Oposición somete a Tohá a un intenso calvario de sesiones parlamentarias por caso Monsalve

“Si yo tuviera intenciones de salir, habría salido”, dijo este lunes en un punto de prensa la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), al ser consultada si estaba en sus planes evaluar su renuncia al gobierno a la luz la crisis política que desató la denuncia por violación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve.

Desde que estalló el escándalo, el pasado 18 de octubre, la secretaria de Estado ha debido soportar constantes llamados de la oposición pidiendo su salida, presiones que bajaron en intensidad solo por la recta final de las elecciones, pero que este lunes volvieron con fuerza.

Hasta el momento, en las distintas bancadas opositoras existe un diagnóstico compartido de no lanzarse, por ahora, en una medida de última ratio como una acusación constitucional en contra de Tohá, sin embargo, como alternativa someterán a la ministra a un incesante y severo proceso de fiscalización, una suerte de calvario de sesiones parlamentarias.

De partida, este lunes, la ministra y el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, además del director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, fueron citados a una sesión secreta de la Comisión de Control Inteligencia de la Cámara para que dieran cuenta del procedimiento de revisión de cámaras de seguridad que ordenó Monsalve a modo de resguardarse ante la inminente denuncia que fue presentada en su contra.

Además, a petición de la oposición, los jefes de las distintas bancadas de diputados aceptaron realizar una sesión especial de sala, este martes entre las 19 y 21 horas, para discutir específicamente las irregularidades y situaciones de abuso de poder en las que habría incurrido el exsubsecretario. No obstante, desde el oficialismo había resistencia de someter a Tohá a un escarnio en la sala, pero, finalmente, por mayoría de los comités fue aprobada la concurrencia de la ministra.

La incomodidad de las fuerzas gubernamentales volvió a evidenciarse este lunes en la tarde en un encuentro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, que preside la diputada Gloria Naveillán (independiente de oposición). Al final de la reunión, Naveillán pidió el acuerdo para citar a Tohá y Cordero para que expusieran y contestaran preguntas respecto del mismo caso, lo que provocó una airada respuesta negativa de los diputados oficialistas, con el argumento de que este martes ya se iba a realizar una sesión especial.

Pese al reclamo, con votos de la derecha, finalmente se impuso la decisión de convocar igualmente a las autoridades del Ministerio del Interior.

No conformes con estas convocatorias, en la lógica de lo que abunda no daña, las bancadas opositoras formalizarán este martes la conformación de una comisión investigadora para reunir antecedentes sobre el episodio en cuestión y buscar responsabilidades.

Una vez que se constituya esta instancia fiscalizadora, obviamente Tohá será nuevamente citada, con la diferencia de que, al menos a esa convocatoria, no puede negarse, según dispone la Constitución. “Los ministros de Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten”, dice la Carta Fundamental.

Consultada por las herramientas que adoptarán para fiscalizar a la ministra del Interior, la jefa de bancada de RN, la diputada Ximena Ossandón, dijo que por ahora “vamos a seguir con la sesión especial y la comisión investigadora, veremos qué es lo que va pasando, pero por ahora no existiría sustento jurídico para una acusación constitucional” “Nos vamos a juntar con las bancada de Chile Vamos y con los otros jefes de bancadas, pero por ahora estamos esperando nuevos antecedentes que pudieran aparecer”, agregó.

El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) coincidió en que se deben usar los instrumentos constitucionales con cautela. “Hemos dicho que queremos ser muy prudentes y queremos esperar cómo se van desarrollando las investigaciones (...). Lo lógico es esperar cómo van apareciendo más antecedentes”, sostuvo.

Consciente de la presión de algunos parlamentarios pidiendo su salida, este lunes, la ministra Tohá reiteró que “las preguntas sobre cambio de gabinete solo las puede responder una persona en Chile que es el Presidente de la República (...). Todo lo demás que digamos es música, y mala música”.

Por su parte, el subsecretario Cordero también se anticipó a algunas consultas que podrían hacer los diputados en el próximo “tren” de sesiones parlamentarias. Reiteró que “respecto a la situación que afecta a Manuel Monsalve en su condición de imputado, el Ejecutivo, desde que él renunció y abandonó La Moneda, no ha tenido ningún contacto con él”.

Sin embargo, recalcó que, ante la denuncia de violación y los eventuales delitos de obstrucción a la investigación e infracción a la Ley de Inteligencia, las autoridades de gobierno están disponibles a dar testimonio ante la Fiscalía. “El Ejecutivo, por instrucciones del Presidente, no solo está preparado, sino que está plenamente dispuesto a declarar en esa investigación, el Presidente ha pedido total transparencia y además ha solicitado que cualquier funcionario del gobierno que sea útil como testigo respecto a estos antecedentes esté disponible al Ministerio Público, partiendo por él”, señaló.

Consultado respecto de atribuciones y gastos reservados que pudo haber usado Monsalve con fines personales, el exministro de Justicia respondió: “El gobierno no tiene antecedentes sobre ese punto, sin embargo, dado que el subsecretario del Interior tiene asignados gastos reservados, es un asunto que nosotros estamos en revisión y que se informará a quienes corresponda oportunamente porque recuerde que esos gastos también están sujetos a un mecanismo de control muy específico que tampoco es público”.