Menos Congreso y más calle, administración y fiscalización: La Moneda aterriza el nuevo énfasis en gestión

En la jerga política se le suele llamar “gobernar por decreto”.

Si bien el énfasis en gestión, que el Presidente Gabriel Boric quiere darle a la nueva etapa del gobierno, venía esbozándose desde fines del año pasado, la severa derrota que sufrió el Ejecutivo con el rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria consolidó el diagnóstico.

En vista de la minoría que tienen las fuerzas oficialistas en las dos ramas del Congreso -donde quedaron instaladas profundas dudas sobre la capacidad de La Moneda para impulsar su agenda de reformas estructurales-, el mismo equipo político del Presidente acordó sacar al gobierno del entrampamiento legislativo y apostar a otras facetas de gestión gubernamental, como las tareas administrativas, de fiscalización, de implementación de políticas públicas y sobre todo de despliegue territorial.

En entrevista con TVN, la ministra del Interior, Carolina Tohá, remarcó que el objetivo principal del reciente cambio de gabinete -en el que salieron cinco ministros y se renovaron 15 subsecretarías-, “es fortalecer la gestión, enanchar el gobierno..., sacarlo sólo de la política y del Parlamento, y hacer mucho más presente la gestión de los sectores, la dimensión de realización y las regiones. Quiero poner acento en eso”.

En esta etapa, la jefa de gabinete mencionó que “la presencia y el despliegue en las regiones es fundamental” y añadió que el nombramiento de nuevos subsecretarios viene a reforzar ese énfasis para “ponerle velocidad y profundidad” a la gestión y para establecer “un diálogo más amplio”. En esa línea, mencionó, por ejemplo, el perfil de las subsecretarias Alejandra Arratia (Educación), Verónica Silva (Niñez), Verónica Pardo (Turismo) e Ignacia Fernández (Agricultura).

Tohá reveló que este nuevo énfasis fue una decisión que se conversó con el Presidente y en el comité político de ministros, que es integrado por ella y los titulares de la Secretaría General de la Presidencia (Ana Lya Uriarte), de la Secretaría General de Gobierno (Camila Vallejo), de Hacienda (Mario Marcel) y de Mujer (Antonia Orellana).

El mismo Presidente, al intervenir al inicio del consejo de gabinete -realizado el sábado con motivo del primer aniversario de gobierno-, hizo un emplazamiento a sus secretarios de Estado. “Hemos tenido un funcionamiento deficitario en muchas regiones, quiero que aprieten a los seremis, a los directores de servicio, que les exijan más, que estén más en la calle, que no se muevan solamente cuando ustedes o yo vayamos a regiones, que estén permanentemente ahí, que el gobierno se sienta”, dijo.

Si bien al inicio de la administración de Boric había conciencia del cuadro adverso en el Congreso, había una mirada más optimista, sobre todo por el proceso constituyente, que provocaría un un remezón institucional y cambio en las relaciones de poder con la oposición. En esos instantes, no estaba en los cálculos que la propuesta de la Convención Constitucional sería rechazada en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022.

Incluso, al entonces ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, se le cuestionó por sincerar la estrategia de inhibición legislativa, sobre todo en materia de reformas constitucionales, para no entorpecer las deliberaciones que se estaban dando en la Convención.

La mirada optimista de La Moneda se sustentaba, además, porque en la Cámara de Diputadas y Diputados se había logrado establecer una mayoría circunstancial, sin la derecha, para establecer un acuerdo administrativo y tomar el control de la corporación junto a bancadas de gobierno (PS, PPD, PC, Frente Amplio, radicales y liberales), independientes y grupos no alineados (DC, PDG, ecologistas).

En el caso del Senado, donde la derecha logró la mitad de los escaños, se había logrado generar una buena interlocución con ciertos representantes de oposición, como los RN Manuel José Ossandón y Paulina Núñez, y los UDI Javier Macaya y Juan Antonio Coloma.

Tras el rechazo de la propuesta de la Convención, el nuevo equipo político liderado por Tohá y Uriarte se enfocó en las relaciones con el Congreso. Si bien se logró mantener un clima de diálogo con la oposición en el Senado, la mayoría circunstancial que se había alcanzado en la Cámara se desmoronó (la DC y el PDG se dividieron) y los diputados de Chile Vamos y el Partido Republicano, que fueron marginados del acuerdo administrativo, han aprovechado de tomarse revancha, rechazando algunas iniciativas emblemáticas del Ejecutivo, como la reforma tributaria.

Hoy en el oficialismo existe un sentido de realismo de que los senadores de la UDI y RN, aunque tengan una disposición más constructiva que sus diputados, tampoco tienen margen político para salvar la fracasada iniciativa si es que no sufre modificaciones sustantivas. De ahí la decisión de La Moneda de insistir con el mismo proyecto impositivo.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo que su colectividad le ha pedido al Ejecutivo concentrarse en tareas de fiscalización para combatir abusos en distintos ámbitos, incluso en el ámbito tributario.

“La agenda legislativa es una parte de la acción del gobierno. El 66% de las medidas que tiene que tomar el gobierno no son legislativas”, señaló Vodanovic, quien agregó que insistir con el mismo proyecto tributario rechazado “sería contumaz en ir a pegarse contra la muralla”.

“Si el objetivo es, por ejemplo, terminar con los abusos, y entiendo por abusos a aquella gente que prefiere gastar la plata en pagar grandes estudios de abogados para eludir el pago de impuestos y evadirlos en vez de pagarlos, es un abuso. En eso, hay consenso con la derecha... Debemos terminar con esas exenciones”, expresó la presidenta del PS, quien comentó que en su momento el ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, dejó preparada una agenda.

Además, Vodanovic precisó que dentro de la agenda antiabusos, que quiere impulsar el PS, la idea es “fortalecer la acción, no la institucionalidad, la acción, y exigir como partido de gobierno, al Sernac, a la Fiscalía Nacional Económica, que hagan su trabajo”.

En el caso de la Superintendencia de Seguridad Social, dijo que van a “exigir el pago pronto de las licencias médicas”, y en el ámbito de las relaciones laborales, comentó que “hay una laxitud a veces de la fiscalización y hay que fortalecer esos derechos”.