Nuevo tipo penal y persecución de amenazas y extorsiones: las propuestas del gobierno para ajustar la Ley Antiterrorista

El 15 de junio pasado, el Presidente Gabriel Boric encabezó una reunión de coordinación en La Moneda para abordar los ataques con explosivos que se registraron el 9 de junio en Valparaíso y Cañete y la madrugada del 13 de junio en el puente Itata, en Ñuble. El Ministerio del Interior se querelló en todos esos casos invocando la Ley de Control de Armas y Artefactos Explosivos y no la Ley Antiterrorista. En la reunión se fijó un plazo de 30 días para acordar propuestas de ajustes a esa normativa.

Este miércoles se desarrolló una nueva reunión del Mandatario con las policías, el Ministerio Público y otros poderes de Estado, en la que se dieron a conocer las modificaciones que el Ejecutivo ingresará al Congreso para transformar la ley que rige actualmente para perseguir delitos de terrorismo.

La propuesta recoge esfuerzos anteriores por actualizar la legislación antiterrorista, incorporando elementos de proyectos presentados por la expresidenta Michelle Bachelet y por el expresidente Sebastián Piñera.

En 2014 Bachelet presentó un proyecto de ley sobre la materia. Por su parte, a comienzos de 2022 Piñera presentó ingresó un mensaje para establecer un nuevo Código Penal, que actualmente es estudiado por el gobierno para realizarle mejoras y continuar con su tramitación. Las modificaciones presentadas recogen de esas iniciativas, en particular, el foco en la persecución de asociaciones criminales terroristas.

Considerando como modelos de referencia las legislaciones de España, Alemania y Estados Unidos, los cambios que evaluará el Congreso fueron trabajados por una mesa técnica en que participaron asesores de los ministerios del Interior, Justicia y Secretaría General de la Presidencia. Se realizaron sesiones de trabajo con el Ministerio Público y se contó con la asesoría externa del profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, Juan Pablo Mañalich Raffo.

La reforma a la legislación antiterrorista estaba contemplada en el programa de gobierno de Gabriel Boric y en el Compromiso Transversal por la Seguridad Pública.

La dificultad de probar un ánimo terrorista (exigencia de la ley actual) ha llevado a que sólo se haya obtenido una condena en juicio oral (”Caso Bombas 2″ o “Subcentro Escuela Militar”).

En marzo de 2018, el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a 23 años de prisión a Juan Flores en el llamado “Caso Bombas II”. En septiembre de 2014, Flores provocó una explosión en el paseo comercial Subcentro de la estación Escuela Militar del Metro de Santiago, dejando a una veintena de personas heridas. Su caso es el del primer y único condenado a la fecha por un bombazo terrorista en la Región Metropolitana desde la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal.

Considerando las dificultades para probar en juicio el ánimo terrorista de un imputado, se optó por eliminar ese elemento subjetivo exigido en la actual legislación y se plantea utilizar elementos objetivos cuya prueba es factible para determinar que los actos constituyen terrorismo.

Dentro de las mejoras destacan aquellas que permiten anticipar la persecución penal, así como aquellas que favorecen una persecución eficaz.

• La propuesta crea un nuevo tipo penal de asociación terrorista. Así, quienes pertenezcan a una organización criminal (elementos del delito de organización criminal) con fines terroristas (comisión de determinados delitos con fines o características terroristas) podrán ser perseguidos por pertenecer a ellas, además de las sanciones que reciban por otros delitos que hayan cometido.
• Se incorpora una nueva categoría de delitos de favorecimiento de la asociación terrorista. De esta forma se sanciona a quienes cometan determinados delitos (por ejemplo: amenazas, extorsión, lavado de activos, etc.) para favorecer la actividad de una asociación terrorista.
• Las técnicas especiales de investigación de la nueva ley de crimen organizado, tales como interceptación de comunicaciones, registro de equipos informáticos, agentes encubiertos, reveladores e informantes, entre otras, serán aplicables a los delitos terroristas, incluyendo los nuevos tipos contemplados en la propuesta.

En la reunión de este miércoles 26 de julio se acordó que durante esta semana y la próxima se realizarán encuentros bilaterales con los participantes para recibir sus comentarios, para luego presentar un proyecto de ley en el Congreso Nacional. Asimismo se estableció que cuando este sea ingresado el Ejecutivo y el Congreso acordarán los plazos de tramitación para su incorporación al fast track legislativo en materia de seguridad.