Iniciado el receso legislativo, que durará todo febrero, se puso pausa a una serie de proyectos de ley que están siendo discutidos en el Congreso Nacional y que, tanto los autores como los negociadores, esperan que sean prioritarios en marzo, de cara al último año de la actual legislatura.

La mayoría de ellos están en el Senado, donde los mocionantes de las iniciativas aceleraron fuertemente la tramitación para que puedan ser despachados -ya sea definitivamente a ley o a la sala de la Corporación- y anotarse un logro al cierre del año parlamentario.

Una de las principales iniciativas que quedó frustrada en la Cámara Alta fue el proyecto de ley impulsado por los senadores José García (RN) -presidente de dicha rama del Congreso- Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Matías Walker (Demócratas) y José Miguel Insunza (PS), que busca levantar una estatua del expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución.

El objetivo de los autores era tener el proyecto aprobado para el primer aniversario de la muerte del exmandatario, el próximo 6 de febrero. Por lo mismo, es que tanto la aprobación en la comisión de Cultura del Senado como en el hemiciclo, los mocionantes aceleraron su tramitación.

Sin embargo, una vez en la sala de la Cámara Alta, se encontraron con la resistencia de la bancada del Partido Comunista. En la sesión del pasado 28 de enero, el jefe del bloque, Daniel Núñez, pidió segunda discusión, lo que obligó a aplazar la votación para el día siguiente. El problema para los parlamentarios no quedó ahí, pues ciertas interpretaciones del reglamento del Senado obligaron a aplazar la votación de la iniciativa para marzo.

Una segunda iniciativa -que también fue impulsada por senadores de forma transversal- es la reforma al sistema político. Los autores del proyecto de modificación a la Constitución fue presentada a finales de noviembre del año pasado por Alfonso de Urresti (PS), la senadora Ebensperger, Rodrigo Galilea (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Gastón Saavedra (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD).

La iniciativa si bien fue aprobada en la sala de de la Cámara Alta, el gobierno todavía no se hace parte formalmente de esta discusión legislativa, lo que ha enfurecido a los legisladores. La reforma constitucional, pese a ser aprobada en su primer trámite, ha recibido fuertes reparos técnicos, entre ellos, del presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle.

Por lo mismo, su tramitación se prevé compleja, sumado a que, según transmiten entre los diputados, en la Cámara Baja dicha reforma no tiene piso político.

En materia de seguridad, existen al menos dos iniciativas que vieron interrumpido su avance.

En primer lugar, están las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para Carabineros y las Fuerzas Armadas, iniciativa que se discute en las comisiones unidas de Defensa y Seguridad Pública. Consultado el presidente de dicha instancia, Pedro Araya (PPD), señaló que “no hemos logrado un punto de acuerdo en ciertas situaciones”, como por ejemplo, en qué circunstancias personal policial o militar puedan hacer uso de su arma.

Pese a los nudos, complementó Araya, su idea es despachar el proyecto a mediados de marzo. El punto que mantiene con diferencias a los senadores es la justicia militar. En ese sentido, a juicio del senador, dicha norma se escapa de las ideas matrices del proyecto, por lo que, haciendo uso de su facultad como presidente de la instancia, declarará inadmisible esa norma para quede afuera del proyecto.

En segundo lugar está la reciente aprobación, en la comisión de Seguridad -presidida por Iván Flores (DC)- del proyecto que endurece sanciones al tráfico de drogas. Si bien la medida se aprobó por unanimidad en dicha instancia -lo que suele ser un buen augurio para su respaldo en sala-, en el debate previo a la votación encontró la resistencia del Ministerio de Justicia.

Los reparos que planteó el subsecretario de la cartera, Ernesto Muñoz, generaron una fuerte molestia entre los senadores. Incluso, el representante del oficialismo Juan Luis Castro (PS) acusó que lo expuesto por el gobierno -cuya repartición, recalcó, no fue parte de la mesa técnica- era “una falta de respeto”.

Sumado a lo que quedó pendiente en el Senado, en la Cámara de Diputados hay una serie de comisiones especiales investigadoras respecto a distintos temas.

Estos espacios se conforman con el objetivo de dilucidar responsabilidades políticas sobre algún acontecimiento o falta administrativa o legal en el que se vea envuelto un funcionario o alguna institución.

La más bullada es la que se instaló para conocer los actos de gobierno respecto de la salida del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien está siendo investigado por abuso sexual y por lo cual está en prisión preventiva en Capitán Yáber.

El presidente de la instancia, Miguel Mellado (RN), pidió a la sala de la Cámara una extensión del funcionamiento de la comisión. El objetivo principal es esperar la respuesta de la contralora Dorothy Pérez, respecto a los dichos del jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, en el espacio fiscalizador. Cuando fue citado, el inquilino de Palacio se escudó en la tesis de que las conversaciones con el Presidente de la República son privadas, impidiendo a los diputados obtener la información que ellos requerían.

Las comisiones de esta índole que están más atrasadas son, por un lado, la que investiga las responsabilidades en el caso ProCultura, donde se investigan presuntos delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y lavado de activos, dado el traspaso de millonarios fondos a los gobiernos regionales.

Por lo mismo, los próximos citados a la comisión de la Cámara de Diputados -el próximo 3 de marzo- son el gobernador de Magallanes, Jorge Flies; el director de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos Lucero; y jefa de la División de Defensa Estatal del Consejo de Defensa del Estado, Paulina Retamales.

Una tercera comisión es la que investiga las responsabilidades en masivo corte de agua que afectó a las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía. En ese contexto es que el próximo 3 de marzo, la instancia recibirá a la Comisión Nacional de Energía y representantes de la Compañía General de Electricidad.

El último espacio fiscalizador de la Cámara es el que tiene que ver con las listas de espera en los hospitales, el cual está presidido por Tomás Lagomarsino (radical). Para el 3 de marzo, la instancia recibirá a la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada.

Sumado a las investigadoras, la comisión de Defensa aprobó la actualización de la ley de Inteligencia. En dicha instancia, presidida por Camila Flores (RN), la iniciativa se aprobó por una amplia mayoría, antecedente que podría replicarse en la sala de la Cámara. Antes de la votación en el hemiciclo, eso sí, debe pasar por la comisión de Hacienda para la revisión del informe financiero.