Macaya por pensiones de gracia: “Hay una responsabilidad fundamental del gobierno y del Instituto Nacional de Derechos Humanos”

Esta mañana, el senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, se refirió a la controversia por las pensiones de gracia entregadas bajo el marco del estallido social a personas con antecedentes penales. Además, el parlamentario criticó el manejo del gobierno de la situación y comentó las acciones que su partido tomará al respecto.

Dado que este domingo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que a 25 de los pensionados con antecedentes se les revocará el beneficio y que otros casos serán revisados, Macaya fue consultado al respecto. Frente a ese escenario, señaló en Radio Pauta que “siempre es útil recordar la historia. Cuando uno revisa esta situación, donde hasta hace algunas semanas atrás la ministra Tohá decía que las pensiones de gracia no se podían revocar, esto fue lo que generó que varios parlamentarios de la UDI, entre otros, tuviesen que presentar un proyecto de ley para poder revocar las pensiones que habían sido otorgadas a personas que con antecedentes penales hubiesen recibido estas pensiones”.

En ese sentido, el senador criticó la conducción del Ejecutivo frente a este hecho. “Hoy día esto de tirar la pelota al gobierno anterior es más antiguo que el hilo negro. O sea, es un gobierno que no asume responsabilidades sobre sus actos y utiliza todas las facultades que tiene, lo hizo con los indultos, lo está haciendo con esto, de manera negligente, o peor aún, con otro tipo de intereses”.

En esa línea, agregó que “eso también es parte de lo que en las comisiones investigadoras y en las acciones que se dan de fiscalización que van a seguir estando en esto, va a tener que explicarse”, refiriéndose al anuncio de la UDI de crear nueva comisión investigadora tras el informe de la Contraloría sobre las pensiones de gracia, donde se reveló que dentro del historial de algunos beneficiados, sobresalen delitos por “estafa, tráfico, producción de material pornográfico infantil y abuso sexual”.

En ese marco, sostuvo que “hay una responsabilidad fundamental del gobierno y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) (...) ninguna política antidelincuencia, nada de lo que hagamos nosotros en el Congreso puede revertir la legitimación de la violencia que ha hecho con estas decisiones el gobierno y el Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

“El INDH, durante el estallido de violencia del 2019, lo que hacía era defender a personas que atacaban a carabineros, que se enfrentaban directamente con el fin de desestabilizar la democracia. Y eso generó un daño muy importante en la confianza. La manera de enfrentar el problema de la delincuencia. Se legitimó la violencia como una forma de conseguir un objetivo político y en ese momento el INDH fue cómplice directo de aquello y quienes estaban en ese momento en la oposición también fueron cómplices”, cerró Macaya.