Plan de emergencia: gobierno sube marco fiscal a US$ 12 mil millones, pero no logra aún sellar acuerdo con la oposición

Desde la mañana de ayer en La Moneda transmitían que la última propuesta planteada por 16 expertos -que asesoraban al Ministerio de Hacienda- era bien vista por el Presidente Sebastián Piñera y los ministros Gonzalo Blumel (Interior) e Ignacio Briones (Hacienda).

El grupo de economistas propuso disponer de un Fondo Covid por US$ 12 mil millones, frente a los US$ 10 mil millones planteados en un principio por el Ejecutivo. En Palacio decían que la idea era razonable, y valoraban la transversalidad del grupo de técnicos, lo que favorecía el ambiente para llegar a un acuerdo con la centroizquierda.

Así, bajo esa premisa, Briones participó ayer de una nueva reunión, que partió cerca de las 16.00, y que duró más de cinco horas, con parlamentarios de la oposición y del oficialismo de las comisiones de Hacienda del Congreso. Ahí, el jefe de la billetera pública se allanó al monto propuesto por los economistas, el que contempla un programa de gasto fiscal en un plazo a 24 meses, es decir, cuatro meses más de lo establecido inicialmente por el gobierno.

Y si bien en un comienzo en la oposición valoraron la apertura del Ejecutivo respecto de ese monto, la negociación se volvió a tensionar cuando los representantes de la centroizquierda plantearon sus dudas en torno a si finalmente estos sería o no fondos nuevos o se mantendría la idea de conseguirlos mediante la vía de reasignaciones y subejecuciones presupuestarias. Asimismo, en el sector calificaron como una “trampa” que el Ejecutivo ampliara el plazo de gasto del marco.

“El gobierno se abrió a los 12 mil millones pero luego vemos rápidamente que no están claros los conceptos”, sostuvo el senador Carlos Montes (PS) tras el encuentro.

En los días previos la oposición había calificado la propuesta inicial de dineros de La Moneda como “insuficiente” y “decepcionante”, además de criticar una supuesta priorización de la reactivación económica por sobre el pilar social del acuerdo.

Desde el sector han insistido en que la mayor parte de los recursos se debe enfocar en la emergencia “inmediata” como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y no, como propuso el gobierno inicialmente, en los años que vienen. En ese sentido, incluso, plantearon que se podrían acordar durante esta semana las medidas sociales, para luego darse un mayor plazo en el caso de puntos más controvertidos en materia de reactivación, algo que es resistido por el gobierno.

El encuentro se fue tensionando aún más, incluso, llegando a poner en jaque el acuerdo debido a la postura adoptada por Briones respecto de una de las materias de mayor relevancia para la oposición: el monto destinado para el IFE.

El gobierno, de acuerdo a fuentes conocedoras de la negociación, habría señalado que este año el gasto público -tras descontar subejecución y reasignaciones- llegaría a unos US$ 68 mil millones, distante de los US$ 72 mil millones que señalaba el último Informe de Finanzas Públicas. Ese remanente fue objeto de debate junto con la posibilidad de sumar o no los US$ 800 millones que se gastarán en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Y sobre este último punto, casi transversalmente, criticaron la baja cobertura que se ha materializado con esta medida de apoyo a las familias vulnerables. Según presentes, el titular de Hacienda no accedió al monto propuesto por los economistas -entre 80 mil y 90 mil pesos por persona, en una familia de cuatro- sino que se mantuvo en su propuesta inicial de 75 mil.

Entre los argumentos de la oposición estaba el que en junio solo 1,4 millones de personas recibieron este aporte, versus los 1,9 millones que había proyectado el informe financiero del proyecto. Y, de hecho, el sector insistió en su propuesta de duplicar el número de beneficiarios.

“La cobertura no es consistente, se habla de 2 millones de beneficiarios y nosotros planteamos el doble”, sostuvo el senador Montes, quien aseguró además que su sector no se va a mover de un piso que esté por sobre la línea de la pobreza, mientras que su par de RN José García Ruminot indicó que “lo más importante es que definamos la cobertura y espero que podamos consensuar un monto”.

Con todo, las negociaciones tendrán hoy su punto crucial. Se espera que durante la jornada ambas partes aborden las medidas de reactivación económica. Este punto es visto como el más controvertido por parte de la centroizquierda, desde donde han advertido que debe haber un mayor gasto proyectado para este año -el gobierno propuso inicialmente 3 mil millones de dólares- y, asimismo, que no están dispuestos a acoger iniciativas como la devolución de impuestos a empresas con pérdidas o la rebaja “indiscriminada” de impuestos a las grandes empresas.

Ad portas que se acabe hoy el plazo de dos semanas acordado para alcanzar un acuerdo, el gobierno ha intensificado las tratativas en medio de las dudas de la oposición. Esto, con miras a evitar que se caiga el acuerdo. Así, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ha reforzado las conversaciones con los presidentes de los partidos de la centroizquierda.

En esos diálogos, según quienes los conocieron, el jefe de gabinete ha transmitido que hay al menos dos razones “de Estado” que justifican llegar prontamente al acuerdo y no dilatarlo: la delicada situación de las familias y la recesión económica.

En La Moneda, además, dicen que si bien es difícil cerrar el acuerdo este viernes, ahí están concentrados sus esfuerzos debido a que la apuesta es comenzar a ingresar al Congreso los proyectos de ley que emanen del pacto a partir del lunes.

“Todos tenemos que ceder”, es una de las frases que ha repetido el jefe de gabinete en sus conversaciones con la oposición. Las negociaciones se retomarán hoy, a partir de las 10 horas.