Pack dieciochero de acusaciones: crece efervescencia entre diputados por eventual libelo constitucional contra supremos

Después de Fiestas Patrias, período en el que habrá un receso legislativo, es el momento que barajan algunas bancadas de diputados para tomar una decisión severa respecto de si lanzan una acusación constitucional en contra de ministros de la Corte Suprema, que han sido mencionados en la red de influencias del abogado penalista Luis Hermosilla.

Desde el oficialismo, los magistrados Jean Pierre Matus y Ángela Vivanco son los que están especialmente en mira. Desde la UDI, en tanto, plantean que si se inicia una ofensiva en la Cámara también se debiera incorporar al ministro Sergio Muñoz, que si bien no ha salido salpicado por las filtraciones de audios y chats de Hermosilla, está bajo una indagación de la Comisión de Ética de la Suprema por haber filtrado a su hija un fallo que incidía en la compra de departamentos.

Además, está el caso del juez Antonio Ulloa, quien ha reconocido haber tenido conversaciones con Hermosilla en medio de su proceso de nombramiento para ser ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Todo ello podría generar un paquete de libelos acusatorios contra “magistrados de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de sus deberes”, que la Carta Fundamental concede como facultad exclusiva a los diputados de la República.

Bastan solo diez firmas de legisladores para desatar la tormenta.

Sin embargo, hasta ahora, uno de los factores que frena una eventual presentación son las dudas de si habrá votos suficientes en la sala para aprobar una suerte de pack acusatorio (algo usual en presentaciones contra altos magistrados). Nadie quiere arriesgarse a una derrota humillante.

Otra consideración es que el caso Hermosilla y las indagaciones de la Comisión de Ética de la Suprema aún no arrojan antecedentes irrefutables, a juicio de algunos diputados, para configurar el notable abandono de deberes, a pesar de que algunos parlamentarios públicamente han señalado que las situaciones conocidas son graves.

El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), y el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien es querellante el caso Hermosilla junto a su par socialista Daniella Cicardini, son los que han liderado los contactos, que paulatinamente comienzan a sumar apoyo en la Cámara.

El tema ya se ha conversado internamente en los grupos parlamentarios del PS, la DC, el PPD-Independientes y el Frente Amplio.

En el PS, por ejemplo, además de Manouchehri y Cicardini, también están sus pares Jaime Naranjo y Daniel Melo (jefe de la bancada PS), también apoyan la idea de estudiar un libelo, aunque los otros legisladores socialistas se declaran cautelosos.

En la DC, Aedo también ha persuadido a sus camaradas. Incluso el jefe del comité falangista, Héctor Barría, señaló “hay harta agua en la piscina, porque no puede ser que el Poder Judicial esté permeado por este tipo de situaciones”.

“Es una posibilidad que estamos evaluando. Es un tema grave que estamos viendo. El ministro Jean Pierre Matus está en una situación desfavorable al saber que por lo menos mintió sobre los chat. Hay que ver si se consolidan más antecedentes”, admitió la jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fries.

“Una opción real”, añadió otra diputada frenteamplista, Emilia Schneider.

En la bancada PPD-Independiente, el mismo jefe de este grupo, Jaime Araya (indep.) y la diputada Camila Musante (indep.) son algunos de los están abiertos a considerar una acusación, pero igualmente con ciertos resguardos.

“A mí me parece que hay antecedentes que son complicados. Hay que estudiarlo, estamos tratando de precisar cuáles serían los hechos que podrían fundar la acusación constitucional. En esto hay que ser muy responsable. Hay varios que estaban con el pie del acelerador, pero esto ya va a ser después de las fiestas patrias”, dijo Araya.