Ministra Uriarte recuerda que en 2021 se registró el “máximo histórico” de ingresos irregulares en Chile

La ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte participó este miércoles de la discusión en el Senado del proyecto de reforma constitucional impulsado por la UDI que modifica la regulación migratoria.

En medio de ese debate, la ministra cuestionó algunas de las afirmaciones que los senadores que impulsaron la iniciativa hicieron en su proyecto.

“Quisiéramos señalar que no son efectivas las afirmaciones contenidas en la moción en los antecedentes, de hecho, entre los fundamentos de este proyecto de ley se señala que el Gobierno ha incumplido promesas y objetivos relacionados a la crisis migratoria y señala que tal como lo han expuesto en otro proyecto de ley ingresado en esa fecha, han ingresado a Chile una cantidad de personas que implica que nuestro país vive la peor crisis migratoria”, comenzó diciendo Uriarte.

Agregó que “ello, según la PDI, no sería efectivo. En tanto, señala que el máximo histórico de personas que ingresaron a nuestro país por pasos no habilitados se produjo el año 2021 con el ingreso de 56.000 personas. El promedio de personas que ingresaban a nuestro país entre el año 2015 y 2017 era de 2.449 personas y entre el año 2018 y 2021 vino una un alza absolutamente extraordinaria, llegando a 21.948, es decir, pasamos de 2.500 personas para ponerlo en términos redondo a 22.000 personas. Pero aquel máximo histórico que señala los antecedentes del sustento de esta moción no se encuentra en el inicio de este gobierno, como se señala”.

Los dichos de la secretaria de Estado se dieron la misma jornada en que el expresidente Sebastián Piñera criticó a la actual administración de Gabriel Boric por la gestión migratoria.

“Espero que este esfuerzo que está haciendo el actual gobierno, que es una continuidad de lo que hicimos en el gobierno anterior, a pesar de que en esos tiempos hubo mucha oposición a proteger nuestras fronteras de parte de quien hoy son gobierno, tenga éxito porque eso le hace bien y es lo que Chile necesita”, indicó el exmandatario durante la mañana.

Uriarte, además, aseguró que el 2022 “se realizaron 31 expulsiones administrativas y 1039 expulsiones judiciales, generándose para ello la cantidad de vuelos necesarios para poder trasladar a todas estas personas a los respectivos países a los cuales fueron expulsados. Por lo tanto, tampoco es efectivo que no se haya tenido que contratar vuelos para materializar aquellas expulsiones. Y por último, quisiéramos señalar que ha sido durante este gobierno que se han ingresado dos proyectos de ley para efectos de simplificar los procedimientos administrativo de expulsión y por otro lado, hacer cierta mejora y fortalecimiento en los procesos judiciales de expulsión”.