Nuevo round gobierno-isapres: director de Fonasa dice que “la idea es que desaparezcan del mapa de la seguridad social”

“Nos preocupan los dichos del director de Fonasa, porque pueden ir aparejados a otras acciones del gobierno conducentes a forzar el cierre de las isapres durante los próximos meses, de manera abrupta y por la vía administrativa”. Así respondió la Asociación de Isapres a los dichos de Camilo Cid, director de Fonasa, quien en conversación con la Prensa Austral de Punta Arenas sentenció el fin de las aseguradoras: “Desaparecen del modo en que las conocemos ahora y tienen la oportunidad, junto con otras entidades, de transformarse en seguros complementarios voluntarios privados”, dijo Cid.

Pero este no es el primer round entre el gobierno y el sector privado por la transformación de la seguridad social en el país. Hace semanas que las isapres vienen alertando sobre la compleja situación financiera que atraviesa la industria y la posibilidad de quiebra, pero la ministra de Salud, Begoña Yarza, se mostró escéptica y sostuvo que dichas instituciones han tenido buenos resultados en los último 15 o 20 años y que sólo han registrado pérdidas en 2021.

“Yo no creo que ocurra (la caída de una isapre), dado esta mirada más de largo aliento, me imagino que hay recursos guardados para estos momentos”, comentó Yarza a mediados de julio. Y en caso de que ocurriese algo así, “la ley tiene una forma de resolver eso hoy”, añadió la ministra. La respuesta, otra vez, no se dejó esperar y la asociación le respondió a la secretaria de Estado a través de un comunicado, donde aseguraron que “el sector se encuentra en una situación crítica”.

En el documento también enumeraron algunos factores que argumentan su situación. Primero, señalan que el sistema de isapres registra pérdidas por $ 170 mil millones en los últimos 15 meses. Asimismo, advirtieron que “las isapres ya no tienen margen de operación, hoy funcionan únicamente con aportes de capital de sus dueños y el cierre puede producirse en solo meses. Afirmar lo contrario es arriesgado, porque hay de por medio casi tres millones y medio de afiliados que escuchan llamados a la tranquilidad y que podrían verse, de la noche a la mañana, sin cobertura de salud, a la vez que Fonasa tendría que acoger a cientos de miles de nuevos afiliados en una red de prestadores estrecha y que mantiene abultadas listas de espera”.

Días antes, Yarza ya había dudado de la situación de las isapres. Pese a que la Superintendencia de Salud fijó un tope del 7,6% al alza de precio en los planes de las aseguradoras, la nueva administración echó marcha atrás con la medida. Las seis isapres abiertas del país -Colmena, Cruz Blanca, Consalud, Banmédica, Vida Tres y Nueva Masvida- expusieron ante la Tercera Sala de la Corte Suprema los riesgos de impedir el reajuste de planes aplicado en meses recientes y que ha sido cuestionado mediante recursos de protección.

“Quiero decir que hay más de 31 mil reclamos en relación al alza de las isapres, que la institucionalidad que tenemos hoy señala que la superintendencia pone un valor máximo de alza de precios: esa es una institucionalidad que fue instalada el año 2021 y, por tanto, hay una posibilidad de alza máxima”, expresó la titular de la cartera de Salud.

Esta vez, los dichos de Cid volvieron a revolver el gallinero. El director de Fonasa también señaló que con la nueva reforma a la salud “la idea es que (las isapres) desaparezcan del mapa de la seguridad social y sólo podrían participar en el mundo de los seguros complementarios, pero ahora declaradamente privado”.

La propuesta de gobierno establece la unificación de los recursos para la salud en Chile y eso implica, según contó la misma autoridad, “reunir los recursos del 7% que las personas deben cotizar, más los aportes fiscales que el país destina a salud, en un solo organismo, para que realice la función de financiar un sistema de salud que hemos llamado Sistema Universal, que tiene ciertas características, dentro de ella la más importante es que se compone de un Servicio Nacional de Salud, cuya base de desarrollo es la atención primaria universal para servir como sistema de previsión de salud financiado por este fondo al que la gran mayoría de las personas puedan recurrir, con altos niveles de resolución de calidad y de acceso”.

El cambio medular que propone el gobierno también preocupa al sector privado, pues desde las isapres recalcan que se pudieron haber tomado otros caminos antes de terminar con el aseguramiento privado: “Nos inquieta que las acciones del gobierno se concentren en monopolizar la gestión del sistema previsional de salud, en lugar de abordar los graves problemas de acceso que padece el sistema público, informando soluciones concretas. Creemos que antes de proponer desmantelar el sistema privado se debe trabajar profundamente en mejorar la atención que brinda la red pública, para que todas las personas reciban una salud digna”.

Actualmente, uno de los problemas más graves en el sistema de salud son las listas de espera, pues son las más abultadas del último tiempo. De hecho, al 31 de marzo de 2022, las garantías GES retrasadas marcaron 62.848. Las cirugías también anotaron un récord, con 330 mil registros para un total de 293 mil pacientes, con un promedio de espera de 603 días, cerca de 20 meses.

En ese escenario, desde la asociación aseguran que “hay consenso en que lo primero que debe salir del mapa son las listas de espera del sistema público, donde más de dos millones de personas aguardan, incluso por años, recibir una consulta médica, una cirugía o un procedimiento, y no las isapres y sus afiliados. Todo eso implica una reforma centrada en mejorar el sistema público, la falta de especialistas y los problemas de infraestructura, y nada de ello cambia con eliminar las aseguradoras privadas”.

El director de Fonasa, en otra de sus aseveraciones, recalcó que las isapres pueden permanecer en el nuevo sistema de salud, pero no con el rol que cumplen ahora de seguridad social, sino que deben transformarse en seguros complementarios voluntarios privados. Sin embargo, aunque las entidades quisieran hacerlo no podrían, pues el marco normativo “que regula a las isapres establece que su función es gestionar las cotizaciones de salud de sus afiliados para brindar coberturas. En consecuencia, una reforma que traspasa las cotizaciones a Fonasa implica, por definición, el término de las isapres”, argumentan desde la asociación.

La reforma explicada por Cid va de la mano con la propuesta constitucional, pues el articulado sobre salud también pone fin a las aseguradoras. La explicación es una: hoy las personas pueden elegir si el 7% que cotizan para salud se va a Fonasa o a una isapre, en cambio lo que estableció la Convención es que la futura cotización solo podrá ser destinada al sistema público.