito el objetivo, el destino y la actividad a la que se va. Y otra cosa: el personal de apoyo que solía ocupar también esta asignación ahora no podría, puesto que se plantea de uso exclusivo para parlamentarios. ¿El objetivo? Eliminar el uso de pasajes con fines electorales.

Una característica de la nueva disposición es que se hace cargo de asuntos no abordados por la normativa vigente. Sobre alumnos en práctica que se contratan bajo la asignación personal de apoyo para práctica profesional, se prohíbe expresamente que estos sean concejales o cores, o que hagan labores de funcionarios públicos.

No solo se elimina la caja chica en las oficinas parlamentarias -que hasta ahora tienen un máximo de gasto de $233 mil al mes-, también se determina que la compra de mobiliario o equipamiento computacional quede para uso del Congreso. "Los bienes que excepcionalmente se adquieran bajo este ítem serán de propiedad de las respectivas corporaciones, debiendo el parlamentario hacer entrega de dichos bienes al término de su mandato", dice el texto que todavía no aprobado. También limita ampliaciones de oficinas, señalando que solo se harán reparaciones en virtud del uso de estas. Un cambio en la normativa que ha concitado el mayor número de críticas por parte de los legisladores es que se restringe el uso de las oficinas para fines políticos o votaciones partidistas. Ahora solo podrán ser usados con fines legislativos. Tampoco se pueden prestar servicios lucrativos a la comunidad allí.

Se propone que las líneas telefónicas que paga el Congreso para asesores deban autorizarse identificando previamente el RUT, nombre y firma del usuario. Estos además deberán devolver la línea con la misma formalidad. Los datos propuestos no son exigidos en la normativa actual, habiéndose detectado que parlamentarios tenían más líneas que asesores.

En este ítem se estipula que los gastos de vehículos, peajes, tags y combustible, solo se circunscriban a los desplazamientos desde el Congreso a las regiones que cada parlamentario representa y viceversa. Hasta ahora los congresistas pueden gastar a discreción en cualquier zona estos ítems, presumiendo -como dice en la norma- que el motivo es el ejercicio de su función parlamentaria. El nuevo orden plantea que solo en forma "excepcional" se podrá hacer uso de estos gastos en otra región.

Si se aprueban estas norman, los parlamentarios "excepcionalmente" podrán contratar a honorarios a choferes, secretarias o personal administrativo. Estos en su mayoría deben prestar servicios bajo Código del Trabajo. Y de ser a honorarios, se les exigirá algo parecido a los asesores externos: que su labor esté fielmente detallada en su contrato y que se estipule un plazo para desarrollarlo. Estos trabajadores también presentan informes.