Ministerio de Seguridad Pública: proyecto estrella de Tohá enfrenta semana decisiva

Los tres años y 45 días de tramitación pueden resultar engañosos para esta reforma que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, ya que la discusión ha tenido más trabas de las esperadas y debido a que la idea de crear una cartera encargada de dirigir a las policías viene al menos desde 1990.

Tras el fin de la dictadura, el objetivo inicial era sacar a Carabineros e Investigaciones (PDI) del Ministerio de Defensa para darle al poder civil la responsabilidad del orden público y la seguridad ciudadana. De hecho, en 1992, en la administración de Patricio Aylwin, hubo un fallido proyecto que creaba una Subsecretaría de Seguridad Pública en Interior. El tema fue parte de las negociaciones de las reformas constitucionales de 2005 durante el Ejecutivo de Ricardo Lagos y también del programa del primer gobierno de Michelle Bachelet que convocó a una comisión para estudiar el tema.

Ese paso, sin embargo, recién se concretó en julio de 2011, bajo la primera administración de Sebastián Piñera, con el traslado de las policías a Interior, independientemente de que en la práctica la coordinación policial ya era realizada hace años por las autoridades de este ministerio político.

Esta discusión de décadas está en un momento clave. Para este martes, de 09.30 a 12.30 horas en la sede del Congreso de Valparaíso, están convocados los senadores y diputados que son parte de la comisión mixta que, desde el mes de agosto, se encuentra destrabando los nudos del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad.

Esa jornada no será la votación final, pero sí es la decisiva, dado que el texto que evacúe la comisión mixta debe votarse en paquete por ambas salas del Congreso y, por lo tanto, ya no podrían hacerse más modificaciones, salvo que en una fase posterior el gobierno decida enviar un veto para corregir algunos artículos.

Con ese panorama, esta semana quedaría sellada la suerte del proyecto que fue iniciado en 2021 por el Presidente Piñera, pero que fue “amadrinado” por Tohá cuando asumió en Interior en septiembre de 2022.

La misma ministra convirtió esta iniciativa en el buque insignia de la agenda de seguridad.

En sus esfuerzos para convencer a la oposición, sin embargo, siempre ha reconocido que la reforma obedece a un mensaje del fallecido mandatario, ya que en los años de gobiernos de la Concertación la idea de crear una cartera especializada en seguridad, distinta a Interior, fue desechada.

Sin embargo, pese a los guiños de la secretaria de Estado, la discusión ha sido tensa, no solo por diferencias políticas, sino también por razones técnicas y jurídicas.

“Este proyecto propone dos cosas y así está explícito en el mensaje enviado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Por una parte, tener un Ministerio de Seguridad especializado y, por otra parte, darle condiciones al Ministerio del Interior, como ministerio político, para realizar su labor de mejor manera”, manifestó Tohá en una de las primeras sesiones de la comisión mixta.

Uno de los últimos nudos que tiene que resolverse esta semana tiene que ver con la representación regional del nuevo ministerio y con quién será el responsable de conducir las policías y del orden público.

La última propuesta de Tohá es que esta nueva cartera sea representada en cada zona por un “secretario regional ministerial” (seremi), ciñéndose a la nomenclatura que ya existe para los representantes territoriales de ciertos ministerios.

La fórmula de la ministra -una suerte de “sheriff” en cada región de acuerdo a la usanza anglosajona- es que esta nueva autoridad esté a cargo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) y que responda directamente a cada requerimiento del delegado regional presidencial para intervenciones en materia de orden público (por ejemplo, protestas) o situaciones de seguridad. El diseño de Tohá considera que el delegado también sea empoderado para tener el suficiente mando sobre el seremi de Seguridad.

Con esta propuesta sobre la mesa, avalada por un acuerdo técnico de asesores parlamentarios y materializada a través de indicaciones ingresadas la semana pasada, quedaría poco margen para innovar.

Hasta hace un par de semanas, había una fuerte resistencia, en especial de los diputados de RN, de entregarle la plena conducción de las policías a esta nueva función y preferían que el delegado (antiguamente el intendente, que sigue siendo una autoridad del Ministerio del Interior) mantuviera el control del orden público. No obstante, Tohá se opuso tenazmente a esa alternativa, pues confundía las responsabilidades y -a su juicio- hacía innecesaria la creación de un ministerio especializado en la seguridad para separarlo del rol más político de Interior.

Si bien hay diputados de derecha que reiterarán esta semana su planteamiento para preservar las potestades del delegado, el diseño de la ministra ha convencido a algunos senadores opositores, que también le dieron el piso político a Tohá para que amarrara otro pilar fundamental de esta reforma: darle más atribuciones políticas al Ministerio del Interior en su rol de entidad coordinadora y de supervisión estratégica de otras secretarías de Estado.

Este fue otro de los nudos que había quedado pendiente de la tramitación legislativa, pero que fue aprobado por unanimidad en la comisión mixta en septiembre pasado.

Con esta discusión aparentemente encaminada, algunos integrantes de la comisión solo tenían sugerencias formales respecto del nombre que debiera tener esta figura de “sheriff” regional y los requisitos para asumir ese cargo.

En el primer trámite en el Senado se denominó “comisionado” a esta nueva autoridad, con el fin de remarcar su potestad especial de conducir y velar por el buen funcionamiento de las policías, pero tras un intenso debate que se dio en la Cámara, el gobierno y los diputados se inclinaron por el nombre de seremi o secretario regional ministerial. Sin embargo, ciertos senadores pretenden insistir esta semana con el título de “comisionado”.

Sumado a ello, hay otro nudo, que surgió en las últimas semanas, producto de la denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien supuestamente habría abusado de sus facultades en materia de Inteligencia para tomar resguardos ante las imputaciones. En especial, pidió diligencias a la PDI para que revisaran cámaras de vigilancia que registraron sus movimientos la noche del 22 de septiembre, jornada en que ocurieron los hechos denunciados.

Con esos antecedentes, de forma transversal, los diputados y senadores de la comisión mixta quieren eliminar las facultades en materia de Inteligencia del nuevo subsecretario de Seguridad Pública (que heredará las atribuciones de Interior) y radicar estas potestades en el ministro, quien puede pedir informes a requerimiento de subordinados, pero con la diferencia de que puede ser acusado constitucionalmente en caso de abusos.

Con este panorama, antes de la jornada de votaciones, el lunes será destinado para negociar la redacción final que tendría la reforma.

El presidente de la comisión mixta, Iván Flores (DC), aunque reconoce que lo más probable es que la denominación de la representación regional del ministro de Seguridad sea un seremi, cree que “debiera tener un rango superior, un comisionado”.

En cuanto al manejo de información confidencial, Flores agrega que “vamos a abrir la votación nuevamente para discutirlo, hay un acuerdo preliminar para que se revierta”.

El diputado Diego Schalper (RN), por su parte, asegura: “Vamos a cambiar las normas sobre acceso a información de Inteligencia después de lo ocurrido con el caso Monsalve”.

“Y vamos a exigir que el delegado presidencial mantenga sus atribuciones de jefe de las policías”, complementó el parlamentario opositor.

Desde el oficialismo, la diputada Alejandra Placencia (PC) añade que la denominación de la autoridad “ha sido una discusión donde hemos explorado distintas alternativas y la que ha generado más consenso dentro de la comisión mixta es la figura del seremi como representante del ministro o ministra de Seguridad en la región”.

“Nuestra expectativa es que exista un ánimo de acuerdos por parte de la oposición con miras a buscar una fórmula que permita construir un consenso”, aseguró la diputada comunista.