Montes responde a Espinoza y ratifica a seremi RD en la mira por convenios en la Región del Maule

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, acudió este jueves a La Moneda para dar cuenta al Presidente Gabriel Boric de las gestiones que realizó en Antofagasta a propósito de la investigación que realiza el Ministerio Público por los millonarios contratos de su cartera con la Fundación Democracia Viva.

Por trato directo, el ahora renunciado seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras -militante de Revolución Democrática (RD) y exjefe de gabinete de la diputada de ese partido Catalina Pérez- asignó a la fundación $ 426 millones para proyectos de mejora en campamentos en la región. El representante legal de la entidad beneficiada es Daniel Andrade, exdirigente estudiantil que, hasta que se dio a conocer el caso, era pareja de la diputada Pérez.

Por otro lado, esta semana se abrió otro flanco para el gobierno relacionado con RD ante la investigación penal que abrió la Fiscalía del Maule sobre indicios de irregularidades por el nexo entre el seremi del Minvu Hernández y la ONG Urbanismo Social, de la que fue director jurídico. Una publicación del medio Ex-Ante expuso que entre octubre y diciembre de 2022 la Seremi de Vivienda de Antofagasta realizó ocho donaciones a Urbanismo Social, por un total de $ 577 millones. Además, se realizaron cuatro convenios en 2022 entre la misma entidad y la Seremi de Vivienda del Maule, encabezada por Hernández, por un total de $109 millones.

Hernández afirmó que se abstuvo de participar de cualquier acto administrativo interpretable como un eventual conflicto de interés.

Esta jornada, el senador del Partido Socialista (PS) antiguo compañero de bancada de Montes en la Cámara Alta, divulgó una resolución en la que se delega la facultad de celebrar y aprobar convenios de transferencia de recursos del programa de asentamientos precarios en las secretarias y secretarios regionales ministeriales del Minvu.

“¿No creen que con esta resolución le dieron manga ancha a seremis para hacer lo que quisieran?”, inquirió el legislador de la tienda oficialista.

“¿Que nos traerá la caja de pandora?”, se preguntó Espinoza, afirmando que “Montes por su soberbia y cero diálogo puede caer estrepitosamente”.

Sobre la resolución a la que alude el senador Espinoza, el ministro dijo que “eso se viene firmando exactamente en los mismos términos desde el 2019″ y no corresponde a una instrucción particular de la actual administración.

“Esto tiene que ver con que hay una serie de decisiones del nivel central que se entregan a los otros niveles para que tomen decisiones y se hagan responsables de ellas y cumplan las normas, no tiene otro fin. Pero bueno, él podrá tener sus objeciones, que las haga saber y para eso hay distintas instancias democráticas para discutirlo”, señaló.

Desde la cartera en tanto, explican que conforme lo autoriza la ley de presupuestos año a año, está la opción de celebrar convenios con instituciones privadas sin fines de lucro. Para ser más eficiente y expedita la ejecución de este programa es que el ministro de Vivienda delega alguna de sus facultades en materia de celebración y aprobación de convenios, acotan, indicando que esta delegación, como se enmarca en la ley de presupuestos, se debe firmar al menos una vez al año. En efecto, los convenios suscritos en 2022 fluyen de la delegación de facultades realizadas por las autoridades ministeriales anteriores. Y así también respecto de los años anteriores.

Además, el secretario de Estado informó en la sede de gobierno que, tal como se hizo en Antofagasta, un equipo del Minvu realizará una investigación preliminar por los convenios en la Región del Maule y se refirió a la situación de Hernández.

“Nosotros no tenemos ningún antecedente que nos haga cambiar de criterio respecto a a esto. A medida que surjan antecedentes lo vamos a ver. Es una persona que ha sido bastante competente en su desempeño”, destacó el titular del Minvu.

“Él se inhabilitó para participar, si nosotros viéramos que en los procesos de decisión se dieran antecedentes, sería distinto. Hasta el momento simplemente hay una vinculación entre una institución muy reconocida en todo el país como organismo social con un organismo público. Si aparecieran cuestiones inapropiadas, nosotros tendríamos otro criterio”, afirmó Montes.